El próximo lunes se cumplirá la primera semana de reposo de las seis que le habría ordenado el médico a Marco Bonilla, pero el aspirante a gobernador ya se levantó de la cama y comenzó a realizar actividades a puerta cerrada, con grupos reducidos y reuniones de duración limitada.

Se trata, dicen los chismosos de siempre, de no dejar de moverse a pesar de la adversidad que enfrenta por su enfermedad y de la lenta recuperación que tendrá, siempre y cuando siga al pie de la letra las instrucciones médicas. Por lo pronto, la de “reposo absoluto” ya no la está obedeciendo.

Según dio a conocer él mismo, a finales de octubre sufrió una parálisis facial parcial, derivada de una infección viral en el oído que afectó el nervio facial.

Hasta ahora no hay indicios de que el padecimiento haya provocado otras afectaciones, justo cuando comenzaba su trabajo de campo para construir su candidatura.

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Y mientras su partido no termina de definir si irá o no en coalición con el PRI, y menos aún el método de selección de candidatos que aplicará en Chihuahua y Juárez para las presidencias municipales, Bonilla se levantó del reposo para reunirse con políticos de viejo —algunos, muy viejo— cuño, que ocuparon cargos de primer orden en otras épocas, ya bastante lejanas.

Ahí estaban cinco exalcaldes: dos del PRI y tres del PAN. Dos suplentes y tres titulares, todos con paso por la Presidencia Municipal a principios de este siglo.

José Reyes Baeza, quien dejó la alcaldía en 2001; Juan Blanco, quien la entregó en 2007 y después perdió la elección de diputado federal; Carlos Borruel, que va de regreso después de darse una vuelta por tierras morenistas; Alejandro Cano, quien perdió la elección de alcalde, precisamente, frente a Borruel, y Álvaro Madero, quien se quedó a cuidar la Presidencia Municipal cuando el propio Borruel se fue de candidato a gobernador.

¡La sociedad de las carreras políticas muertas!

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Mientras eso ocurre, el PAN se prepara para celebrar una sesión extraordinaria de su Consejo Político, en la que decidirá hasta dónde puede llegar en eso de establecer alianzas, básicamente con el PRI.

Eso y nada más. La reunión está convocada para las 10:00 horas de este sábado 7 de noviembre, en el conocido hotel de la ciudad, favorito de los actores políticos para realizar sus actos de campaña.

A casi un mes de que termine el año laboral, con las fiestas navideñas ya encima, apenas van a revisar cómo le hacen para inscribir candidatos “comunes”.

Vistas así las cosas, se entiende por qué el candidato a gobernador, ausente de las últimas actividades públicas de su partido, se apuró a juntar a tirios y troyanos en ese amasijo que todavía no se sabe exactamente qué papel jugará en su campaña.

Lo primero es la salud, bien dice el refrán popular, y desde aquí le deseamos a Bonilla una pronta recuperación. Pero, para como van las cosas, ya no sabe uno si los más enfermos son el Partido Acción Nacional y los aliados que quieran acompañarlo.

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Ahora sí que se le calentó su feudo, el famoso Coespen (Centro Estatal para la Consolidación del Sistema de Justicia Penal), al magistrado Gerardo Acosta Barrera.

En la sesión del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, tres voces más se le fueron encima, aparte del magistrado Rubén Aguilar Gil, quien no ha dejado de hacer señalamientos sobre la concentración de poder del magistrado Acosta y del Órgano de Administración Judicial, e incluso sobre la protección a una supuesta red de corrupción en Gestión Judicial.

Aparte de ser el titular de la Cuarta Sala Penal, Acosta Barrera es el secretario ejecutivo del Coespen, uno de los órganos del Poder Judicial que más se codicia, más se pelea y más influencia tiene, porque concentra la representación y la relación institucional externa, mediante la cual gestiona y procesa múltiples recursos y fondos que hacen posible la capacitación permanente y el mejoramiento de equipo e infraestructura tecnológica, además de encargarse de la coordinación con todos los actores del sistema penal a nivel local y de vincularse a nivel nacional.

Acosta, uno de los padrinos del Grupo Parral, ya tenía ese superpoder como magistrado antes de la reforma judicial de 2025. Después de competir y ganar la elección de ese año, cabildeó para que sus compañeros le dieran el voto interno y lo ratificaran en ese órgano judicial.

Pues ya parece que se andan arrepintiendo de haberlo hecho, y ayer de plano el magistrado Rubén Aguilar le dijo que, si no estaba dispuesto a la transparencia, la rendición de cuentas y la inclusión en la toma de decisiones, mejor que diera chance de nombrar a otro secretario.

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El tema coyuntural fue un viaje de capacitación de dos semanas a Argentina, pagado por la embajada de Estados Unidos para personas juzgadoras de Chihuahua, tanto magistraturas como jueces y juezas de primera instancia en materia penal, cuya lista de favorecidos fue decidida por Acosta Barrera.

De ahí que Aguilar haya hablado, en asuntos generales de la sesión ordinaria, de un “viaje opaco” que, más que curso de capacitación, parecía “reunión de amigos” del secretario del Coespen, validado con la inclusión de tres magistraturas de prestigio, como Nancy Sánchez Corona, Cristina Campos y Perla Ruiz, que no son precisamente “compas” de Barrera.

Pero el secretario del Coespen incluyó en el viaje hasta personal sin funciones jurisdiccionales, como los responsables de la cuestionada Dirección de Gestión Judicial, más una lista de jueces y juezas que nunca se transparentó ni cuyos criterios de conformación quedaron claros.

Cómo andarán las divisiones al interior del Tribunal que ni la vocal del propio Coespen, la magistrada radicada en Juárez Myrelle Oralia Lozoya, tenía conocimiento del mentado curso y de quiénes irían.

Por eso también hizo un fuerte reclamo en el Pleno y hasta ironizó, pidiendo disculpas a las personas juzgadoras excluidas porque el magistrado Acosta metió a la lista a personal administrativo.

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Sin embargo, el reclamo más duro y consistente llegó desde Juárez, en voz de la magistrada Yasel Villanueva, quien tampoco sabía nada del mentado curso, pero consideró eso una nimiedad ante el problema de fondo: el entorpecimiento desde el Coespen a las tareas y a la consolidación de los tribunales especializados, como el de violencia de género, donde se estaría echando por la borda un trabajo de más de diez años.

Ni diálogo, ni apertura, ni sensibilidad, ni empatía para coordinarse, resumió Yasel, advirtiendo que no debe permitirse circunstancia alguna que ataque o ponga en riesgo lo que costó tanto trabajo construir en la configuración y funcionamiento de los tribunales especializados.

Le llovió a Acosta Barrera y a su Coespen, ya que tampoco desaprovechó el momento la magistrada en materia civil Angélica Mendoza, quien también es primera dama en Juárez, para pedir que se transparenten todos los procesos en el Poder Judicial y hasta para reclamar los excesos del Órgano de Administración Judicial, particularmente el cambio de adscripción “sin justificación” que regresó a Chihuahua a Adriana Salcido y castigó con Juárez a Diana Margarita Félix Sierra, la esposa del polémico abogado, amigo y defensor de César Jáuregui Moreno, el exmagistrado Luis Villegas Montes.

La magistrada presidenta, Marcela Herrera Sandoval, libró bastante bien la tensa situación y, al final, se acordó una reunión del secretario y la vocal del Coespen con todas las magistraturas que traen comisiones en tribunales especializados, para dialogar y ponerse de acuerdo en todo lo que venga.

Se supone que también aclarará Acosta todo lo relativo al viaje.

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Ya que estamos entrados con temas del Poder Judicial, hay reportes de mucha molestia porque sigue el ninguneo al Distrito Judicial Bravos, correspondiente a Juárez, hasta en las cosas más simples.

Resulta que nunca hay dinero para nada, ni para organizar una ceremonia de graduación formal de quienes han sacado doctorados y maestrías en el Instituto de Formación y Actualización Judicial, el muy famoso Inforaj, pero en Chihuahua sí les hacen toda la faramalla, la fiesta y el protocolo.

Justo el jueves hubo graduación de la tercera generación del Doctorado en Derecho Judicial y se armó la debida ceremonia con su protocolo formal. Muy nice los graduandos con toga y birrete de tipo español, con su muceta o capa corta y hasta con su medalla doctoral. Todo en base negra y vivos rojos.

El propio Poder Judicial presumió la ceremonia en sus redes y, en lo individual, las doctoras y los doctores hicieron lo propio con sus publicaciones. Personas juzgadoras y funcionarios participaron en la entrega o recibieron los reconocimientos oficiales por el nuevo grado.

Todos muy felices y contentos, lo que no cayó nada bien entre quienes han hecho lo mismo en Juárez. Acá nomás les piden firmar y recibir el documento —después de bastante tiempo de concluir los estudios—, pero sin ceremonia de graduación ni festejo alguno.

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Nada formal ni institucional. Y cuando preguntan por qué no hubo evento, siempre les dicen que porque no hay recursos. Sin embargo, lo que le comentan a Mirone es que sí hay, pero nada más para Chihuahua. Puro centralismo, favoritismo y trato privilegiado.

En la última camada de doctores y maestros con sede en Juárez, nomás vino el director del Inforaj y, en un pequeño espacio donde no cabía invitado alguno, firmaron y sanseacabó. Ni los nombraron uno por uno. Lo extraño es que el director del Inforaj se graduó en el doctorado con la generación de Juárez, pero él sí apareció el jueves en la ceremonia de Chihuahua.

Nada nuevo bajo el sol, pero sí les cala. El trato inequitativo es evidente en varios aspectos; para empezar, porque en la frontera apenas si se le puede llamar instalaciones al espacio en el que opera el Inforaj, muy distinto a la casona de la capital, debidamente equipada y con todo el personal. En el Inforaj, allá el personal es de 30 y aquí apenas de tres chícharos.

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Y si el trato desigual está en lo simple, no se diga en lo esencial o sustantivo. Ayer se volvieron a acordar en Juárez de cómo es que acá hay menos personas juzgadoras, pero más trabajo.

Que 47 jueces penales en Juárez contra 60 en Chihuahua; que en materia familiar allá hay un juzgado de medidas de protección y aquí no; que allá hay 15 jueces familiares y aquí 11, y que aquí se trabaja con tres secretarios judiciales y allá con cuatro.

Por donde se le vea, el trato es desigual: todo el material del Tribunal se compra en Chihuahua y es una batalladera para mandarlo traer. Absolutamente todo es con proveedores de allá, hasta la última pluma u hoja de papel.

Y mejor le pararon cuando le contaban a Mirone, porque cada vez se enojaban más.

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Poco a poco va saliendo el peine del paso por Chihuahua de la llamada “Oligarquía” de proveedores de materiales electorales, como se conoce a ese grupito de empresas, algunas relacionadas entre sí, que acapararon los grandes contratos de proveeduría tanto del INE como de los llamados Oples estatales durante la última década.

Enterados del caso, de esos a quienes no se les cuece un huevo, le contaron a Mirone que la adjudicación del contrato del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua a Cajas Graf, la empresa de la discordia en el INE, habría seguido una maniobra “clásica” para conseguir que una compañía se quede con el contrato.

Se trata de una presunta concertación entre empresas que participan en una misma licitación con toda la intención de que una de ellas sea eliminada y la otra “amarre” el pastel completo, dejando fuera a cualquier otro postor que se atreva a competir.

Esos comunicativos que tienen la costumbre de contarle de todo a Mirone aseguran que lo que hace la “Oligarquía” es una práctica recurrente en el sector público, tanto federal como estatal y hasta municipal: hacemos como que competimos para amarrar la licitación.

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En el caso del contrato que el Instituto Estatal Electoral (IEE) de Chihuahua otorgó a Cajas Graf por 33.9 millones de pesos, habría ocurrido una de esas maniobras de “concertacesión”.

De otra forma, dicen, no se explican cómo una empresa tan trineada en materia de proveeduría a organismos electorales, como Formas Finas y Materiales, haya incumplido un requisito que, para una compañía de ese tamaño, suena como de primaria: demostrar que tiene capacidad para prestar el servicio que le están solicitando.

Y no solo eso: su oferta para aventarse la “chamba” de fabricar los materiales que se utilizaron en las casillas de la elección de 2021 fue de casi 37.9 millones de pesos, prácticamente cuatro millones más que la propuesta de Cajas Graf.

Si no se pusieron de acuerdo para que una ganara y la otra perdiera, ¡qué desperdicio de indicios!

Otro dato que alimenta los aires conspiranoicos de este entramado: Formas Finas y Materiales ha obtenido contratos muchísimo mayores que el de Chihuahua. Uno por 105 millones de pesos en Chiapas, otro por 314 millones en Nuevo León y uno más por 141 millones en Oaxaca. En total, habría acumulado 824.6 millones de pesos en contratos entre 2014 y 2023.

Y aquí no pudo demostrar que tenía capacidad para hacerse cargo de uno de 33.9 millones. ¿En serio?

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Si los datos anteriores no son suficientes para alimentar las sospechas de que aquí pudo haber gato encerrado, ahí les va otro: ambas empresas tienen en común a José Alfredo Hernández Casillas, el “consen” de la exconsejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, quien aparece vinculado a las dos sociedades como propietario o representante legal.

Los mismos “comunicativos” le comentan a Mirone que en todo el país hay apenas tres empresas con capacidad para abastecer el enorme volumen de materiales que demanda una elección constitucional. De esas, dos estarían vinculadas a Hernández Casillas. ¡Fíjate qué suave!

Ni cómo ayudarles. La famosa “Oligarquía” pasó por Chihuahua, sus empresas obtuvieron contratos por más de 48 millones de pesos y aquí, hasta ahora, no ha pasado nada.