En general, nadie va a decir que no a la realización de una obra pública y, aunque los arranques representen buenas noticias, nunca dejan de encenderse las alarmas por los impactos negativos que generan cuando no se planean bien ni la autoridad toma las debidas previsiones.

Ya los juarenses empiezan a temblar porque se anunciaron cinco obras de manera simultánea, lo que la ciudad no está en condiciones de soportar.

Prácticamente al mismo tiempo se trabajará en el paso deprimido de Talamás y Libramiento Independencia, en el puente de Juan Pablo II y Valle del Sol, en el paso deprimido de Juan Pablo II y Francisco Villarreal, en el puente de Teófilo Borunda y Paseo de la Victoria, además del paso deprimido de Gómez Morín y prolongación de Paseo de la Victoria (Crucero de la R).

Hablamos de proyectos que buscan mejorar la movilidad, pero precisamente en su calendarización y ejecución suelen arrastrar los consabidos atorones y estrangulamientos que, al prolongarse más allá de los plazos establecidos, terminan desquiciando a la ciudad y a sus habitantes.

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El déficit estructural, la histórica falta de planeación, la deficiente traza urbana, el mal estado de las calles y, justamente, la falta de conectividad terminan por hacer casi imposible la articulación de vías alternas, y todo termina convertido en un caos.

Y si un caos ya es suficiente, multiplicarlo por cinco está de locura.

¿Por qué todas las obras de un trancazo y no una ejecución escalonada y con mejor distribución de plazos? Por lo visto, porque no son muy eficientes para desarrollar los proyectos y conseguir recursos en tiempo, además de que ahora todos corren contra reloj para terminar las obras antes de la jornada electoral del próximo año.

Lo mismo pasa con el Gobierno del Estado que con el Gobierno Municipal. El primero trae tres obras y el segundo dos más, con el mismo calendario y cálculo electoral enfrente.

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Intentarán quedar bien con el electorado, pero si no se preparan debidamente con los planes de vías alternas y el cumplimiento estricto del calendario de obras, les podría salir el tiro por la culata. Los supervisores de obra y los agentes de vialidad, con todo el apoyo de señalización y hasta de las áreas que deberán habilitar las calles alternas, tendrán una enorme tarea por delante.

Nada más hay que recordar cómo terminó enojada la gente cuando se dejó el tiradero de obras en la avenida Tecnológico durante la pasada administración estatal, cuando también hubo atorones y puentes eternos en las obras empalmadas del corredor de la Francisco Villarreal.

Todo por aventarlo al mismo tiempo y al final de la gestión. Ahora sí que, como dirían en el rancho, “¡que Dios nos agarre confesados!”, frente al desquiciamiento vial que amenaza con aparecer nuevamente.

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El Congreso del Estado se convirtió ayer en ring, con el PRI, el PAN y Morena enfrascados durante dos horas en una discusión sobre el desfile de plataformas que recorrió el centro de Ciudad Juárez el pasado 10 de octubre.

El episodio, relacionado con el acto en el que Marco Bonilla, alcalde con licencia de Chihuahua, rindió protesta como coordinador de la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad, desató una caravana de oradores que llevaron el pleito hasta la tribuna.

Entre las carteleras contra personajes de Morena, la participación de bailarinas y las plataformas sin protección ni redilas, hubo material suficiente para que las bancadas se repartieran acusaciones y argumentos. El desfile terminó en el Congreso, aunque esta vez los que pasearon fueron los reproches.

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La bancada de Morena pidió que el Instituto Estatal Electoral (IEE) investigara quién organizó el recorrido y aplicara sanciones. Sus legisladores señalaron que la exhibición “cosifica” a las mujeres y que las condiciones de las plataformas pusieron en riesgo a quienes viajaban en ellas.

Del otro lado, PRI y PAN rechazaron los planteamientos. Para el diputado priista Arturo Medina, el asunto ya estaba “suficientemente discutido”; para los panistas, no ameritaba una sanción del órgano electoral.

Pero de suficientemente discutido tuvo poco, a juzgar por las dos horas de jaloneo legislativo. Ninguno dio su brazo a torcer y cada bancada se mantuvo en su posición.

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Al final, el Congreso aprobó un exhorto, aunque con cambios respecto al que presentó la diputada morenista Magdalena Rentería. La modificación llevó a la bancada de Morena a optar por no votarlo.

Es decir, hubo exhorto aprobado, pero no acuerdo entre los protagonistas del zafarrancho. Unos exigieron investigar y sancionar; otros rechazaron que el episodio ameritara ese tratamiento, y la discusión acabó con cada quién en su esquina.

Si así se ponen por un desfile, ya se imaginarán cómo vendrán las siguientes sesiones conforme avance la disputa por la gubernatura del estado. Por lo pronto, en el Congreso ya calentaron la tribuna.

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Quien se dio su vuelta por Juárez fue la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Marcela Herrera Sandoval.

Formal y oficialmente, se aventó un recorrido por las nuevas oficinas del Juzgado Coadyuvante, que está a cargo de la jueza Cristina Ivonne Borunda.

También visitó, ahí en el edificio del eje vial Juan Gabriel, el lugar donde se habilitaron las Salas de Escucha para Niñas, Niños y Adolescentes.

De manera informal, supo Mirone que convocó a un desayuno con las magistraturas en el café Rocco Cantabria, de Paseo Triunfo de la República y avenida Del Charro.

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Digamos que fue para mantener los canales de comunicación abiertos y tantear los ánimos y los afectos de los integrantes del Tribunal en el Distrito Judicial Bravos.

Todos acudieron a la convocatoria, con excepción de la magistrada en materia civil, Angélica Mendoza. Así que ahí va diciendo cómo anda esa relación de la primera dama de Juárez con la estructura central del Poder Judicial.

Nada se planteó en el desayuno fuera de la convivencia y los saludos respectivos. Ahora sí que cada quién sabe con quién trae sus pleitos y cuáles son los puntos de acuerdo y de desencuentro que no fue necesario poner sobre la mesa.

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Lo que también dijo bastante en la visita de la magistrada presidenta fue que, en su recorrido por los edificios de los juzgados civiles y familiares del eje vial, únicamente se paró en las salas en materia civil de Ángélica Delgado y del magistrado Emmanuel Chávez Chávez.

No visitó ni a la magistrada en materia familiar Sara Julieta Muñoz Andrade, ni se dejó ver por la sala civil de Adriana Salcido.

Quien la estuvo acompañando en su gira por Juárez fue el magistrado Yamil Athié. Él será el presidente del Tribunal Superior para el segundo periodo de dos años, ya que resultó la segunda persona más votada en la elección de junio de 2025.

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En las instalaciones del IMSS se respira una “calma chicha”, de esas en las que parece que no pasa nada, aunque está a punto de tronar alguna caldera.

Hasta este jueves 15 de octubre, el desencuentro al interior del sindicato entre los que aceptaban la oferta del Gobierno federal —6.8 por ciento de incremento salarial— y los que se mantienen firmes en un aumento del 10 por ciento directo no había llegado aún a las salas de urgencias, a los consultorios o a las farmacias.

Durante el jueves, los servicios al público que ofrece el IMSS en el estado se mantuvieron como todos los días: de mal en peor, pero en activo. Los consultorios estaban operando, con su médico recibiendo pacientes; las farmacias, abiertas, aunque con pocas medicinas, y los quirófanos, listos para hacer intervenciones, aunque con una larguísima fila de espera.

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Lo que enchina la piel es la sola idea de que un empantanamiento de las negociaciones entre el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) y la dirección del IMSS derive en un paro de labores, así sea parcial, y agrave la situación que ya era de apremio mucho antes de que estallara el conflicto intrasindical.

Fuentes al interior del IMSS le contaron a Mirone que, hasta el momento, no hay “línea” de parar los hospitales, así sea de manera temporal o parcial, al menos mientras se vuelven a sentar a la mesa de negociaciones.

Al parecer, según las mismas fuentes, hasta los más enojados por los bajos sueldos y las malas condiciones en que laboran son renuentes a dejar de atender a la población derechohabiente, porque saben que, de por sí, sus integrantes ya pasan auténticos calvarios antes de recibir la atención médica que buscan.

Sin embargo, la sombra del paro, la afectación de la calidad del servicio —de por sí, a la baja— y la radicalización de las protestas tienen de nervios a la dirección, a los usuarios, al personal médico y hasta al propio sindicato.

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El problema, le cuentan a Mirone, es que el pliego petitorio de la parte sindical está muy por encima de lo que había ofrecido el Gobierno: 6.8 por ciento, de los cuales solo el 2.9 por ciento sería directo al sueldo tabular y el 3.9 por ciento en prestaciones. Una oferta muy lejos del 10 por ciento directo que pide la mayoría de los sindicalizados.

La otra parte del reclamo —la falta de insumos, el personal insuficiente y las malas condiciones en que se encuentran las clínicas del IMSS— es un problema que se arrastra desde hace muchos años y difícilmente se resolverá en una mesa de negociaciones.

En Chihuahua, clínicas y hospitales del IMSS continúan operando como hasta antes del conflicto. ¿Por cuánto tiempo más? Difícil de asegurar; no queda más que confiar en el buen juicio de las partes.