De nuevo es Chihuahua noticia nacional y hasta internacional con la detención del exfiscal César Jáuregui Moreno.

La noticia ganó espacios en portales de los medios de comunicación más influyentes del mundo, los cuales abordaron el acontecimiento bajo un enfoque de crisis diplomática y seguridad bilateral, previendo graves implicaciones políticas que el caso representaría para la relación entre los gobiernos de México y Estados Unidos.

Las agencias internacionales ya centran sus narrativas en la excepcionalidad jurídica de las acusaciones.

Hasta ahora la discusión estatal y nacional se ha centrado justo en lo más doméstico que tiene que ver con el contexto de la sucesión panista en la capital del estado, los ajustes y los juegos de poder internos, pero sin duda que escalará el debate en torno al Derecho Internacional y la geopolítica binacional.

El foco se dirige de nuevo a la manera en que un funcionario de un gobierno panista y por lo tanto vinculado a la derecha en la geometría política nacional e internacional, presumiblemente autorizó la operación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), vulnerando los protocolos de soberanía y seguridad nacional.

Revivió el CIA-Gate y está por verse cómo actúa la Fiscalía General de la República (FGR) que está acusando a Jáuregui del delito de traición a la patria, algo que resulta simplemente inédito en la historia moderna del país, ya que únicamente se habían lanzado acusaciones mediáticas en contra de distintas figuras políticas nacionales.

Nada formal, como lo que está detrás de la orden de aprehensión solicitada por la FGR y cumplimentada después de que se hizo efectiva la orden de aprehensión por los delitos del fuero común (ejercicio ilegal del servicio público y coalición).

Correrá mucha tinta para hablar de la configuración del delito de traición a la patria, lo que no será fácil acreditar para la FGR dentro de un amplio listado de supuestos, para que uno o varios encajen en las acciones o conductas atribuidas al exfiscal.

Realizar actos contra la independencia, soberanía o integridad del territorio nacional con la finalidad de someterlo a una potencia, grupo o gobierno extranjero; formar parte de fuerzas armadas enemigas o combatir a México bajo banderas extranjeras; solicitar, facilitar o promover una intervención armada extranjera en el país; inducir o apoyar a una potencia extranjera para declarar la guerra a México o unirse a un enemigo de la Nación durante un conflicto bélico; entregar a un gobierno extranjero planos, documentos, secretos militares o de Estado que pongan en riesgo la seguridad de la nación;  facilitar al enemigo pertrechos, víveres, armas o pertrechos de guerra; aceptar cargos, comisiones o empleos de una potencia invasora y dictar o votar medidas dirigidas a afirmar al gobierno intruso y debilitar al nacional; cometer rebelión, sedición, terrorismo, sabotaje o conspiración una vez declarada la guerra o rotas las hostilidades con otra nación. 

Si se lee lo anterior, establecido en el Código Penal Federal, en esencia se entiende el delito de traición a la patria en un contexto de estado de guerra, por lo que hay mucha expectativa sobre las argumentaciones que utilizará la representación social para poder enjuiciar al exfiscal chihuahuense.

La fiscal general Ernestina Godoy señaló que Jáuregui habría permitido que personas extrajeras intervinieran sin autorización en territorio nacional y en acciones que solo corresponden a las fuerzas federales, lo que “atenta contra la integridad y la soberanía de la nación”.

Ya se verá qué elementos tiene realmente la FGR para sostener la acusación. Por lo pronto, no hay por ese lado mucha información y se desconoce cómo se coordinarán los órganos jurisdiccionales estatales y federales para que el detenido pueda responder ante la justicia en ambos órdenes.

¿Se quedará en Chihuahua o se le mandará al Altiplano? Esa es la otra clave importante del caso, porque seguramente habrá requerimiento judicial promovido por la FGR en ese sentido.

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Por todos lados andan los ajustes de cuentas. En el Tribunal Superior de Justicia le tocó el turno a la magistrada Diana Margarita Félix Sierra.

Se puso a llevarles las contras a quienes mandan en el Poder Judicial y terminó castigada con su reasignación de una sala de la capital del estado a otra de Ciudad Juárez.

Por puritita coincidencia, Félix Sierra está casada con el polémico exmagistrado Luis Villegas Montes, el abogado panista de toda la vida que precisamente llegó al Poder Judicial por las negociaciones que el PAN hizo en 2014 con el entonces gobernador César Duarte Jáquez.

Villegas, hasta entonces experto en temas electorales fue impulsado para convertirse en magistrado en materia Civil, por quien fuera el coordinador de la bancada panista en el Congreso del Estado, su amigo César Jáuregui Moreno, hoy defenestrado por el grupo en el poder del que antes fue parte.

El movimiento de Diana Margarita se conoció el fin de semana, antes del bombazo de la detención de Jáuregui que movilizó a Villegas a la defensa jurídica y política de su amigo panista.

El poderoso Órgano de Administración Judicial notificó el cambio de adscripción para Félix Sierra, quien despachaba en la Octava Sala Civil del Distrito Morelos y ahora es enviada a la Tercera Sala Regional Civil del Distrito Judicial Bravos, en Ciudad Juárez.

La magistrada Adriana Salcido Burrola, titular de la Tercera Sala se despidió desde el viernes de su personal en Juárez. Estaría encabezando la Segunda Sala Civil, en sustitución del magistrado Yamil Athié Gómez, quien asumiría la titularidad de la Octava Sala Civil, apenas unas semanas después de que se reubicaron las salas de Hidalgo del Parral.

Desde que se reconfiguró el Poder Judicial con la elección en la que resultó electa su esposa y dejó en el retiro a Villegas, el abogado asumió públicamente una crítica feroz al desempeño del Tribunal y varios de sus integrantes, al mismo tiempo en que la magistrada Félix -quien ya era parte del Poder Judicial antes que llegara su esposo- mostró críticas a la actuación de la Presidencia y dejó constancia de algunos votos en contra de los proyectos oficiales, en el Pleno del Tribunal.

Justo en la anterior sesión había cuestionado los cambios de las salas de Parral a Chihuahua. Y zaz, llegó el golpanazo para mandarla a Juárez, donde los que son de la capital, nunca quieren estar, porque además de que los alejan de su terruño y de su familia, saben que acá se trabaja al doble con la mitad del personal que en el Distrito Morelos.

Supo Mirone que lo que se argumentó para hacer el cambio, fue la petición de la magistrada Adriana Salcido -la hija del exmagistrado presidente del Tribunal, José Salcido Burrola que viene de carrera judicial – para regresar a la capital a atender su situación familiar.

Se supone que el Tribunal Superior todavía deberá aprobar los cambios en sesión del Pleno. Era el movimiento en el Poder Judicial el chisme del fin de semana, hasta que se conoció la detención del exfiscal Jáuregui Moreno.

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Hubo otra sacudida el fin de semana que de alguna manera se lee también como ajuste de cuentas en la grilla de la administración pública vinculada a las estrategias partidistas.

Hablamos de la salida del doctor Rogelio Covarrubias como director del Distrito de Salud 2 Juárez, el mero mero del sector salud estatal en esta frontera.

También se despidió de toda su gente y de los trabajadores de las oficinas estatales el fin de semana. Lo hizo físicamente y en varios grupos de WhatsApp.

Supo Mirone que él mismo comentó que dejaba su cargo porque por instrucciones superiores le pidieron entregar la renuncia. Así lo hizo y quedó ya fuera de la estructura de Gobierno del Estado.

Lo que hasta ahora ha trascendido es que el doctor Covarrubias se resistió siempre ha involucrarse en la operación política que desde el Sistema PAN se empezó a articular hace tiempo con todas las dependencias estatales en Juárez.

Desde luego que nada de político tiene el perfil de la dependencia de Salud y por lo visto no hubo disposición de meter a las dinámicas partidistas al personal médico, pero tampoco a nadie más, aunque sea bastante choncho el personal en ese sector.

Nada de Toca-Toca, Terremotos y otras activaciones ideadas entre Pueblito Mexicano y el Comité Municipal del PAN, impulsadas por el Comité Ejecutivo Nacional y operadas aquí por un grupo especial de estrategas.

Total que ya lo traían en la mira por la negativa a involucrarse en el trabajo político y la no presentación de resultados. Así que finalmente le dieron las gracias desde las estructuras centrales de Gobierno del Estado. A ver ahora qué perfil más político aparece en ese cargo.

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Después de una semana de protestas de trabajadores del IMSS el respetable público ya puede tener tres conclusiones.

Que el sindicato y el Instituto son igual de herméticos para dar a conocer información cuando no les conviene.

Que los trabajadores solo se animaron a marchar para exigir un aumento salarial.

Y que los problemas de fondo, desde falta de medicinas hasta cancelación de citas por falta de médicos especialistas y equipo, seguirán siendo el pan de todos los días.

Nadie puede dejar de reconocer el esfuerzo de los miles que integran la plantilla laboral en el IMSS; solo en Juárez se estima que rondan los nueve mil empleados. Sin embargo, estaba claro que una vez que lograron su objetivo de rechazar el aumento del 2.9 por ciento que les habían ofrecido, las manifestaciones bajarían de intensidad, como ya ocurrió desde el jueves pasado.

Esa también es la postura de las cámaras empresariales que ahora sí se pusieron de acuerdo y salieron a señalar las graves carencias de la institución.

Canaco, Coparmex y CCE coincidieron en que el IMSS enfrenta un problema estructural que solo se va a componer con presupuesto público.

¿De qué le sirve a la población recibir beneficios en programas sociales, si al final va a tener que ocupar ese dinero en pagarse los servicios médicos que el gobierno no puede proporcionarle?

Desgraciadamente, no se vislumbran soluciones a los problemas de fondo.