Guillermo Arturo Zuany Portillo anda buscando a ver quién lo busca y para qué. Suena curioso, pero así son ese tipo de amparos “buscadores”, en los que el promovente pide la protección de la justicia federal contra actos de autoridad de cualquier índole, sean del fuero común o federal.

Si bien la demanda está dirigida contra una orden de aprehensión emitida por el juez de control del Distrito Judicial Morelos, Luis Alberto Simental Ortega, dentro de la causa penal 3055/2026, también pide que se le proteja contra prácticamente todo el mundo relacionado con la procuración de justicia del Estado.

Y, claro está, solicita protección contra cualquier orden de aprehensión que emitan los jueces de los distintos distritos judiciales en que está dividida la entidad.

Incluso pide la “cobija” de la justicia federal contra la Guardia Nacional y la Policía Municipal.

Vaya, prácticamente solo le faltó incluir a la Liga de la Justicia y a los Avengers en la lista de autoridades de las que quiere protegerse.

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En el escrito señala que el mandamiento está relacionado con los presuntos delitos de coalición de servidores públicos, ejercicio ilegal del servicio público y falsedad ante autoridades con penalidad agravada, que le atribuye la Fiscalía General del Estado.

En sustancia, lo que pide el exfiscal especializado en Operaciones Estratégicas es que no lo detengan, bajo el argumento de que los delitos que le imputan no ameritan la prisión preventiva oficiosa.

Es más, que si lo llaman, está a la orden para declarar, pero —digámoslo así— que sea “por la buena” y sin detenerlo, porque asegura que no piensa salir corriendo.

Arguye que tiene suficiente arraigo en Chihuahua como para andar a salto de mata.

¿Le creemos? Por lo pronto, esa disposición a comparecer contrasta con el hecho de que tampoco se presentó a la audiencia incidental que se celebraría este jueves en la torre del Poder Judicial Federal.

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Hasta donde se puede apreciar en su demanda de amparo, Zuany Portillo busca protegerse de las acusaciones que se le formulan en el ámbito estatal, pero queda la interrogante sobre su situación ante la justicia federal.

A la fecha, se desconoce si existe una orden de aprehensión federal en su contra por delitos similares a los que ahora le imputan al exfiscal César Jáuregui Moreno, pues es a Zuany a quien se le atribuye haber sido el contacto para permitir la participación de agentes estadounidenses en el operativo para localizar el narcolaboratorio en el municipio de Morelos.

Medios nacionales informaron el pasado 21 de octubre que la jueza federal Alejandra Torres León consideró viable la acción penal porque hay elementos para concluir que Jáuregui y Zuany Portillo “llevaron a cabo reuniones con un grupo de cuatro personas extranjeras” días antes de que ocurriera la localización del narcolaboratorio.

Por lo pronto, Zuany Portillo parece haber decidido que más vale una buena cobija judicial antes que exponerse al frío de una orden de aprehensión.

El detalle es que una cobija puede protegerlo de una orden, pero no necesariamente de todas las que puedan venir.

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Este próximo sábado será crucial para el futuro de la alianza electoral entre el PAN y el PRI en Chihuahua.

Andará en la capital del estado el dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, y hay mucha expectativa sobre un encuentro con la gobernadora panista Maru Campos para concretar los detalles del acuerdo sobre cómo irán juntos para la elección de 2027.

La gobernadora está invitada al evento del Segundo Informe Legislativo de Alejandro Domínguez, el diputado federal y presidente estatal del PRI, y se supone que ahí coincidirá con Alito, en el salón Lugano de Lago di Como, con independencia de que sostengan su encerrona privada.

Quién sabe, la verdad, si en el evento aparezca la gobernadora, porque las aguas políticas en Chihuahua andan demasiado revueltas, aunque es muy probable que Maru siga en plan de jalar reflectores nacionales y de colocarse en el centro de la grilla rumbo a 2027 y lo que venga después.

Pero de que habrá diálogo con Moreno para detallar el esquema del acuerdo, no parece haber duda. Por el lado del PRI, eso es lo que esperan del sábado, aparte de ver juntos a sus dirigentes.

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Hasta ahora, lo que se ha manejado como más probable es que se acuerde la figura de la candidatura común, para que cada uno, PAN y PRI, impulsen por su cuenta el proyecto de Marco Bonilla por la gubernatura y aparezcan separados los logos en las boletas electorales, aunque la persona postulada sea la misma.

En la gubernatura no hay problema alguno, pero ya deslizó Alejandro Domínguez que en unos 13 o 16 municipios podrían no tener candidatura común, ya que es más complicado ponerse de acuerdo.

Ese escenario, el de no ir juntos en alcaldías, parece que es más probable ahí donde ninguno de los dos es Gobierno y ninguno da su brazo a torcer en favor del otro.

Se supone que donde uno u otro ya son Gobierno sería más fácil dejar la candidatura para el partido en el poder, aunque tampoco se vislumbra todo planchado porque el PRI tiene más municipios en sus manos.

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Por lo pronto, todo el priismo chihuahuense andará en el informe de su dirigente estatal para dejarse ver con el presidente nacional. Van alcaldes, diputados locales y federales, incluso algunos compañeros de Domínguez de otros estados.

Sin embargo, la mayor expectativa se está generando en lo que vayan a hacer juntos Alito y Maru, o lo que vaya a decir en público o en privado la gobernadora panista.

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El plazo original para obtener los apoyos venció el 18 de octubre, pero se extendió hasta el último minuto del sábado 31, por lo que el domingo se sabrá quién pudo y quién no con el reto de juntar las firmas y subirlas a la plataforma con todo y credencial de elector.

Nos referimos a las 121 personas que se registraron como aspirantes por el PAN a alguno de los cargos que estarán en disputa en Juárez para la elección del 2027, y que además habían llegado a la segunda fase luego de pasar el filtro de las entrevistas y la revisión de perfiles.

Si hablamos de la alcaldía de Juárez, hubo figuras que incluso superaron ya las 6 mil firmas requeridas, pero todavía andaban en la tarea de cumplir con el candado respecto a cubrir cierto número de secciones electorales.

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Supo Mirone que Austria Galindo y Raúl García Ruiz ya andaban en los 7 mil 500 apoyos, pero se enfocaban en el segundo requisito. Ambos tuvieron que solicitar la prórroga porque al corte del 18 de octubre no tenían las 6 mil firmas.

Trascendió que la aspirante externa, la empresaria y expresidenta de Canacintra Isela Molina andaba batallando para completar la tarea, pero seguía enfocada en concluir el reto.

Le comentaron a este Don que entre quienes se registraron por las diputaciones locales, algunos seguían bajos en firmas, como el caso del titular de la Representación Zona Norte, Carlos Ortiz Villegas, quien aspira a la diputación local del Distrito 05, aunque también levantó la mano por el 04 federal.

Lo mismo pasó con Richy Vega, el responsable de la Coordinación de Gabinete que quiere ser regidor, pero anda batallando con las firmas. Para la regiduría se pidieron nada más mil 500, la misma cantidad que en las diputaciones, aunque sin los candados de las secciones electorales.

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Hay otros aspirantes menos conocidos que ya hicieron sus publicaciones para informar que alcanzaron las firmas, como el caso de Benito Méndez, quien busca el Distrito 03 local, o Jonathan Rodríguez, registrado por una regiduría.

Se han dado fenómenos interesantes, le comentaron a Mirone, con aspirantes externos o no militantes. Como ejemplo está el caso de Santiago Díaz, aspirante a una regiduría, quien únicamente con sus redes familiares cumplió la cuota de las mil 500 firmas.

El Comité Ejecutivo Nacional del PAN tiene el control de la plataforma y el registro, por lo que se espera que el próximo domingo baje la información al comité municipal y se sepa cuántos de los 121 aspirantes podrán pasar a la tercera fase.

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El conflicto generado por la llegada a Ciudad Cuauhtémoc de familias desplazadas por la violencia en municipios del llamado Triángulo Dorado va subiendo de tono.

El martes pasado, ya entrada la noche, varias familias que huían de Moris llegaron a Cuauhtémoc y se dirigieron a un fraccionamiento de la Comisión Estatal de Vivienda (Coesvi). Una vez ahí, ocuparon una casa deshabitada, dicen “nomás pa’ pasar la noche”.

Según quienes defienden su causa, nunca tuvieron la intención de “tomar” la vivienda ni de apropiarse del conjunto habitacional donde se encuentra. Su propósito, aseguran, era resguardarse de la lluvia que comenzaba a caer y emprender al día siguiente el duro peregrinar en busca de un lugar digno donde vivir.

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Como dice el clásico “haiga sido como haiga sido”, a los propietarios del fraccionamiento, digamos, les “incomodó” la ocupación y de inmediato mandaron sacarlos.

Las familias recibieron la visita de agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Cuauhtémoc y de representantes de la empresa AHG, quienes les pidieron que ahuecaran el ala porque el fraccionamiento ya era propiedad privada.

Como suele suceder en estos casos, hubo gritos, empujones, advertencias de recurrir a la fuerza —de parte de la autoridad— y los clásicos “a mí no me vas a sacar”.

Por supuesto, tampoco faltó la acusación de que alguien estaba utilizando a los desplazados “para fines políticos”.

Ese “alguien”, según la Coesvi y la Policía Municipal, era el coordinador de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (Cossydhac), Víctor Quintana Silveyra, quien desde tiempo atrás ha asesorado a las familias desplazadas que terminaron en Cuauhtémoc.

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Entre los muchos dimes y diretes intercambiados entre el activista y el titular de la Coesvi, José Antonio Chávez Rodríguez, hubo de todo, según le contaron a Mirone.

Quintana lo acusó de violar la ley al haber vendido viviendas de la Coesvi a una inmobiliaria privada. Chávez Rodríguez le devolvió el golpe al llamarlo “agitador”.

¡Vaya manera de ponerle más leña al fuego! De una disputa por una vivienda para pasar la noche, la discusión terminó salpicada hasta son nombres de personajes involucrados en el narcotráfico.

La gritería, cuentan a Mirone, fue bajando de tono, pero no se cerró la brecha de desconfianza entre los asesores de los desplazados y las autoridades estatales y municipales.

Lo que se consiguió, al menos, fue concertar futuras reuniones para buscar una solución.

Pero, por lo pronto, a las familias les dejaron bien claro que el fraccionamiento de marras ya es propiedad privada y que, al parecer, ni siquiera sirve para resguardarse de la lluvia.