Los últimos meses han puesto bajo presión al sistema de salud que depende del Gobierno federal. Trabajadores de distintas instituciones denuncian falta de medicamentos, insumos, equipo y personal. Del otro lado, el Gobierno responde con porcentajes de abasto que parecen bastante saludables. Qué bueno. El problema es que las estadísticas no se pueden inyectar, una gráfica no sustituye una jeringa y ningún paciente mejora porque le enseñen un informe.
La titular del poder ejecutivo federal, Claudia Sheinbaum, ha destacado niveles de abasto superiores al 97 por ciento. Sin embargo, el comunicado del IMSS del 10 de octubre sitúa su promedio en 94 por ciento y reconoce saturación, tiempos de espera y dificultades para suministrar medicamentos. Las cifras corresponden a sus respectivos reportes; ninguna demuestra que cada hospital tenga todo lo necesario. Un promedio nacional puede lucir bien mientras una unidad trabaja con carencias. Y al enfermo le toca esa unidad, no el promedio.
Las protestas se han extendido a distintas ciudades para el martes 13 de octubre (día en que escribo), y fue convocada una marcha nacional. (Hasta el momento no ha iniciado).
Las demandas incluyen mejores condiciones laborales y suministro de medicamentos e insumos. La inconformidad requiere respuestas comprobables: qué falta, dónde falta y cuándo llegará. Porque el derecho a la salud comienza a parecer un trámite de paciencia cuando el paciente debe esperar también lo indispensable para atenderlo.
En Ciudad Juárez, la nota de Carlos Omar Barranco, reportero de Norte Digital, pone nombres y rostros a las denuncias. Brenda Hernández y Carlos Campos, enfermeros del Hospital General de Zona número 6 del IMSS, describen escasez de materiales y personal, jornadas pesadas y condiciones deficientes. Hernández refiere que durante el turno nocturno pueden quedar hasta quince pacientes a cargo de una enfermera, incluidos enfermos en estado crítico.
Quince pacientes no son quince expedientes acomodados sobre un escritorio. Son personas que pueden requerir vigilancia, medicamentos y ayuda al mismo tiempo. Cuando una enfermera debe repartirse entre demasiados enfermos, el tiempo se vuelve un recurso escaso. La vocación ayuda, pero no multiplica las manos. Aplaudir al personal mientras se le exige cubrir lo que falta resulta muy cómodo para quien administra desde una oficina.
Los testimonios recogidos por Barranco agregan denuncias sobre camas deterioradas, goteras, falta de jabón y cirugías suspendidas por ausencia de equipo o instrumental. Deben investigarse en cada unidad y recibir una respuesta puntual. Si se confirman, alguien tendrá que explicar cómo se permite trabajar así. Si alguna denuncia es incorrecta, la institución debe demostrarlo. Un comunicado general no resuelve una carencia concreta.
También existe una disputa salarial. Sería incompleto presentar las movilizaciones únicamente como una protesta por medicamentos. El IMSS informa que el incremento sometido a consulta el 14 de octubre es de 6.8 por ciento, integrado por 2.9 por ciento al salario tabular y 3.9 por ciento en prestaciones. Esa composición importa para entender el desacuerdo. El porcentaje anunciado y lo que el trabajador recibe en cada concepto deben explicarse sin prestidigitación administrativa.
Pero una controversia salarial tampoco cancela las denuncias sobre la atención. Ambas pueden existir y ambas merecen respuesta. El Gobierno tiene derecho a informar lo que ha construido y contratado. También tiene la obligación de verificar si esos avances alcanzan para atender la demanda. Más trabajadores en el registro nacional pueden coexistir con falta de personal en un turno. Más hospitales pueden coexistir con una cama que no funciona.
Ya lo planteamos aquí en “Protestantes”, el éxito de una movilización se mide cuando un médico tiene con qué operar. Hoy debemos añadir que una enfermera tenga tiempo y herramientas para cuidar, y que el paciente reciba su tratamiento. Una disculpa puede reparar una descortesía. Un anuncio puede abrir una expectativa. Para atender a un enfermo hacen falta personas, materiales y decisiones que lleguen hasta su cama.
La obligación del Gobierno es convertir sus cifras en atención comprobable. Publicar las carencias por unidad, corregirlas y rendir cuentas permitiría contrastar las denuncias con los hechos. Porque un medicamento puede faltar en un porcentaje pequeño del informe y representar toda la esperanza de quien lo necesita. Mientras esa distancia siga abierta, las protestas tendrán motivos para continuar. Ahí está el meollo del asunto.
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