Por todos lados están desatadas las teorías conspiracionistas y las sospechas de acuerdos políticos bajo la mesa, aunque los actores involucrados, de la presidenta Claudia Sheinbaum para abajo, lo nieguen.

En múltiples foros, distintos analistas y diferentes medios lo han dicho, pero una buena síntesis del debate nacional en torno a las lecturas, implicaciones y repercusiones del CIA-Gate, que tiene al exfiscal César Jáuregui preso en el Altiplano y respondiendo simultáneamente a acusaciones por presuntos delitos federales y estatales, se concentró en la emisión del programa Tercer Grado de la noche del miércoles.

Muchas coincidencias se plantearon en cuanto a que es inevitable especular sobre un eventual pacto al más alto nivel entre la presidenta y la gobernadora para la “entrega” del exfiscal, descargando en él todas las responsabilidades del caso. También, en que es exagerada, desproporcionada, endeble o inconsistente la acusación de traición a la patria enderezada contra Jáuregui.

Que el caso descolocó completamente a la gobernadora Maru Campos como figura opositora al régimen que se perfilaba y aglutinaba preferencias panistas rumbo al 2030, o que el PAN puede pagar una costosa factura política en Chihuahua de manera más inmediata, en la elección del 2027.

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Curiosamente, el análisis está más centrado ahora en todo aquello que no se sabe, todo lo que es incierto o está detrás de los hechos y de la trama política, criminal y judicial que, en la discusión, recibe múltiples etiquetas: inquietante, increíble, inédita o desconcertante.

Prácticamente toda la mesa coincidió en la pregunta clave: ¿qué fue lo que cambió o qué otra información tuvo a su alcance la gobernadora para dar ese giro tan radical en su narrativa, sus posicionamientos y su actuación?

En esa lógica, no alcanza el tema de la sucesión panista de la capital del estado o el de los afectos, preferencias o lealtades traicionadas entre amigos para explicar la operación de la captura estatal del exfiscal o el subsecuente nado sincronizado con la autoridad federal para la segunda orden de aprehensión.

Evidentemente, hay algo más. Una de las teorías que se puso sobre la mesa televisiva de Tercer Grado, en cadena nacional, fue la de eventuales arreglos para actividades criminales operados a nivel personal y no institucional —con el exfiscal general o su fiscal de Operaciones Estratégicas, Arturo Zuany—, forzados por los elementos de la CIA.

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No hay que olvidar que, luego de los sucesos trágicos de abril —cuando murieron dos agentes extranjeros, un jefe y otro elemento estatal—, se conoció que Zuany, actual prófugo de la justicia, tenía acercamientos con las agencias estadounidenses, que le habrían pedido colaboración a cambio de la recuperación de su visa. Aunque hoy se señala que los arreglos y las colaboraciones habrían sido más oscuros de lo que se creía en torno a la operación de grupos criminales en Chihuahua.

Este enfoque coincide, además, con lo que ha trascendido durante la semana y que, de alguna manera, confirmó la propia presidenta Claudia Sheinbaum, en cuanto a que hay una carpeta de investigación contra Jáuregui por otras conductas eventualmente ilegales.

Seguramente no terminará de agotarse la discusión sobre traición a la patria cuando se conozca de qué otros delitos o de qué otra trama criminal mayor estamos hablando.

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Ahora, los panistas inconformes y enojados con la dirigencia de su partido a causa de la detención de César Jáuregui Moreno arremeten contra el grupo de asesores, exfuncionarios de la administración del presidente Felipe Calderón, que han permanecido como cercanos colaboradores del Gobierno del Estado.

Según esa parte del panismo disgustado, son ellos, los excalderonistas, quienes manipularon el proceso interno del partido para elegir al candidato a la Presidencia Municipal de Chihuahua y “tripularon” las cosas para que el exfiscal no ganara esa postulación.

Culpables o no, los enojados panistas ya encontraron al enemigo favorito de una parte de la sociedad chihuahuense de clase media: la gente que viene de otras partes del país y, muy en particular, de la Ciudad de México. Ellos son —señalan— los causantes “de todo este desastre”.

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Entre los manifestantes que se presentaron ayer en la explanada de la Ciudad Judicial a demandar la inmediata liberación de Jáuregui Moreno, hubo quienes señalaron con nombre y apellido a ese grupo de exfuncionarios que, afirman los reclamantes, conocen como “Los Jinetes del Apocalipsis”.

¿Por qué? Porque, según los inconformes, adonde se presentan causan una serie de desgracias y, cuando se van, muy bien pagados por sus “asesorías”, dejan un escenario postapocalíptico que los militantes del lugar tienen que restaurar.

Uno a uno, señalaron al abogado Roberto Gil Zuarth, exsecretario particular de Felipe Calderón durante su gestión como presidente y actual asesor jurídico del Gobierno del Estado. También a Jordi Herrera, exsecretario de Energía en el gobierno calderonista, y a Diódoro Carrasco, exgobernador de Oaxaca cuando era del PRI y exdiputado federal por el PAN.

No podía faltar, desde luego, Ernesto Cordero, el exsecretario de Hacienda, a quien recuerdan más por los altos honorarios que cobra que por los servicios prestados al Estado.

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La probable vinculación a proceso de César Jáuregui, un militante que ha sido dos veces coordinador parlamentario del PAN en el Congreso del Estado y exjefe jurídico del CEN panista, le pesa a una parte de los panistas chihuahuenses.

Las expresiones de molestia tuvieron lugar minutos antes de que iniciara la audiencia de vinculación a proceso, en la que se decidiría si continúa el proceso contra él por los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición, o si queda libre de esas imputaciones.

Sea cual fuere el fallo, esa parte del panismo ya quedó lo suficientemente dolida, por lo que quien llegue a hacer la famosa “operación cicatriz” va a necesitar las mejores dotes de cirujano para dejar bien cerrada esa herida antes del 6 de junio próximo.

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Desde el miércoles se aterrizó un ajuste fundamental en la estrategia de Marco Bonilla rumbo al 2027: por sobre todo, se priorizará en la agenda recorrer las calles y tocar las puertas.

Integrantes de su equipo le comentaron a Mirone que, al menos en Ciudad Juárez, donde no es tan conocido, muchos días de aquí a las elecciones del próximo año gastará suela y, literalmente, se ensuciará los zapatos en el territorio.

Así que, si alguien quiere organizarle un evento para quedar bien con el aspirante a gobernador, será en las colonias y a ras de suelo.

En el PAN acusaron recibo de la percepción de lejanía de su coordinador y de la crítica a la preferencia por los eventos cerrados y controlados. Así que le dirán adiós al Cibeles para darle preferencia a los eventos populares.

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Por lo pronto, se dio vuelo Marco Bonilla saludando gente en el populoso sector de Morelos I y II, allá por la estación Babícora de la Policía Municipal. También se fue a Bosque Bonito, Salvárcar, Valle del Sur y Finca Bonita, más al suroriente de la ciudad.

“Vine a saludarlos, pero sobre todo a escucharlos. Me contaron lo que necesitan, lo que les falta y lo que han construido con su propio esfuerzo durante 40 años. Eso vale más que cualquier diagnóstico de escritorio. Juárez merece mucho más”, compartió el coordinador estatal sobre ese recorrido.

Al día siguiente fue a dar hasta Juárez Nuevo, otro de los desarrollos de Infonavit más poblados de la ciudad.

“Para saber qué necesita Juárez hay que escuchar a su gente y caminar sus calles”, publicó Marco en sus redes.

Por ahí van la idea y la estrategia azul: conectar con el electorado y que se corra la voz de que el panista visita las colonias, camina las calles y ve de frente a la gente.

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En esas anduvo Marco Bonilla durante su agenda de dos días en Juárez. Además, tuvo un nutrido evento con el Foro Regional Ideas en Acción, realizado en el salón Emporium.

Fuera de la agenda pública, pero aprovechando la gira por Juárez, se reunió aquí, a la hora de comer del jueves, con alcaldes de la zona norte, recaudadores y/o presidentes de las Juntas de Agua y Saneamiento, ahí donde no es azul la Presidencia Municipal.

Claro que también hay que amarrar acuerdos, bajar línea y repartir tareas.

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Los despachos de abogados especializados en derecho laboral ya esperan darse un festín con la andanada de amparos contra las reformas a la Ley del IMSS, en perjuicio de los trabajadores sujetos a la Modalidad 40.

El decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 21 de octubre establece una serie de limitaciones a las personas que hacen aportaciones a su fondo de retiro a través de la llamada “Modalidad 40”, lo cual ha generado una ola de descontento, reclamos airados en redes sociales y advertencias de que habrá marchas y plantones para exigir la derogación de ese decreto.

De manera paralela, algunos despachos y abogados que le entienden al derecho laboral ya han empezado a lanzar campañas de advertencia contra la dichosa medida y le advierten a la población cibernauta que tienen a la mano el recurso del amparo para zafarse de ese candado que les quiere poner el IMSS a las jubilaciones de los trabajadores.

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Entre los mensajes que más han circulado destaca la invocación a la no retroactividad de la ley en perjuicio del ciudadano. Es decir, que, a estas alturas del partido, los asegurados mediante la Ley de 1973 ya tienen a salvo sus derechos y no hay decreto que se los pueda cambiar.

Eso, aseguran, hasta un estudiante de Derecho lo sabe y fácilmente podría armar, incluso, un “machote” para presentar amparos con los que los solicitantes salvarían su jubilación o su pensión.

Además de la norma vigente en el derecho mexicano de no aplicar la ley de manera retroactiva en perjuicio del ciudadano, está la legislación que protege al adulto mayor, pues sería esa parte de la población la más perjudicada por una medida que, a la luz del decreto, tiene por objeto evitar un deterioro mayor de las finanzas del IMSS. Eso no se vale: ¿el jubilado qué culpa tiene de que el IMSS esté patas para arriba?

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En la mañanera del jueves 22, la presidenta Claudia Sheinbaum expuso que la medida obedece a la necesidad de establecer una regulación de la Modalidad 40 del IMSS, debido a la detección de esquemas de fraude millonario en el acceso a pensiones altas que no correspondían a los trabajadores.

Como ya es costumbre en los Gobiernos de la 4T, siempre aluden a los abusones, los corruptos y los pasados de listos para cancelar programas, adoptar medidas restrictivas y aplicar una especie de cinturón de hierro a los programas sociales. ¿Castigan a esos vivales? Que se sepa, a ninguno.

Ahora, el castigado será el trabajador que apenas esté por iniciar su inscripción a la Modalidad 40, quien solo podrá jubilarse con su último salario diario —en el mejor de los casos— más una UMA, sin importar cuánto le haya aportado a su fondo de pensión.

Bonita forma de sanear las finanzas del IMSS: con portazos en la cara a los trabajadores asegurados, en vez de meter en cintura a los que abusaron de los beneficios de la seguridad social.