Donde han subido de tono las cosas es en el interior del PAN y hasta en los “puntos circunvecinos”.
La detención de César Jáuregui y su eventual inhabilitación para participar en la contienda interna por la candidatura a la Presidencia Municipal han abierto una serie de frentes que amenazan con provocar fracturas notables en el partido mayoritario en la capital del estado.
El martes pasado, un grupo de militantes, nada despreciable en número, se presentó en las oficinas del Comité Directivo Estatal del partido blanco y azul para pedir que los tiempos del proceso de selección de candidatos se pospongan hasta que Jáuregui esté en condiciones de participar.
Casi nada: que paren la música hasta que el juez de la causa le dicte la libertad, ya sea bajo caución o por desestimar el caso. Fácil no se la pusieron a la dirigencia panista.
Ante el reclamo vehemente, la dirigente estatal, Daniela Álvarez, mandó la bolita a su líder nacional, Jorge Romero, para que sea él quien decida si se mueven las fechas o se sigue adelante como hasta ahora.
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Según le contaron a Mirone, las cosas se han puesto tan airadas que el partido ya no parece blanquiazul, sino enrojecido, pero de coraje por la detención de un militante como César Jáuregui, quien no solo ha ocupado cargos de elección popular en Chihuahua, sino también responsabilidades en la dirigencia nacional del PAN.
Enterados del caso vinieron a contarle a Mirone que ya ha habido reuniones de alto nivel entre cuadros dirigentes del panismo local y la dirigencia nacional para tratar el asunto Jáuregui. El tono ha ido del reclamo por haberlo “entregado” a la advertencia de que no lo van a dejar solo, duela a quien le duela.
Por otra parte, un sector de la militancia propone hacer un alto a las hostilidades —ni cómo llamarlas de otra forma— y echarle agua fría al asunto.
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Mientras tanto, corre el rumor en radiopasillo de que el PAN contempla una tercera opción, por si los ánimos se calientan y el grupo “cesarista” insiste en postular a un panista de cepa.
Otra vez, ahí está el detalle: ¿quién sería ese o esa panista de rancio abolengo? Volveríamos a las mismas andadas, porque cada bando tiene su propuesta de “tercero en discordia”, lo que provocaría que la lucha simplemente se trasladara a nuevos actores del mismo panismo capitalino.
La palabra la tiene el CEN del PAN: le paran a la música hasta ver qué pasa con el proceso contra César Jáuregui o se arrancan con lo que tienen hasta ahora.
Cualquiera de las dos decisiones tendrá un costo, y muy caro.
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El tono de la acusación de la Fiscalía General de la República (FGR) contra el exfiscal César Gustavo Jáuregui Moreno ha ido en aumento y, todo indica, así continuará mientras dure el proceso por el presunto delito de traición a la patria.
Según fuentes cercanas al proceso consultadas por Mirone, la FGR ha equiparado el ingreso de agentes de la CIA a territorio chihuahuense para participar en una operación antidrogas con la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, que terminó con la captura del presidente Nicolás Maduro y la imposición de una presidenta sustituta.
La forma en que se ha conducido el Ministerio Público Federal durante la audiencia se parece más a la de aquellos casos en que la parte acusadora apela a razones de Estado que a la aplicación estricta de la ley, tal como lo establece el artículo que invoca para intentar inculpar al exfiscal chihuahuense.
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Hasta antes de la detención del exfiscal, quien aspiraba a ocupar la alcaldía de Chihuahua, el caso se centraba en que había “destruido” un narcolaboratorio ubicado en el municipio de Morelos, allá, en lo profundo de la Sierra Tarahumara, y en que la acción de los agentes a su cargo no tenía más motivación que combatir a los cárteles de la droga.
Sin embargo, a juzgar por lo que ha trascendido desde la detención de Jáuregui por agentes federales, el caso va mucho más allá: se trata de la colaboración con agentes de la CIA, exboinas verdes con un largo historial bélico en las intervenciones de Estados Unidos en Afganistán, según la información difundida por diversos medios y en redes sociales.
No eran, pues, agentes de la DEA, expertos en el combate a los cárteles y en el aseguramiento de cargamentos de droga. No, eran operadores de inteligencia del Gobierno de Estados Unidos que participaron en el operativo realizado del 17 al 19 de abril de este año en El Pinal, municipio de Morelos, en funciones que todavía nadie explica con detalle.
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El juez de la causa le impuso prisión preventiva al exfiscal y fijó para el fin de semana la audiencia en la que se resolverá si es vinculado o no a proceso.
Para algunos estudiosos del derecho, el juez podría desechar la acusación por traición a la patria por considerarla insustancial, pues la conducta que se le atribuye no encuadraría en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 123 del Código Penal Federal.
Para otros, la detención por ese delito, sumada a las dos causas que se le siguen en el fuero común —ejercicio ilegal del servicio público y coalición de servidores públicos—, sería apenas el pretexto para mantenerlo bajo custodia mientras le acumulan otras acusaciones.
Lo que busca el Gobierno de la 4T es mandar un mensaje muy claro: los tratos con el Gobierno de Estados Unidos deberán pasar bajo la supervisión de la administración de la presidenta Sheinbaum y de nadie más.
Así que quienes andaban firmando acuerdos por aquí y por allá más vale que los echen para atrás. Si la cosa va por ahí, debe haber, a estas alturas, más de una barba puesta en remojo.
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El suplente de Alejandro Pérez Cuéllar en la diputación del Distrito 04, Joaquín Ruiz Olloqui Borunda, es sobrino del presidente estatal del Partido Verde Ecologista de México, Octavio “Tavo” Borunda Quevedo, quien además es diputado local.
Ahora sí que en el Partido Verde todo queda en familia, como suele pasar en ese tipo de franquicias partidistas. Con más razón si traen abolengo político-económico, ya que Tavo es descendiente del exgobernador Rodrigo M. Quevedo.
Muy contento andaba el dirigente en San Lázaro, en la Ciudad de México, hasta donde acudió para presenciar la asunción del joven Joaquín.
Pues resulta que Tavo no tiene uno, sino dos sobrinos como diputados federales, ambos hijos de sus hermanas.
El otro legislador federal es Javier Octavio Herrera Borunda. Él sí es diputado titular, pero llegó a San Lázaro por la vía plurinominal, representando a Veracruz dentro de la tercera circunscripción. Su padre fue nada menos que el exgobernador priista de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, y su madre, Rosa Margarita Borunda Quevedo, hermana fallecida de Tavo.
Así que allá tiene familia el dirigente estatal del Verde. Incluso el suplente de Alejandro Pérez Cuéllar creció en Veracruz antes de establecerse en Juárez y entrarle a las actividades político-electorales.
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Toda la familia se mueve en el sector empresarial, aparte de la política, y en el caso de Octavio Borunda, le hace también a la ganadería. El padre del nuevo diputado fue Carlos Ruiz Olloqui, promotor taurino que construyó el Solar de la Paloma en Juárez.
Lo que supo Mirone es que el joven Joaquín anda en Juárez en el negocio de las canchas de pádel, actividad en expansión en los clubes deportivos. Se le conoce también por ser de los jugadores habituales de golf en el Club Campestre.
El caso es que Borunda es diputado local y sus dos sobrinos, diputados federales, vinculando, como suele pasar, la política con los negocios o la actividad empresarial.
Con razón hay quien cree que el dirigente estatal superó en las prácticas de control familiar a María Ávila, quien antes encabezó al partido del tucán en Chihuahua y fue cuestionada por acomodar a la familia en los distintos espacios de representación política.
El martes que anduvo en la Cámara de Diputados, Tavo Borunda compartió las fotos con sus sobrinos —aunque nunca dijo que lo eran— y con el coordinador de la bancada verde, Carlos Puente Salas.
Aseguró que con los legisladores de su partido refrendó “la importancia de trabajar unidos y fortalecer la presencia de Chihuahua en la agenda legislativa federal” y cerró su mensaje con la siguiente línea: “¡La fuerza del Verde está en su unidad y en su compromiso de transformar!”. Mirone le agregaría que esa fuerza verde más bien está en la familia.
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Y si hablamos de control familiar, tampoco hay que olvidar que el presidente local del Partido Verde es Alejandro Pérez Escalante, el hijo del diputado con licencia, Alejandro Pérez Cuéllar.
Por cierto, se comenta en los círculos políticos mezclados de verde y guinda que Pérez Escalante podría aparecer como suplente de Luis Fernando Rodríguez Giner —otro descendiente de exgobernador— si avanza su proyecto por la diputación federal, justo en el Distrito 04.
Rodríguez Giner se registró en el proceso morenista para lo que se pueda ofrecer y justo el plan, de acuerdo con lo que se enteró Mirone, es que lo acompañe Pérez Escalante si finalmente su padre opta por no buscar la reelección en la diputación.
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La carrera por obtener la coordinación de Morena en el municipio de Chihuahua (candidatura, para los cuates) sumó otro aspirante.
Se trata del regidor, exbasquetbolista y expanista Miguel Riggs, quien este miércoles anunció que va en serio por la representación de Morena en la capital.
Ofreció una conferencia de prensa en la que confirmó que buscará la coordinación de Morena en Chihuahua, apenas unos días después de que otras dos militantes del partido guinda también levantaran la mano: la diputada local Brenda Ríos y la abogada Martha Serrano. Antes, el exdirigente estatal de Morena, Martín Chaparro, también había dicho “yo quiero”.
Las dos primeras parten de posiciones distintas: la diputada ha sido una crítica mordaz de la administración del alcalde Marco Bonilla, precandidato del PAN al Gobierno del Estado, mientras que la segunda reivindica su condición de morenista de cepa y luchadora de izquierda.
Riggs, en cambio, lleva tres brincos de partido en partido y nunca se le han conocido posturas realmente de izquierda.
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El regidor enfrenta una dura resistencia dentro del morenismo, no solo por su pasado “chapulinezco”, sino también por haber respaldado la venta de la calle Bustamante, entre la 21.ª y la avenida Universidad, al consorcio encabezado por la familia Mares, para construir un megacentro comercial.
Mientras sus compañeros de bancada morenista en el Ayuntamiento mantenían una férrea oposición al proyecto de vender esa vialidad, banquetas incluidas, Riggs se ausentó de la sesión en la que se discutió el tema, aunque antes había aprobado el proyecto en comisión. Eso no se le olvida a una buena parte del morenismo.
En su defensa, el varias veces excandidato por distintos partidos, aseguró que la construcción traerá beneficios a la zona, un mejoramiento urbano significativo y una recaudación que llegaría a los 18 millones de pesos para el municipio, recursos que se invertirían en vialidades. Bonitas intenciones, pero hasta ahora no consigue convencer a los morenos enmuinados por su decisión.
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De ser elegido candidato, sería la tercera ocasión en que buscaría la Presidencia Municipal de Chihuahua, cada vez con un partido distinto. En 2013 lo hizo por el PAN; en 2021, por Movimiento Ciudadano, y si los vientos color guinda y blanco le favorecen, en 2027 se lanzaría por Morena. ¡Toda una paleta de colores!
La pregunta para Morena es cuál de las cuatro opciones que se han hecho notar hasta ahora puede aportarle el mayor caudal de votos para evitar un desfonde en un municipio como Chihuahua, donde nunca ha ganado ni un reintegro.
No se trata solamente de perder, sino de hacerlo con honor y aprovechar la coyuntura para rescatar algo del voto que podría perder el PAN a causa del conflicto interno desatado por la disputa de la candidatura a la Presidencia Municipal.
Falta ver si Riggs, ex de varios partidos; Brenda Ríos, ex del Partido Verde, o los morenistas de carrera, Martha Serrano y Martín Chaparro, consiguen sacar provecho de la situación.
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Ya habíamos comentado aquí que en el PAN se las pusieron muy difíciles a los 121 aspirantes a los cargos que estarán en juego en 2027 en Juárez y que pasaron el primer filtro de entre los 204 registrados.
Para librar el segundo filtro en busca de las coordinaciones, tienen que reunir 6 mil firmas si van por la alcaldía, 4 mil si van por la sindicatura y mil 500 si quieren las diputaciones o las regidurías.
Resulta que muy poquitos, apenas un puñado, consiguieron los apoyos con las firmas y las credenciales de elector que deben subir a la plataforma habilitada por el Comité Ejecutivo Nacional del PAN, el mentado CEN.
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El plazo venció el 18 de octubre, pero lo que supo Mirone es que varios de los interesados pidieron prórroga al Comité Municipal del PAN.
Y como no quieren los azules que todo mundo quede fuera, están ampliando el plazo. El Comité lo extendió hasta el 31 de octubre, pero únicamente a aquellos que hagan la petición formal por escrito.
Así que está vigente la segunda fase y quienes se mantienen en la competencia deberán batallar otro rato para cumplir la meta en los diez días que restan.
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Entre los 121 aspirantes, 9 buscan la alcaldía, 6 la sindicatura, 45 las regidurías, 56 las diputaciones locales y las diputaciones federales.
Una decena tiró la toalla desde antes de que se venciera el primer plazo y muchos más ni siquiera pedirán la ampliación porque ya vieron que no es tarea fácil. Para cumplir con el procedimiento, también deberá notificarse por escrito el desistimiento.
Los que no hayan cumplido y no hayan pedido ampliación de plazo, simplemente quedarán descalificados.
Don Mirone