Gilberto Loya llegó con las tijeras de podar bien afiladas a la Fiscalía General del Estado (FGE), porque apenas en unas semanas ya le ha cortado buena parte de las ramas que le dejó el anterior fiscal, César Jáuregui Moreno, y eso, solo si contamos los cambios que iban hasta este viernes 30 de octubre.

En apenas tres semanas desde que la gobernadora Maru Campos Galván le dio el bastón de mando en la FGE, Loya ya lleva diez remociones de funcionarios identificados con el anterior fiscal, y ha colocado en su lugar a personas de su entera confianza, con las que va a trabajar —lo más probable— hasta el final del actual período de gobierno.

En la reconfiguración de la FGE en tiempos de Loya va de todo: desde cambios en Fiscalías hasta remociones de funcionarios sin que se hayan nombrado sucesores. Parecen decir “ya veremos”, porque lo que menos importaba era quién se quedaba, sino que ya se fueran los que estaban ahí.

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La poda inició prácticamente desde el comienzo de la gestión del actual encargado de despacho de la FGE y continuó con la renovación de mandos al frente de diversos organismos de su organigrama, como parte de la reestructuración que instauró el nuevo titular tras la crisis ocasionada por los incidentes ocurridos en El Pinal, durante un operativo antinarcóticos en el que presuntamente participaron cuatro agentes estadounidenses.

Loya Chávez, en persona, anunció los nombramientos de Anabel Amparán Delgado, como coordinadora regional de agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas, y de Joryana Martínez Martínez, como coordinadora de la Unidad Modelo de Atención al Delito de Secuestro.

La incorporación de Anabel Amparán forma parte de la reestructuración de la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas, la cual estuvo a cargo de Guillermo Zuany Portillo, titular del área hasta abril pasado y quien actualmente enfrenta cargos por falsedad ante autoridades, coalición y ejercicio ilegal del servicio público.

A su vez, Joryana Martínez asumirá el cargo al frente de la Unidad Modelo de Atención al Delito de Secuestro, en sustitución de Gabriela Márquez.

Poco antes, el 21 de octubre, había hecho uno de los movimientos más anunciados desde que Jáuregui dejó la FGE, allá por el mes de mayo: el cambio de Heliodoro Araiza. Aunque oficialmente renunció a la Fiscalía Zona Centro, el ahora exfuncionario salió prácticamente por la puerta de atrás, después de haber permanecido en la primera línea de confianza del Palacio durante la primera etapa. En su lugar quedó Daniel Abraham Terrazas Parada.

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Desde el día de su toma de posesión, anunció el nombramiento de Wendy Chávez Villanueva como vicefiscal, en sustitución de Francisco Sáenz Soto. Ojo con el cambio: subió “pa’ arriba” a la fiscal especial que integró las carpetas contra César Jáuregui y contra Guillermo Zuany Portillo, el ahora “desaparecido” exfiscal de Operaciones Estratégicas.

Había tanta prisa por ponerla ahí que ni siquiera se han dado el tiempo de nombrar a una sucesora, así de planta, en la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género, donde despachaba Wendy hasta antes de que le encargaran el “torito” del caso “CIA-gate”.

Luego, en la Fiscalía de Control, Análisis y Evaluación, dejó el lugar Jesús David Flores Carrete para que asumiera la titularidad Omar Antonio Tinoco Torres.

En la Dirección de Administración, Luis Raúl Rico Montes entró en lugar de Patricia Franco Reyes y, en la Agencia Estatal de Investigación (AEI), Daniel Paulín Barraza pasó a ocupar el lugar de Hermann Adrián Pérez Rico.

Asimismo, la Dirección del Centro Estatal de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal y la Dirección de Comunicación Social continúan vacantes.

Se fueron y ni adiós dijeron. Urgía dejar los puestos vacíos y, como lo dice la ley de la física, ya se llenarán.

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No tienen para cuándo las Viviendas del Bienestar en Ciudad Juárez, porque no termina de resolverse el tema del terreno suficiente, con todas las factibilidades y el debido equipamiento.

No era viable el desarrollo, lo dijo Mirone desde que se conoció la ubicación del predio de 20 hectáreas que puso a disposición del programa federal la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura (Coesvi), el organismo descentralizado del Gobierno del Estado.

Allá por la Ciudad del Conocimiento no hay agua. Punto. Esa es la preocupante e inocultable realidad, y es apenas uno de los muchos problemas para darle sustentabilidad y factibilidad a cualquier desarrollo, porque en general hay déficit en toda la infraestructura urbana y en los servicios públicos.

Para nada podía pensarse en viviendas dignas si estas se construían en la no ciudad, más allá del extremo sur de la mancha urbana y lejos de donde ya se edificaron fraccionamientos que parecen islas-gueto abandonadas en medio del desierto, emblemas modernos de la segregación, la exclusión y la marginación.

Supo Mirone que es definitivo que el predio que incluso ya había sido donado por Coesvi no será utilizado para esa fase del programa, que se supone sería la segunda, aunque la primera tampoco ha arrancado en el predio de 5.4 hectáreas que compró y donó el Gobierno Municipal, por la misma razón: no hay factibilidad de agua y nadie quiere ni puede hacer la inversión necesaria para conseguir las nuevas fuentes de suministro.

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Desde alguna de las instancias federales le echaron el ojo a otra alternativa de ubicación, pero la verdad ya no sabe Mirone si se irían de Guatemala a Guatepeor.

La Coesvi tiene una amplia reserva en el área de Los Ojitos, al poniente de la ciudad y en las inmediaciones del Camino Real. En esencia, es terreno agreste pegado a la Sierra de Juárez, en su parte sur.

Ahí hay algunos desarrollos impulsados por Coesvi y tienen agua. Antes tuvieron problemas, pero con tanques de almacenamiento se resolvieron y, de alguna manera, podría ampliarse esa infraestructura para lo que requieran las Viviendas del Bienestar.

Quién sabe si alcance sin invertir en nuevas fuentes de suministro, pero allá se viven otras problemáticas que se visualizan también complejas para conseguir un desarrollo óptimo.

Desde hace tiempo se reporta una contingencia ambiental por la polución que generan las piedreras y las empresas cementeras que están comiéndose, literalmente, esa parte de la Sierra de Juárez, utilizando además detonaciones en sus procesos que también representarían un factor de riesgo para la población. Ya hay registros sobre daños estructurales a las viviendas.

En esa zona pegada a la Sierra también constituyen un factor de riesgo las corrientes violentas por tormentas atípicas, que ya hemos visto lo que pueden causar.

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Justo en el área de Los Ojitos, la tromba de 2006 arrasó con un dique mal construido en la cuenca del Arroyo del Indio y cuatro personas murieron: tres mujeres y un menor.

En esa misma zona se encuentra el dique Feldespato, receptáculo de aguas negras por las deficiencias, las fugas y las filtraciones del drenaje sanitario. O sea que, aunque hay agua potable, no toda la infraestructura hidráulica funciona adecuadamente.

Eso, sin contar que, como muchas otras áreas periféricas, se sufre ahí por falta de infraestructura educativa, hospitalaria y recreativa, además de la cobertura insuficiente en materia de transporte.

Así que deberán ahora echarse ese trompo a la uña quienes tomen la decisión de que sea ahí donde se construyan las esperadas Viviendas del Bienestar.

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La confianza en los órganos electorales ha ido en picada en los últimos años, según las encuestas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Y, a juzgar por los últimos acontecimientos, con el “Taddei-gate” y el triste espectáculo que están dando consejeros y representantes de los partidos, esa caída continuará.

De acuerdo con el indicador del Inegi denominado “Nivel de percepción de confianza de la sociedad en instituciones o diferentes actores”, la confianza en los órganos electorales registró un ascenso considerable durante los últimos años de la década pasada, pero cayó notablemente en los dos más recientes.

A nivel nacional, pasó de 54.69 por ciento en 2023, la cifra más alta registrada desde que se aplican esas encuestas, a 48.08 por ciento en 2025. Es decir, en apenas dos años perdió casi siete puntos porcentuales. Y no, no hay que olvidar lo que ocurrió entre ambos años: las elecciones de 2024, consideradas las “más grandes de la historia”.

En Chihuahua, las cosas van más o menos igual: la confianza pasó de 59.21 por ciento en 2023 a 53.48 por ciento en 2025, un indicador similar al registrado durante la década pasada.

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Este resbaladero de la confianza quedó plasmado en las encuestas levantadas entre 2023 y 2025, la misma época en que estaba en pleno la gestión de Guadalupe Taddei, quien asumió la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) el 3 de abril de 2023 y cuya salida se produjo abruptamente el domingo pasado, en medio de un escándalo por presuntos actos de corrupción.

La ahora expresidenta sucedió en el cargo a Lorenzo Córdova, uno de los titulares que más tiempo permaneció al frente del INE y también uno de los más señalados por Morena, el partido en el poder, que lo acusaba de estar cargado hacia «la derecha» y de meter la mano en los procesos electorales para perjudicar a la causa de la 4T.

Tres años y medio duró la gestión de Taddei, que comenzó con una “tómbola”, como quien se saca el premio mayor sin comprar boleto, y terminó con un “¡tómala!” en la cara: cuestionada desde distintos frentes y hasta calificada de “traidora” por la presidenta Claudia Sheinbaum.

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El pleito por sacudirse el fantasma de la ahora expresidenta se extendió hasta Chihuahua, donde el bloque PRIAN le echó en cara a Morena los presuntos actos de corrupción que ahora se le atribuyen a quien fuera presidenta del INE. Si no fue un “se los dije”, sonó bastante parecido.

Morena, por su parte, ya se pone en remojo para quitarse la mancha que le ha quedado en los chalecos guindas, porque no movió un dedo —como tampoco lo hicieron los demás partidos— para denunciar una serie de conductas reprobables que, a juzgar por lo ocurrido en la última semana, estaban a la vista de todos.

El pleitazo que protagonizaron el viernes prianistas y morenistas es un aviso de cómo vendrá el proceso electoral de 2027: los primeros ya empezaron a cantar fraude y los segundos, a denunciar la intromisión de fuerzas extranjeras y poderes fácticos en la elección.

Y así, con el tono que ha alcanzado la discusión, el declive de la confianza en los órganos electorales ya no parecerá un tobogán, sino un precipicio.

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Por fin detuvieron a Inés Gómez Mont en Florida. Tuvieron que pasar cinco años con ella prófuga; con amparos, con declaraciones desde el anonimato, con fotos en yate y con la ficha de Interpol que se subía y bajaba según el humor de la Fiscalía General de la República (FGR).

La foto que circula la muestra con blusa blanca, minifalda azul y tenis blancos. Como si la hubieran agarrado saliendo del brunch, no después de permanecer prófuga en el caso del presunto desvío de 2 mil 950 millones de pesos.

Se supone que ese es el tamaño del boquete que se investiga en detrimento del presupuesto de Gobernación, entre 2016 y 2017, mediante un esquema en el que presuntamente participaron ella y su esposo, utilizando empresas fantasma y licitaciones simuladas.

Nada nuevo bajo el sol, en un esquema que habría florecido desde el sexenio de Enrique Peña Nieto y por el que se investigan delitos como delincuencia organizada, lavado de dinero, peculado y defraudación fiscal.

El caso dará mucho más de qué hablar y jalará los reflectores nacionales que estaban enfocados en el CIA-Gate y sus derivados, además de los supuestos narcovínculos de Morena y sus dirigentes.

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El esposo de la expresentadora de televisión, Víctor Manuel Álvarez Puga, cayó primero. Lo detuvo el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Miami, no por los delitos financieros que se le imputan en México, sino por su condición migratoria irregular.

A ella la habían visto en la misma residencia, pero no la arrestaron entonces por “consideraciones familiares”, ya que tenía niños en casa y no quisieron hacer el show. Se habían visto muy considerados los del ICE, pero a Inés se le acabó la suerte este viernes.

El 12 de noviembre está prevista una audiencia relacionada con la situación de Álvarez Puga, mientras que todavía falta conocer el curso que seguirá el procedimiento contra Gómez Mont en Estados Unidos.

Parece que Inés Gómez Mont, la que presentaba espectáculos al lado de Galilea Montijo y Pati Chapoy, creyó que podía dejar atrás las acusaciones de delincuencia organizada sin ensuciarse los tenis blancos.

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Y mientras tanto, en México se espera que regrese el dinero. Porque los tenis blancos ya los vimos; los 2 mil 950 millones, no.

Veremos qué más escándalos surgen. Por lo pronto, habrá que ver si la captura de la expresentadora le disputa los reflectores al proceso penal contra César Jáuregui Moreno, el exfiscal de Chihuahua acusado de traición a la patria, que hasta ahora ha concentrado buena parte de la atención nacional.