En apenas ocho días, del 17 al 24 de octubre, el caso del exfiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, pasó de una investigación penal del fuero común a un escándalo político nacional que escaló hasta la mismísima Presidencia de la República.

En una sola semana, el ambiente político de Chihuahua —y, por extensión, el del país— transitó de la detención de un exresponsable de la procuración de justicia, un episodio que ya no resulta extraordinario en la política mexicana, a un litigio con implicaciones internacionales.

El asunto dejó de ser una simple competencia interna por la candidatura panista a la Presidencia Municipal de Chihuahua. Ahora amenaza con abrir una fractura en el partido gobernante del estado, con dos bandos enfrentados: quienes cierran filas en torno a Jáuregui y quienes se mantienen leales a la gobernadora María Eugenia Campos Galván.

Y eso es apenas una parte del problema. En el fondo se cruzan dos procesos penales, la participación de agentes estadounidenses en un operativo antidrogas y un intercambio de acusaciones que amenaza con complicar todavía más la relación entre el Gobierno estatal y el federal.

La mañana del sábado 17, poco antes de las 10:00 horas, la tranquilidad de la capital se rompió cuando agentes de la Fiscalía General del Estado interceptaron a Jáuregui mientras viajaba en su vehículo. Lo detuvieron y lo trasladaron a las instalaciones de la Fiscalía de la Zona Centro.

Un dato para el anecdotario: la detención ocurrió en la avenida La Cantera, la misma que fue rebautizada meses atrás con el nombre de Víctor Cruz Russek, esposo de la gobernadora Campos Galván, fallecido hace poco más de un año.

La orden de aprehensión, librada por el juez de control Luis Alberto Simental Ortega, del Distrito Judicial Morelos, correspondía a la causa penal 3055/2026. Los cargos eran ejercicio ilegal del servicio público y coalición de servidores públicos, relacionados con presuntas irregularidades en el operativo realizado en El Pinal, municipio de Morelos, en abril pasado.

Desde aquella mañana, el tablero político de la capital, del estado y del país comenzó a moverse de una manera que no se había visto en los años recientes. Y pronto quedó claro que el asunto podía alcanzar también el terreno de las relaciones entre México y Estados Unidos.

Aquella tarde, grupos de manifestantes se congregaron en la explanada de la Torre del Poder Judicial del Estado para exigir la liberación del exfiscal.

En los hechos, la petición se cumplió, aunque solo parcialmente y por unas horas.

Después de una audiencia prolongada, el juez Simental Ortega permitió que Jáuregui enfrentara en libertad la causa estatal, sujeto a medidas cautelares. Entre ellas estaban las restricciones para salir del estado y del país, la entrega de su pasaporte y visa, la obligación de presentarse periódicamente y la prohibición de acercarse a los testigos.

Pero la libertad duró poco. Al salir de las instalaciones judiciales, agentes federales ejecutaron una segunda orden de aprehensión, ahora por el presunto delito de traición a la patria, en una causa del fuero federal.

El exfiscal fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como El Altiplano, en el Estado de México.

La escena tuvo algo de paradoja judicial: mientras una autoridad le permitía enfrentar un proceso en libertad, otra lo detenía por hechos relacionados con el mismo episodio, pero bajo una acusación distinta y en una jurisdicción diferente.

La detención en Chihuahua, la imputación federal y el traslado al Altiplano abrieron un frente de batalla que rebasó los tribunales. El caso se convirtió en una disputa política, jurídica y de poder.

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La investigación tiene como telón de fondo la muerte de cuatro personas —dos funcionarios estatales y dos ciudadanos estadounidenses— en un accidente vehicular ocurrido en abril, cuando regresaban de un operativo para desmantelar un laboratorio clandestino en El Pinal, municipio de Morelos.

La participación de los estadounidenses, identificados en reportes periodísticos como agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, la CIA, se convirtió en el centro de la controversia.

La pregunta fundamental es quién conocía su presencia, quién autorizó su participación y bajo qué condiciones intervinieron en una operación de seguridad en territorio mexicano.

La gobernadora Campos ha sostenido que no fue responsable de lo ocurrido y que la actuación de los agentes correspondió al ámbito de responsabilidad de su entonces fiscal. Jáuregui, por su parte, y su defensa niegan que él hubiera ordenado incorporar a los estadounidenses al convoy o que conociera su participación en el operativo.

La Fiscalía General de la República sostiene una versión distinta: el exfiscal habría permitido que agentes extranjeros participaran en actividades operativas en México sin la autorización federal correspondiente y habría omitido informar debidamente a las autoridades centrales.

Son versiones enfrentadas que, por ahora, forman parte de una controversia judicial y política. La responsabilidad penal de Jáuregui deberá determinarse en los tribunales.

La información presentada por el Ministerio Público estatal durante el proceso apunta, sin embargo, a otro aspecto del caso: el presunto ocultamiento de la presencia y las actividades de los agentes extranjeros dentro de la Fiscalía de Chihuahua.

Según los argumentos expuestos ante el juez Simental Ortega, los estadounidenses habrían recibido facilidades para entrar y salir de las instalaciones de la corporación, además de prendas de vestir similares a las utilizadas por las fuerzas policiales locales. También se habría buscado ocultar sus rostros mediante capuchas.

El Ministerio Público sostuvo que esas medidas permitían disimular su identidad y su pertenencia a agencias extranjeras. El juez tomó en cuenta parte de esos argumentos al resolver que había elementos suficientes para continuar el proceso contra Jáuregui por ejercicio ilegal del servicio público.

La defensa, en cambio, cuestionó que los datos presentados demostraran una participación directa del exfiscal en la incorporación de los estadounidenses al operativo.

Hay otro elemento que complica la explicación de que los agentes simplemente aparecieron en escena: según lo expuesto en la investigación, no eran recién llegados ni se habían incorporado espontáneamente a la operación. Llevaban tiempo en Chihuahua, mantenían vínculos con mandos de la corporación y hasta habrían rentado vehículos para desplazarse por la ciudad.

Si esos datos se acreditan, la pregunta dejará de ser únicamente quién los invitó al operativo de El Pinal. Habrá que esclarecer quién sabía de su presencia, qué relación mantenían con los mandos estatales y por qué no se informó de su participación a las autoridades federales.

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La audiencia inicial federal comenzó la noche del martes 20 de octubre, ante el juez Ricardo Alfonso Santos Dorantes, en los juzgados del penal del Altiplano. La diligencia se prolongó hasta la mañana del miércoles.

El juez impuso a Jáuregui prisión preventiva oficiosa, por lo que permaneció recluido mientras se resolvía si sería vinculado a proceso por la acusación de traición a la patria.

La audiencia se desarrolló a puerta cerrada, por razones de seguridad nacional. La defensa cuestionó la solidez de la imputación y sostuvo que no existían pruebas suficientes para demostrar que su cliente hubiera autorizado la participación de agentes estadounidenses.

A partir de ese momento, el caso quedó instalado en dos vías judiciales distintas: una estatal, por presuntas irregularidades en el ejercicio del servicio público, y otra federal, por la supuesta intervención de agentes extranjeros sin autorización y la conducta que la Fiscalía atribuye al exfiscal.

Dos expedientes, dos jurisdicciones y una misma operación como telón de fondo.

La audiencia estatal tuvo su desenlace el jueves 22 de octubre.

El juez Simental Ortega vinculó a Jáuregui a proceso por el presunto delito de ejercicio ilegal del servicio público, pero descartó la imputación por coalición de servidores públicos al considerar que los hechos expuestos no cumplían los requisitos necesarios para acreditar esa figura penal.

La resolución no equivale a una sentencia condenatoria. Significa que el procedimiento continuará por uno de los delitos imputados, mientras que la acusación por coalición no prosperó en esa etapa.

La distinción es importante porque, en medio del ruido político, se ha tendido a presentar el caso como si existiera una sola acusación y una sola resolución. No es así: la causa estatal tiene su propio curso y la federal sigue un procedimiento independiente.

La defensa anunció que cuestionaría la decisión judicial. Mientras tanto, el proceso estatal continuó con un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

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A lo largo de la semana, las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la gobernadora María Eugenia Campos abrieron otro frente, quizá el de mayores consecuencias políticas.

El intercambio dejó atrás, al menos por momentos, la discusión estrictamente jurídica sobre la probable responsabilidad o inocencia del exfiscal. El tema se convirtió en una disputa pública sobre quién sabía qué, quién debía responder por la presencia de los agentes extranjeros y quién estaba utilizando el caso para golpear a su adversario.

Campos reprochó a la presidenta las referencias a una posible traición a la patria y defendió que su Gobierno no había autorizado la participación irregular de los estadounidenses. Sheinbaum, por su parte, relató que durante una reunión privada celebrada en Ciudad Juárez el 19 de septiembre, la gobernadora le atribuyó a Jáuregui la responsabilidad por lo ocurrido y le habló de presuntos actos de corrupción.

La mandataria federal sostuvo que Campos le había mencionado que el exfiscal supuestamente tenía casinos y utilizaba prestanombres. La fiscal general de la República, Ernestina Godoy, confirmó después que recibió a la gobernadora y que, a partir de la información que esta dijo poseer, se abrió una nueva línea de investigación.

Conviene subrayarlo: esos señalamientos son acusaciones que deberán investigarse y, en su caso, acreditarse. No son hechos judicialmente probados.

Pero el daño político ya está hecho. La controversia dejó de limitarse al operativo de El Pinal y se extendió a las relaciones entre Palacio Nacional y el Gobierno de Chihuahua, así como a las pugnas internas del panismo.

La etiqueta de “traición a la patria” provocó la reacción de Campos, quien reprochó a Sheinbaum el tratamiento público del caso. La presidenta respondió con su propia versión de la reunión. Y así, entre reclamos, declaraciones y acusaciones cruzadas, el expediente judicial terminó convertido en un campo de batalla política.

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Mientras corre el reloj y la arenita se desliza hacia abajo en espera de la decisión judicial, el caso sigue acumulando capas.

Ayer sábado 24 de octubre, a las 3:00 de la tarde, estaba programada la audiencia en la que el juez federal deberá resolver si existen elementos suficientes para vincular a Jáuregui a proceso por la presunta traición a la patria.

Al cierre de esta cronología, la resolución todavía estaba pendiente. Si el juez determina la vinculación, el exfiscal continuará sujeto a prisión preventiva oficiosa en la causa federal.

Si decide no vincularlo, la situación deberá resolverse conforme a los alcances de esa determinación, sin confundirla con el procedimiento estatal, que tiene su propio curso.

Mientras tanto, a Jáuregui ya le aparecieron otros señalamientos que, a juzgar por lo anunciado, podrían derivar en nuevas investigaciones.

En el intercambio entre Sheinbaum y Campos salieron a relucir presuntos actos de corrupción, supuestos casinos y el posible uso de prestanombres. Godoy confirmó que la Fiscalía abrió una nueva línea de investigación a partir de lo que le comunicó la gobernadora.

La política tiene sus propias reglas y el panismo chihuahuense no está al margen. La detención de Jáuregui, quien buscaba competir por la candidatura a la Presidencia Municipal de Chihuahua, abrió una disputa que amenaza con dividir al partido entre quienes consideran que el exfiscal es víctima de una maniobra política y quienes prefieren cerrar filas en torno a la gobernadora.

Por ahora, el grito de batalla de Jáuregui y de quienes lo acompañan es “hasta donde tope”.

No sabemos dónde topará. Lo que sí ha quedado claro es que su camino hacia la libertad está lleno de topes y que, con cada nueva acusación, estos parecen elevarse un poco más.