La diputada del Parlamento Europeo, Diana Riba i Giner, expuso en un evento sobre el desplazamiento forzado una práctica a la que llamó “negocio del despojo”, que ha detectado se practica en Guadalupe y Calvo, así como en otras entidades del país.
En colaboración con la Red Todos los Derechos para Todos (TDT) han encabezado una serie de análisis sobre este tema que se ha incrementado durante los últimos años cuestionando quién está detrás de esto, pues explicó que, al abandonar sus tierras y sus propiedades, queda la duda de quién toma esos patrimonios y qué hace con ellos.
“Hemos visto también que hay una práctica que podríamos llamar negocio del despojo en Chihuahua. Las familias se van, se van de sus territorios, pero las tierras y sus recursos se quedan y creo que nos tenemos que hacer está pregunta ante esta realidad del negocio de despojo. ¿Quién se queda con ellos? ¿Quién hace el negocio? ¿Quién se queda con estas tierras?”, cuestionó.
Enfatizó que esto favorece la economía criminal, incluidas la tala ilegal y la extracción de minerales, mientras que las familias desplazadas tienen que empezar varias veces desde cero sin recurso ni apoyo alguno.
“Por eso le llamamos el negocio del despojo, porque expulsan a las personas para controlar eso que les pertenece, a su territorio, a sus recursos naturales. Y hay que investigar quiénes amenazan y quiénes se benefician, porque donde hemos visto que antiguamente había escuelas, niños, campos y una vida comunitaria, la violencia ha dejado un desierto humano. Hay que impedir que este miedo siga matando estos territorios”, puntualizó la diputada europea.
Ante esta situación, compartió que llevaron ante las autoridades un plan de trabajo que abarca cuatro puntos de acción. La primera propuesta, que debe estar por encima de todo, dijo, es la coordinación efectiva entre las autoridades municipales, estatales y la Federación.
La coordinación interinstitucional que propone es delegar responsables que permitan dar seguimiento al proyecto conjunto.
El segundo punto plantea hacer un censo que dé mayor claridad sobre la realidad del desplazamiento forzado. Este censo, del cual se prevé se arrojen cifras sobre el número de personas desplazadas y la situación que viven, tiene que ser transparente al tiempo en el que debe hacerse con una metodología compartida para que las víctimas se puedan localizar de manera adecuada.
La tercera propuesta es tener un presupuesto específico; “si no hay una partida diferenciada para las personas desplazadas, va a ser muy difícil atender a todas las necesidades, porque a veces es diferente de las personas vulnerables que ya se encuentran en las ciudades”, aclaró.
Por último, el cuarto punto que consideró urgente de crear fue el contar con nuevas instituciones que atienden a quienes atraviesan por esta situación.
“Ningún negocio puede valer más que el derecho de una comunidad a vivir en paz”, enfatizó concluyendo en que se debe contar a su vez con un compromiso real internacional para poder recibir empresas extranjeras que respeten los derechos humanos.
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