La mañana de este miércoles, integrantes de la asociación civil Causa en Común presentaron en las instalaciones de la UACJ el Informe de Transparencia 2025 Sobre Instituciones de Seguridad Pública, Penitenciarias y de Procuración de justicia, en evento que realizó la coordinación de la licenciatura de Seguridad Pública y Políticas Públicas.
El documento –que se elaboró a partir de solicitudes de información pública– evalúa el cumplimiento de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y otras normas mediante tres instrumentos: Intrapol (policía), Intrapen (penitenciario) e Intrapro (procuración de justicia), midiendo en una escala que va de 0 (cumplimiento total) a -100 (incumplimiento total).
Nancy Canjura, investigadora de Causa en Común, detalló que la policía estatal de Chihuahua respondió el 95 por ciento de la información y ocupó el décimo lugar nacional. Sin embargo, no cubrió la mitad de lo que exige la norma.
Entre los hallazgos, destacó la disminución de 60 elementos en el estado de fuerza, la falta de convocatoria de promoción de grados y la ausencia de galerías de tiro y pista de manejo en la academia, puntualizando que, el costo por cadete es de 29 mil 228 pesos, superior a la media nacional, que oscila entre 13 mil y 18 mil pesos.
En perspectiva de género la calificación fue de -70. Aunque las mujeres representan el 35 por ciento del personal, únicamente el 13 por ciento funge como mandos operativos y apenas el 10.3 por ciento recibió capacitación en el tema. Tampoco existen sala de lactancia, guardería ni área especializada para violencia de género.
Fernando Escobar, investigador de Causa en Común, reportó que el Sistema Penitenciario de Chihuahua carece de un sistema de carrera para el personal custodio.
Además, tampoco cuenta con los 23 protocolos de internamiento dignos, previstos en la ley, omitió la entrega de datos sobre evaluaciones de control de confianza. La calificación de -68 se acompaña de un 82 por ciento de información entregada.
El personal femenino representó el 31 por ciento y casi la mitad realiza labores operativas; además, destacó la existencia de dos penales exclusivos para mujeres.
Claudia Morales, coordinadora de proyectos en Impunidad Cero, señaló que la Fiscalía de Chihuahua solo entregó el 63 por ciento de la información requerida y que obtuvo una calificación de -100, ya que no se conocen canales de denuncia, mecanismos de control interno ni protección a denunciantes.
Aunque señaló que la carrera ministerial y de investigación muestra fortalezas, como convocatorias de promoción y volumen alto de capacitación, el personal pericial queda rezagado, así como la autonomía de la institución, que sigue dependiendo del Poder Ejecutivo.
Por su parte, la doctora, Norma Yrasema Bazán, destacó que estos resultados reflejan un debilitamiento crónico de las policías frente a la militarización de la seguridad pública y un abandono institucional de los elementos. Recordó casos como el de las familias de policías fallecidos en la fuga del Cereso número 3, que aún no reciben las prestaciones correspondientes.
El maestro, Carlos Iván Álvarez Hernández, juez en retiro, subrayó que la opacidad de la Fiscalía en el régimen disciplinario y la autonomía limita la rendición de cuentas y afecta la confianza ciudadana.
Los panelistas coincidieron en que las “tuercas y tornillos” que la ley ya contempla, como sistemas de carrera, protocolos, capacitación continua, seguridad social completa y perspectiva de género, siguen sin implementarse de manera sistemática.
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