Abogados llaman a endurecer penas contra quienes falsean declaraciones, para acabar con los abusos que se cometen
Teófilo Alvarado | 22 agosto, 2024
Rodrigo (nombre ficticio del entrevistado para resguardar su identidad) ha vivido en carne propia las mentiras de las que se aprovechó su pareja para beneficiarse de los mecanismo de la perspectiva de género para arrebatarle a su hija.
En entrevista, explicó que su caso está relacionado con la guarda y custodia de su hija, cuyo doloroso proceso empezó hace tres años, cuando decidieron que ya no era conveniente que estuviera presente en su vida.
“Prácticamente me la quitaron”, dijo.
Afirmó que los años previos, aunque estuvo separado de su pareja, pudo convivir con la niña de forma regular cada dos semanas. La pequeña se quedaba con él los fines de semana, aunque en otras ocasiones también se la “prestaban” o podía comunicarse con la menor sin que hubiera problema.
Señaló que todo iba relativamente bien, ya que incluso le depositaba a su expareja una cantidad de dinero, sin que hubiera un divorcio como tal, porque nunca estuvieron casados.
Sin embargo, las cosas empezaron a cambiar cuando él se casó con una mujer con la que tuvo que emigrar del país.
Dijo que aún con esa nueva dinámica siguió conviviendo con su hija por un tiempo, hasta que la mamá de la niña empezó a exigir más dinero.
“Claro que yo acepté y de hecho ya le estaba dando más”, anotó.
Agregó que lo hacía sin mediar papel alguno, porque era de buena fe, pero la exigencia creció, al grado de que su expareja empezó a pedir un porcentaje de lo que ganaba su nueva pareja.
¡Sorpresa en los tribunales!
Indicó que no estuvo de acuerdo en darle el porcentaje de su esposa, pero sí un poco más de lo que él ganaba, aunque con la condición de que le permitiera convivir más con su hija.
Al menos esa fue la propuesta, pero no hubo arreglo. Fue entonces cuando su expareja lo demandó, pero la sorpresa fue que puso acusaciones infundadas que jamás fueron un tema entre ellos.
Lo acusó de ser un enfermo mental, desadaptado, exhibicionista, que tenía familiares también enfermos de la mente.
Sostuvo que de forma accidental un día la hija lo vio sin ropa años atrás y con ese argumento su exmujer lo acusó de abuso sexual hasta ese momento, cuando antes nunca hubo la sospecha de que fue algo indebido.
Talleres, terapias… ausencias
Para entonces, el Juzgado familiar se puso en automático del lado de la mujer y mandaron a Rodrigo a talleres para hombres violentos, con duración de “muchos meses”, aparte de obligarlo a asistir a terapias con psicólogos.
Señaló que todas las personas que atienden el caso en la FEM y el Juzgado son mujeres y la agresividad es parte de la tónica que muestran a cada instante, aparte de que el expediente lo tienen en secrecía y su abogado no tiene acceso al mismo.
En todo momento, la amenaza es de que si ponía un pie en la Fiscalía de la Mujer, iba a ser arrestado, porque otros hombres con casos similares han sido encarcelados hasta por más de un año en lo que sus casos se resuelven, dijo.
Externó que su caso permanece estancado, a pesar de que en sus encuentros supervisados con su hija siempre ha tenido notas positivas.
Actualmente ve a su hija una hora a la semana, bajo supervisión oficial, sin embargo, no ha suspendido la manutención a su expareja.
Rodrigo ha cumplido con todas las ordenanzas y aún así ya pasaron tres años sin respuesta firme.
El afectado insistió en que los jueces tienen instrucciones de alargar los casos y “cargarse” hacia el lado de las mujeres, aunque aclara que no solamente es su percepción, sino que personal cercano al Juzgado así se lo reveló.
“Siento que lo que quieren es cansarme, pero yo no me voy a cansar, es mi hija y mi hija me quiere mucho, voy a seguir luchando”, recalcó.
Estrategias jurídicas traicionan la verdad
Actualmente, en Ciudad Juárez, es una realidad que las denuncias por abuso sexual o violación, aunque no sean verdaderas, son usadas meramente como una estrategia jurídica para ganar juicios de divorcio, confirmó Olivia Aguirre Bonilla, abogada especializada en lo familiar.
“Es una especie de presión para negociar. ¿Para negociar qué? Pues bienes, negociar propiedades, negociar incluso pensiones alimenticias, para negociar guardas y custodias, convivencias”, enfatizó.
Aseguró que es común que “por estrategia” algunos abogados les dicen a sus clientes que vayan y denuncien un delito, con la finalidad de que esa prueba se integre en el expediente familiar y “pueda causar un perjuicio también a su contraparte”.
Esas falsas acusaciones las usan para negociar incluso beneficios económicos. Lo preocupante es que les dan resultado porque traen aparejada la prisión preventiva y ya con eso amedrentan al otro.
La abogada explicó que existe un fenómeno denominado alienación parental, que se traduce en una especie de manipulación, donde los padres convencen a los hijos de poner ese tipo de denuncias, apoyados en esa influencia natural que tienen sobre ellos.
Con eso las denunciantes logran que el Juez les restrinja la convivencia a los padres y que se les dé la guarda y custodia temporal en lo que sigue el juicio.
Aguirre indicó que eso significa de forma inmediata una afectación tanto al menor como al padre, porque estos dejan de convivir, derivado de esas estrategias jurídicas de una de las partes.
Todo eso da pie a que muchas personas terminen aceptando, para no seguir en ese proceso penal que pueda traer consigo una prisión y todo lo que implican los gastos.
Afirmó que ya de por sí un proceso penal o familiar, trae aparejados gastos extraordinarios, pero es peor si se llevan dos procesos al mismo tiempo, con dobles honorarios para dos abogados.
“Aparte de que los procesos judiciales duran muchísimo, más de tres años si nos aventamos en un familiar”, señaló.
Extorsiones que al final del día perjudican
Indicó que por eso mismo, la contraparte misma le llega a recomendar al cliente que negocie, para que le otorguen el perdón, a pesar de ser una falsa acusación y aunque no haya una conclusión de esa denuncia, el Juzgado la “tomará en su momento en consideración”.
Hacer uso del derecho penal para presionar, “es bien común en los asuntos familiares”, insistió.
“Incorporar esa denuncia en un asunto familiar, para inclinar la balanza en cierto sentido, no es la única prueba que se valora en lo familiar, pero sí es muy utilizada”, apuntó.
La abogada refirió que le ha tocado ver incluso que se suspenden convivencias en lo privado y se pasan al Centro de Convivencia Familiar, porque el juez toma en consideración esa denuncia como indicio de que hay un posible delito y algo más de fondo.
Por otra parte, reconoció que en algunos casos sí es real la violencia sexual, pero son menos casos y más bien son presiones dentro de un juicio, casi siempre vinculados a lograr un objetivo económico, que en términos comunes sería “extorsionar” o “chantajear”.
Comentó que aunque no haya una sentencia condenatoria, de inmediato se nota la restricción de derechos por solo existir una denuncia que bien pueden ser falsos los hechos, pero existe en la Fiscalía.
Precisó que aunque no esté judicializado el asunto, “ahí está y eso basta para que el juzgador beneficie a la contraparte porque ahí está el dicho… y al final del día sí perjudica”.
Jueces y MP’s que temen ir contra la perspectiva de género
El recurso de las denuncias falsas se ha convertido en un problema creciente en esta frontera.
El abogado Luis Alberto Liñián Liñián, aseguró que entre el 50 y el 80 por ciento de los casos de divorcio se filtran acusaciones falsas en contra de los señalados y que de esa cantidad cerca del 20 por ciento sí serían reales.
Ante ese panorama pugnó por una reforma a las penas por falsedad de declaración, porque las sanciones incluso son muy blandas, ya que se puede enfrentar una medida cautelar de solo acudir a firmar ante el Juzgado.
Lo de menos sería quedarse callado y seguir litigando en lo que sea posible, sin embargo, se trata de preocuparse por la sociedad y de que no se condene tampoco a gente inocente por ese abuso que algunos cometen de los protocolos de protección.
Liñián Liñián, abogado defensor, señaló que lo ideal sería que no se abusara del sistema, porque hay mujeres que realmente son víctimas y por el abuso de otros, se está desvirtuando el mecanismo.
“Yo jamás podré estar en desacuerdo en cuanto a la perspectiva de género, es de los aciertos más grandes que hemos tenido en esta región de la República”, subrayó.
No obstante, consideró que pese a los constantes abusos, algunos servidores públicos, llámense ministerios públicos o jueces, temen ir contra lo establecido, a sabiendas de que es contrario a la justicia.
Liñián dijo que los asesores legales también deben hacer conciencia de que no debe abusarse de los mecanismos creados para proteger a las víctimas, y no llegar a caer en actos poco éticos y sin escrúpulos.
Advirtió que al sugerirle mentir a la supuesta víctima, se cae en la figura denominada “condominio funcional del hecho”, o sea, la significación del viejo dicho: “tanto peca el que mata la vaca como el que estira la pata”, en donde si ayudan a cometer un delito, se vuelven parte de él.