El exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, seguirá preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano, luego de que un juez federal lo vinculó a proceso por el presunto delito de traición a la patria, relacionado con la participación de agentes estadounidenses en un operativo antidrogas realizado en territorio chihuahuense.
La resolución fue dictada durante la madrugada de este domingo 25 de octubre por el juez federal Ricardo Alfonso Santos Dorantes, después de una audiencia que comenzó la tarde del sábado y se prolongó durante aproximadamente nueve horas en el Centro de Justicia Penal Federal del Altiplano, en el Estado de México.
El juzgador consideró que los datos de prueba presentados por la Fiscalía General de la República (FGR) eran suficientes para iniciar formalmente un proceso penal contra el exfuncionario, aunque la determinación no implica que haya sido declarado culpable.
También mantuvo la prisión preventiva y concedió un plazo de dos meses para la investigación complementaria, durante el cual el Ministerio Público Federal y la defensa podrán reunir nuevos elementos.
La decisión representa el segundo revés judicial para Jáuregui en menos de una semana, después de que el jueves 22 de octubre un juez de Chihuahua también lo vinculó a proceso por ejercicio ilegal del servicio público, aunque descartó hacerlo por coalición de servidores públicos.
Una acusación por la intervención de agentes extranjeros
El origen de ambos procedimientos se encuentra en el operativo efectuado entre el 17 y el 19 de abril en la zona conocida como El Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua, donde fue localizado un presunto laboratorio clandestino relacionado con la fabricación de drogas.
Durante las acciones ocurrió un accidente en el que perdieron la vida cuatro personas.
La investigación federal se concentra en la presunta participación de agentes estadounidenses en el despliegue, sin la autorización correspondiente de las autoridades federales mexicanas.
De acuerdo con la acusación de la FGR, Jáuregui habría permitido la intervención de personal extranjero en actividades reservadas a las instituciones nacionales, lo que, a juicio del Ministerio Público Federal, constituye una posible afectación a la soberanía del país.
La Fiscalía también investiga si el exfiscal conocía las actividades de esos agentes y permitió su intervención sin informar a las instancias federales competentes.
Para sostener su imputación, el Ministerio Público Federal presentó alrededor de 150 datos de prueba, cuya suficiencia fue cuestionada por la defensa durante la audiencia.
Defensa anuncia que combatirá la resolución
Los abogados del exfiscal rechazaron que los elementos presentados por la FGR acrediten su responsabilidad en el delito de traición a la patria.
Durante el procedimiento, la defensa sostuvo que no existen pruebas suficientes para demostrar que Jáuregui ordenó o autorizó personalmente la intervención de agentes extranjeros en el operativo.
Tras conocerse la vinculación, sus representantes legales anunciaron que buscarán impugnar la determinación del juez federal.
La defensa había solicitado que la audiencia se desarrollara públicamente; sin embargo, el juzgador permitió que parte de las actuaciones permaneciera reservada por razones de seguridad nacional.
Dos procesos por un mismo operativo
La vinculación federal se suma a la resolución dictada el jueves 22 de octubre por el juez de Control Luis Alberto Simental Ortega, dentro de la causa penal estatal 3055/2026.
En ese procedimiento, la Fiscalía de Chihuahua logró la vinculación por ejercicio ilegal del servicio público, pero no por el delito de coalición.
Aunque ambos expedientes se originaron en los acontecimientos de El Pinal, las autoridades investigan conductas distintas y cada proceso continuará de manera independiente.
Por ahora, Jáuregui permanecerá recluido en el Altiplano mientras avanzan las investigaciones y su defensa promueve los recursos legales correspondientes.
El exfiscal conserva la presunción de inocencia, pues las vinculaciones a proceso únicamente permiten que las investigaciones penales continúen bajo control judicial y no constituyen sentencias condenatorias.
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