Ahora sí que se le están cargando todas las pulgas al exfiscal César Jáuregui Moreno.

Apenas comentábamos ayer cómo se estaría hablando de otras acusaciones y otros delitos antes de que siquiera pudiera configurarse o caerse la acusación de traición a la patria contra el exfuncionario estatal, y eso es lo que está ocurriendo.

Ya en plan de infidencias mutuas, y luego de que Maru Campos reveló los reclamos que intercambió con la presidenta de la República y el acuerdo para cerrar investigaciones y proceder contra Jáuregui, Claudia Sheinbaum soltó el bombazo: que la gobernadora le dijo que su exfiscal tenía casinos y que le habían encontrado corrupción en su despacho.

No termina de asentarse la polvareda que levanta un bombazo cuando explota la siguiente carga.

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Tal como se lo ordenó la presidenta, la titular de la Fiscalía General de la República salió a confirmar la información que tiene la gobernadora bajo la manga y que les compartió sobre quien fuera su cercano amigo, aliado, operador y hasta soporte e impulsor de su carrera política durante cerca de 15 años.

Una sola vez le dijo la presidenta “procede” y procedió la gobernadora Maru Campos con la detención de Jáuregui. Una segunda vez procedió la mandataria cuando Sheinbaum la canalizó con la fiscal general Ernestina Godoy para hablar sobre lo que sabe de su exfiscal.

La FGR de Godoy lo confirmó en un comunicado de prensa respecto a lo que “le compartió” la gobernadora de Chihuahua, quien “se refería a actos de corrupción por parte de César ‘N’ referente a la presencia de casinos y prestanombres, sobre lo cual, la gobernadora facilitaría la información respectiva”.

Otra vez no se sabe bien a bien de qué está hablando la gobernadora, de qué casinos o de qué prestanombres se trata, pero ya tiene la FGR “una nueva línea de investigación”.

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En el círculo cercano a Palacio de Gobierno de Chihuahua no se había comentado información de ese tipo.

Lo que sí se decía, muy en corto, es que la gobernadora había mostrado su recelo y su desconfianza hacia Jáuregui, pero por el tema de la relación triangulada con Cruz Pérez Cuéllar vía Luis Villegas Montes, abogado cesarista que también es compadre del alcalde juarense con licencia.

En una parte de la entrevista de Maru con Loret de Mola, la gobernadora habló de un distanciamiento personal con Jáuregui desde hace tres años, tiempo que coincide con el relevo que llevó a Santiago De la Peña a la Secretaría General de Gobierno y a Jáuregui a la Fiscalía General del Estado.

Lo que ahora deberá aclararse es a qué actos de corrupción se refirió la gobernadora. Seguramente por ahí estallará el siguiente bombazo.

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Mientras el reloj corre y las partes esperan la audiencia de vinculación —o no— a proceso de César Jáuregui en el ámbito federal, aquí, en Chihuahua, ambos bandos se remangan la camisa para emprender una cruzada contra los fallos emitidos el jueves pasado por Luis Alberto Simental, a quien desde ahora se le puede llamar “el juez Salomón”.

La defensa de Jáuregui busca un recurso para echar por tierra la vinculación a proceso por el delito de ejercicio ilegal del servicio público, mientras que la Fiscalía General del Estado ya analiza impugnar la no vinculación por el delito de coalición.

En la imputación, la Fiscalía le atribuye a Jáuregui no solo la “permisividad” ante la actuación de los agentes de la CIA, sino también la manga ancha que le dio a Guillermo Arturo Zuany Portillo, exfiscal especializado en Operaciones Estratégicas de Chihuahua, quien actualmente se encuentra prófugo.

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A juzgar por los resolutivos de la audiencia del pasado jueves, el caso va para largo para el exfiscal, aún aspirante a la candidatura del PAN a la Presidencia Municipal de Chihuahua.

En dicha diligencia se concedió un plazo de dos meses para la investigación complementaria al Ministerio Público estatal. O sea que, como quien dice, prácticamente se dieron la felicitación anticipada de Navidad.

Héctor Villasana, uno de los abogados “insignes” del exfiscal, anunció que apelará el auto de vinculación, al reiterar que no existe un solo dato —según asegura él— que pruebe la participación de su defendido en las acciones de los agentes extranjeros o que haya autorizado su presencia en las instalaciones de la FGE.

La defensa daba por descontado que se libraría del caso del fuero común el mismo jueves, pero ya vimos que no. La causa estatal sigue abierta y todavía falta lo que se resuelva en el ámbito federal.

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Mientras la defensa y el Ministerio Público libraban una fragorosa batalla jurídica en el tribunal del juez Simental, en el amplio espectro televisivo y de las redes sociales, dos de los personajes más importantes de la vida pública del país, la gobernadora María Eugenia Campos Galván y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, hablaban de Jáuregui como una persona que podría ser inculpada por otros delitos.

Producto de los dimes y diretes entre la mandataria estatal y la jefa del Ejecutivo federal, ha trascendido la posible apertura de una carpeta de investigación contra Jáuregui por presuntos delitos de corrupción.

La propia fiscal general de la República, Ernestina Godoy, emitió un comunicado oficial en el que se refiere a las serias acusaciones que hizo la gobernadora de Chihuahua contra su exfiscal general, que incluían el manejo de casinos y otros actos irregulares que la mandataria no detalló.

Es decir, mientras el Ministerio Público estatal se tomará dos meses para buscar más elementos de prueba y la defensa se devana los sesos para demostrar la inocencia de su defendido, Jáuregui ya ha sido exhibido como un supuesto corrupto que manejaba casinos a través de prestanombres. ¡Que viva la presunción de inocencia y el debido proceso!57

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Otra grilla muy peculiar se armó al interior de las estructuras estatales azules.

Resulta que un buen quemón se está llevando un funcionario de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), identificado como Adrián Gurrola.

Es militante panista y activo empresario que se mueve en los clubes rotarios. En el proceso interno del PAN se registró como aspirante a diputado local, pero no pasó el primer filtro, al parecer por falta de la documentación requerida.

Lo que le contaron a Mirone es que le mueve a la operación política y por eso se acercó a la Representación de Gobierno Zona Norte, a cargo de Carlos Ortiz, para colaborar con las Ferias de la Salud que se llevan los fines de semana a las colonias de la ciudad. Según esa versión, buscaba hacer clic con la estrategia electoral del PAN.

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Se supone que ofreció todo el respaldo del club al que pertenece para llevar un programa de entrega de lentes a costo simbólico. En eso quedaron, pero el reporte que le hicieron llegar a este Don es que, en una de las ediciones de la Feria de la Salud, simplemente se levantó un registro de solicitantes para una entrega posterior.

A los anotados, cerca de medio centenar, se les pidieron anticipos también simbólicos de 100 pesos, según el mismo reporte. Nada más que ya pasó otro evento y de los lentes no se ha vuelto a saber nada de nada en las estructuras estatales azules.

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De acuerdo con lo que le cuentan a Mirone, ya hay gente reclamando sus 100 pesitos y el funcionario acomedido de la JMAS todavía no responde por el compromiso con los operadores azules.

Los reclamos llegaron a los funcionarios responsables de la Feria de la Salud y ahora están viendo quién deberá saldar esa cuentita pendiente, si es que no quieren quedar mal.

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Los especialistas en el tema le confirman a Mirone que la reforma a la Modalidad 40, publicada el 21 de octubre, perjudicará en mayor medida a los trabajadores con dos salarios mínimos o más. No a los de los sueldazos ni a los fifís que, como ya sabemos, son el blanco de todas las medidas de la 4T.

Esta nueva medida, publicada un día y puesta en vigor al siguiente, sin darle al trabajador tiempo para defenderse o para asegurarse una pensión o jubilación decorosa, establecerá límites a los trabajadores que perciben un salario medio o medio-bajo y que se disponían a hacer un esfuerzo por mejorar su pensión mediante aportaciones en el formato llamado “Modalidad 40”.

Esa aspiración, además de legítima, era legal, pues se ajustaba a los procedimientos establecidos en la Ley del Seguro Social. Nadie defraudó al IMSS firmando un contrato y metiéndole dinero a su “cochinito” para irse a descansar con un sueldo medianamente decoroso.

Sin embargo, la 4T los está tratando como si fueran una partida de abusones que quisieron hacerse de sueldos de sultán a costillas del IMSS. Nada más injusto que eso.

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Una persona que gana hasta dos salarios mínimos generales, equivalentes a 19 mil 164.94 pesos mensuales o 315 pesos diarios, podía aumentar su ingreso mensual mediante aportaciones en la Modalidad 40, siempre que completara un número determinado de semanas cotizadas ante el IMSS.

Ahora, ese trabajador solo podrá agrandar su pensión o jubilación en 315 pesos diarios y, si bien le va, agregar una UMA, que es de 117.31 pesos. ¡Vaya diferencia! A esos sí que los condenaron a vivir en la “pobreza franciscana” que tanto pregonó el expresidente AMLO, el mismo que vive en un vasto rancho rodeado de pavorreales.

Ahora el problema es que deberán esperar al menos seis meses para promover un amparo, hasta que el decreto cause estado y se eleve a rango de ley. A ver si les entendimos: les bajaron las posibilidades de aumentar la jubilación a los trabajadores y, de pilón, les amarraron las manos para que no se puedan defender. ¡Qué bueno que vivimos en el mundo de “primero los pobres”!

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Lo que han observado otros especialistas es que la medida les pegará en la cara a las aspiraciones electorales de Morena, pues, con esas limitaciones al retiro, el Gobierno de la 4T está castigando a grupos de edad en los que suele tener una vasta clientela de votantes.

Según diversos estudios, incluso del INE, las tasas más altas de votación se encuentran entre las personas mayores de 60 años y, otro tanto, entre quienes están en la “banda” de los 40 y 50 años.

Son estos últimos los que se verán más afectados, pues eran quienes podían hacer una planeación de su futuro a través de las aportaciones a su fondo de retiro en el anterior formato de la Modalidad 40.

Lo que lograron esos “genios” financieros del IMSS, al tratar de resolver el problemón financiero en el que se encuentran a costa de los asalariados, es darle un arma discursiva a la oposición para salir a pedir el voto de quienes antes se podían inclinar por la 4T.

Así que ya lo saben los morenistas: si pierden votantes de edad adulta, ya tienen a quién ir a “darle las gracias”.