El Consejo Estatal del PAN en Chihuahua extendió un cheque en blanco a su estructura operativa para que explore alianzas con otras fuerzas políticas y organizaciones ciudadanas de cara a las elecciones de 2027.

La dirigencia estatal panista podrá recorrer el espectro político del estado, buscar a quien quiera acercarse y sumarlo a la plataforma de candidaturas que registrará ante el órgano electoral.

La votación del sábado 7 de noviembre dejó abierta la posibilidad de ir con cualquiera que esté dispuesto a competir para impedir que Morena gane la gubernatura, obtenga la mayoría en el Congreso y avance en los municipios.

Lo curioso es que le pusieron remitente a la invitación, pero se les olvidó escribir el destinatario.

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El acuerdo que asumió el órgano panista fue el de “explorar acuerdos con otras organizaciones políticas y expresiones ciudadanas”. Así de abierto. Hasta donde sabemos, la única fuerza política que había buscado públicamente una alianza electoral con el PAN era el PRI.

Dicho de otra manera: la luz verde está encendida para cualquiera. Y eso deja claro que el partido tricolor no es la única alternativa que los panistas contemplan para echarle montón a la 4T.

Ojo con eso, porque el PRI ya había enviado su carta a Santa Claus con una lista de peticiones para aceptar la alianza: diez diputaciones locales, cinco federales y 18 ayuntamientos. Solo faltó agregar un litro de nieve de limón para cada integrante de su dirigencia.

Eso significa que el partido que hoy gobierna la entidad tendría que administrar con cuidado el reparto de candidaturas. No podría entregar al PRI más de lo que ya le concedió en elecciones anteriores. Así que, si incorpora a un aliado adicional, alguien tendrá que ceder espacios. Y ese alguien, por lo pronto, parece ser el tricolor.

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Lo que de plano desconcertó a la concurrencia reunida en uno de los salones del conocido hotel de la capital del estado, “sede de los grandes eventos” de la política local, fue que se hablara de un “método de encuesta” para elegir al ¡candidato a gobernador!

¿Qué no le habían tomado ya la protesta a Marco Bonilla como abanderado del blanquiazul para ese cargo? ¿O se trata simplemente de dejar abierta la formalidad para que las “otras organizaciones políticas” hagan su parte y terminen sumándose a la candidatura de Bonilla al Gobierno del Estado?

Quienes han estado cerca de las rondas de negociación le habían contado a Mirone que el PRI se estaba comportando como el socio comodino que no quiere ceder porque, sencillamente, no tiene mucho que perder.

Sus ocho puntitos de porcentaje electoral ya los tiene asegurados, y eso le daría margen para hacerse de las tres o cuatro diputaciones locales que ha ganado en las últimas elecciones. El PRI se había instalado cómodamente en una poltrona política, pero eso podría cambiar de aquí en adelante.

Porque el cheque en blanco que extendió el PAN no necesariamente está destinado al PRI. Y si los panistas encuentran otros socios, el tricolor tendrá que levantarse de la poltrona y entender que, en una negociación de candidaturas, ya no basta con llegar primero ni con poner la lista de exigencias sobre la mesa.

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Pues con la novedad de que en Seguridad Pública quisieron ponerse navideños y terminaron armando tremendo Belén. Pero de los que llegan hasta la oficina del alcalde.

Resulta que César Omar Muñoz Morales, jefe de la Policía Municipal, quiso darle una manita de espíritu navideño a los fríos pasillos de sus oficinas en la Estación Babícora. Para eso encargó los servicios de una decoradora y dejó los preparativos en manos de Cristina, su secretaria.

Cristi, como la conocen en la dependencia, quedó al frente de la encomienda. Había que poner bonito para el jefe.

La decoradora entró a trabajar con su gente, instalaron el tradicional arbolito y fueron acomodando los adornos. Todo parecía caminar entre esferas y buenos deseos, hasta que a la encargada de supervisar aquello se le atravesó el Grinch.

Y empezó la función.

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Mirone tuvo acceso a los mensajes de WhatsApp en los que Cristi le puso sus respectivos taches al trabajo: “Se ve como un árbol viejo, arrumbado. Sé que vas a quitar lo del Grinch, pero los otros están iguales ahí, llenos de tierra todo”.

La decoradora defendió lo suyo, ofreció cambios y buscó cómo darle gusto. Que movemos esto, que cambiamos aquello… pero, según nos cuentan, nada le embonaba a la secretaria.

Hasta que la mujer hizo cuentas, midió el tamaño del disgusto y decidió que mejor ahí la dejaban: devolvería el anticipo, recogería sus adornos y se iría con sus trabajadores.

Ya había gastado en materiales y sueldos, pero hay trabajos que salen más caros cuando uno se queda.

Nomás que Cristi, según el relato que llegó a Mirone, no tomó muy bien la despedida y pidió a los policías de turno que no dejaran mover ni sacar las cosas.

¡Ándele! De revisar el arbolito a ponerle vigilancia a las esferas.

Nos cuentan que hasta los propios agentes cuestionaron la instrucción. Y cómo no: una cosa es cuidar la estación y otra acabar metidos en el jaloneo porque a la secretaria no le gustó la decoración.

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La decoradora reclamó lo suyo y finalmente pudo recuperar sus pertenencias. Para entonces, el chisme ya había subido por la cadena de mando y alcanzado la oficina del alcalde.

El propio César Omar tuvo que salir a explicar que él había pedido el servicio y que lo pagaría de su bolsillo, según nos cuentan.

Bueno, pues aclarado quién iba a pagar la Navidad, ahora falta saber quién metió a los policías al pleito y con qué autoridad.

Porque el secretario puede encargar su arbolito, escoger las esferas y pagar hasta el último foquito. Pero de ahí a que una inconformidad con la proveedora termine en instrucciones a los uniformados, ya hay bastante trecho.

Total, querían sacar al Grinch de la decoración y, por lo que le cuentan a Mirone, les salió otro en la oficina.

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Para como van las cosas, es muy probable, casi un hecho, que el lunes amanezcamos sin juzgados federales.

Y no porque los vayan a desmontar y llevárselos a otro lado, sino porque los trabajadores sindicalizados volverán a parar labores en protesta por los exámenes de evaluación que pretende aplicarles el Órgano de Administración Judicial (OAJ) del Poder Judicial de la Federación, el antiguo Consejo de la Judicatura.

¿Cuántos son? Poquitos: cerca de 20 mil trabajadores judiciales del país que simplemente se cruzarán de brazos, nomás para que vean lo que le pasa a este maltrecho sistema de impartición de justicia cuando sus operadores no se presentan a hacer la “talacha”.

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Los mitoteros de siempre le contaron a Mirone que no hubo respuesta favorable del OAJ después de la movilización del viernes pasado, cuando cerraron tribunales, oficinas y todo lo que tuviera que ver con el Poder Judicial Federal.

El examen va, les dijeron, y háganle como quieran.

¿Cómo va? Así: se lo van a aplicar a todos, absolutamente todos los trabajadores —excepto a jueces y magistrados, que, a juicio de los inconformes, son los más urgidos de una evaluación—, para ver si tienen “aptitudes” para el cargo que ocupan.

¿Y si lo reprueban? Como a cualquier chavo de secundaria, prepa o la “uni”: les ponen otro examen, algo así como un “extraordinario”, y, si tampoco lo pasan, les enseñan la puerta de salida. Nada más falta que les digan que va a haber cajas de cartón gratis para que se lleven sus cosas.

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Lo que ha irritado mucho a los “obreros” del sistema judicial es que les pongan duras exigencias mientras que a los jueces “del Bienestar” les condonan todo tipo de incapacidades, ignorancias y falta de pericia para manejar los asuntos del juzgado.

A ellos, los trabajadores, el rigor del examen. A los jueces y magistrados, “cursos de actualización” porque, como a ellos los eligió el pueblo, no los pueden correr, ni siquiera ponerles una tacha en el cuaderno.

Y si a eso le agregamos que no les aceptaron su demanda de incremento salarial, que trabajan en condiciones de acoso laboral y que no se dan abasto con la cantidad de asuntos rezagados, el paro sale barato.

Así que ya lo sabe: si tenía algo que hacer en los tribunales federales, espérese al martes, a ver si para entonces ya hubo algún arreglo.

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Ahora resulta que sí hay una mesa y unas sillas donde sentarse a hablar del tema de las familias desplazadas por la violencia que afecta a la región serrana del estado.

Ahora sí hay funcionarios de los tres órdenes de Gobierno para escuchar a los afectados por un problema que no generaron, y hasta se dicen listos para buscar soluciones y resolver sus demandas.

Qué raro, porque hace apenas una semana, familias que venían de Moris huyendo de la violencia vieron por primera vez en mucho tiempo a un grupo de policías, solo que no iban a protegerlas, sino a sacarlas a la fuerza de las casas abandonadas donde se habían metido para no pasar la noche a la intemperie.

¿En dónde estuvo el “cambiazo”? ¿De cuándo acá tan diligentes con esas familias? Tal vez sea porque ahora había ojos extranjeros puestos en el fenómeno, listos para hacer un informe que circulará en escenarios internacionales.

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El miércoles pasado se celebró una reunión de trabajo de la “Plataforma por la Paz y los Derechos Humanos México–Unión Europea”. El lugar del encuentro fue Baborigame, uno de los epicentros de la actividad de grupos armados, que forma parte del municipio con mayores índices de desplazados por la violencia: Guadalupe y Calvo.

Ahí estuvieron representantes de organismos internacionales: Diana Riba i Giner, del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea; Claudia Patricia Flórez Hernández, representante del ámbito jurídico y de derechos humanos de Colombia, y una representación de la Escuela de Cultura de Paz de la Universidad Autónoma de Barcelona.

El Gobierno del Estado dio cuenta de la reunión en sendos boletines de prensa enviados tanto por la Fiscalía General del Estado como por la propia Coordinación de Comunicación Social.

Muy nutridos en datos y cifras, pero no dicen ni una coma de la demanda más urgente que hace ahora mismo la mayoría de las personas en condición de desplazamiento: tener un lugar dónde vivir.

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Como les decíamos, en días pasados hubo un dime y direte entre desplazados de Moris y autoridades municipales de Cuauhtémoc, donde se echaron en cara la “politización” del problema y hasta la intervención del crimen organizado.

La Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura (Coesvi), órgano del Gobierno del Estado que se encarga de las políticas de asentamientos humanos, se sostuvo en lo dicho: no tenemos casas para tantos y las que había ya las vendieron a una inmobiliaria.

De ese círculo no habían salido ni las organizaciones que asesoran a los desplazados ni las autoridades estatales y municipales. “Piden pan y… el PAN no les da”.

Lo que pasó el miércoles manda el mensaje de que habrá un cambio de disposición para manejar el problema y, en una de esas, hasta le entran a resolver el problema de la vivienda.

Qué bueno que así sea; qué malo que hayamos necesitado la presencia de organismos internacionales para que Gobiernos y ONG se “pusieran las pilas”.