Ahora que está por salir la convocatoria para las coordinaciones distritales de la Defensa de la Transformación, le llegaron datos a Mirone sobre las figuras morenistas que más movidas o perfiladas andan para pelear las candidaturas a las diputaciones.

Si empezamos por el Distrito 01, ese que está en manos de Daniel Murguía, pero que otros intentarán arrebatarle desde adentro de Morena, se ha visto operación en territorio de la diputada local María Antonieta Pérez Reyes, igual que del director de Desarrollo Social del Municipio, Hugo Vallejo.

También traen presencia en ese territorio la regidora Mary Adame y la diputada local por el Distrito 07, Lizzy Guzmán, quien tendría la oportunidad de buscar el federal, aunque tiene más seguro su distrito local, ahí donde tiene derecho a la reelección.

Así puede ocurrir con algunas figuras que traen trabajo de territorio en demarcaciones federales, como la regidora Adame. Ha recorrido el 01 federal, pero bien podría caer en alguno de los locales que lo integran. Los distritos locales 07 y 09 quedan dentro del 01 federal.

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Si hablamos del Distrito 02, que por tres periodos ha mantenido Mayté Vargas, los más movidos ahí son el coordinador de la bancada de Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada, y el director de Atención Ciudadana Suroriente, Víctor Valencia Carrasco, hijo del finado Víctor Valencia de los Santos.

Pasando al Distrito 03, el que seguramente querrá conservar Lilia Aguilar para ella o para alguien más del PT, también hay varios levantando la mano y recorriendo el territorio, como Julio César de la Cruz, director de Asentamientos Humanos del Gobierno Municipal, y Omar García Palomares, exdirector regional de Programas para el Bienestar del Gobierno Federal.

Además, ahí levantó la mano la diputada local Jael Argüelles. No le queda claro a Mirone hacia dónde terminará de apuntar su flecha, pero el regidor Antonio Domínguez también ha trabajado ese territorio, aunque de repente aparece por el Distrito 04 y ha declarado que incluso buscaría registrarse por la coordinación municipal.

Podría ser que, al final, Domínguez termine en el Distrito 06 local, que forma parte del 03 federal, o en el Distrito 04 local, que está dentro del 04 federal. Trae pintas el regidor por todos lados.

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Si seguimos en el Distrito 04 federal, también trae operación el regidor Alejandro Acosta, lo mismo que Amanda Rocha, una de las fundadoras morenistas que está en el equipo de Salud Casa por Casa y que es la suplente de Rosana Díaz, la exmorenista diputada por el Distrito 04 local.

Por todos lados surgen prospectos. En terrenos de la Presidencia Municipal, supo Mirone que también levantaron la mano el director de Participación Ciudadana, Sebastián Aguilera, y la coordinadora del Centro Fundacional, Daniela González.

Además, varias regidurías están apuntando al Congreso del Estado, como es el caso de Jorge Bueno. Lo mismo estaría pensando la síndica municipal, Ana Carmen Estrada, quien antes ya fue diputada local.

Y eso que prácticamente hemos hablado aquí nada más de prospectos de los equipos montielistas y crucistas. Todavía faltan quienes corren por otra vía y seguramente se van a registrar cuando se publiquen las convocatorias.

Ahora sí que será muy poca agua bendita para tantos infiernitos.

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Si nos vamos a los terrenos panistas, también sobrarán muchos aspirantes a las distintas candidaturas, con todo y que Juárez esté muy pintado de guinda.

Nomás hay 24 espacios para llenar, pero en la plataforma digital se registraron 204 aspirantes: 18 por la alcaldía, 74 por las regidurías, 86 por las diputaciones locales, 14 por la sindicatura y 12 por las diputaciones federales.

El Comité Municipal del PAN decidió no proporcionar el listado de nombres de los inscritos, pero dejó a su criterio la decisión de hacer público su interés, si así lo desean.

De cualquier manera, se han ido conociendo nombres de quienes buscan obtener candidaturas para la elección de junio de 2027.

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Si nos vamos a la estructura del Gobierno del Estado, entre los anotados están la subsecretaria de Desarrollo Humano y Bien Común, Austria Galindo, al igual que el recaudador de Rentas, Raúl García Ruiz. Ambos se anotaron por la alcaldía juarense.

También está Carlos Ortiz, el representante de la gobernadora Maru Campos, quien alzó la mano por el Distrito 05 local.

Igualmente, buscando diputaciones locales, figuran Amparo Beltrán, coordinadora de Comunicación Social Zona Norte; Óscar Lozoya, delegado de la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura (Coesvi), y Mono Peña, delegado del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa (Ichife).

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Fuera de la estructura estatal, el regidor Alejandro Jiménez se registró por el peleado Distrito 05, el único que actualmente tiene el PAN con Xóchitl Contreras, quien cumplió el trámite para pedir la reelección, que suena bastante complicada.

David Rodríguez, veterano exlegislador y exregidor, fue otra de las personas que hicieron público su registro por una diputación.

Si hablamos de regidurías, está el caso de Richy Vega, coordinador de Gabinete Zona Norte, quien pretende llegar al Ayuntamiento, igual que lo intentará Beka Muñoz, quien encabeza la estructura de mujeres como parte del Comité Municipal del PAN.

Ahora que ya está en marcha el proceso de entrevistas a los aspirantes registrados en la aplicación, por parte de la Comisión de Evaluación, se irán conociendo más nombres de todo el titipuchal de interesados.

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La “austeridad republicana” llegó al Poder Judicial del Estado de la manera más ramplona: se ha limitado el número de copias que puede obtener un operador del sistema judicial, sea abogado defensor, agente del Ministerio Público o cualquier otro infortunado que tenga necesidad de copiar un expediente completo.

Son 20 copias por persona, y nomás. ¿Y si el expediente tiene 100 hojas? El operador verá cómo le hace: volver al otro día, darse cinco vueltas para completar las cien o, de plano, aprendérselas de memoria.

Parece chiste cruel, pero ahí está el anuncio, pegado al cristal del área de copiado de la torre del Tribunal Superior de Justicia.

Y eso no es todo, no. Si se trata de imprimir documentos, son apenas cinco por persona, y en físico; nada de enviarlos por WhatsApp ni de llevar una memoria USB. La austeridad, pues, también llegó al siglo XXI, aunque en sentido inverso.

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Si pensaban que ahí termina todo, ni se imaginan cómo está el manejo del archivo.

Lo que le cuentan a Mirone algunos desventurados operadores del sistema judicial, que ya de plano no encuentran la puerta, es que mandaron el archivo hasta las instalaciones del C4, allá por la carretera que une a las ciudades de Aldama y Chihuahua.

Luego, cuando solicitan algún documento —o algunos, para ser precisos—, pueden tardar hasta una semana en entregárselos, lo cual hace más lenta —¡todavía más!— la marcha de la justicia.

¡Ah! Y que no se le ocurra al litigante pedir una copia certificada, porque entonces sí tendrá que esperar, y en serio. Al parecer, hay documentos que requieren más tiempo para viajar que algunos funcionarios.

De los traslados ya mejor ni hablar. Moverse desde la llamada “Ciudad Judicial”, en el mero centro de la capital, hasta el famoso C4 implica enfrentarse al tráfico congestionado de la ciudad, sobre todo en horas hábiles, y todo para que, después del recorrido, les digan que el documento que solicitaron todavía no está listo.

¿Listo para qué? ¿Acaso es un taller mecánico donde reparan autos?, se preguntan los impacientes solicitantes.

Y así, entre copias racionadas, archivos a kilómetros de distancia y documentos que se toman una semana para aparecer, la justicia puede esperar.

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La indisponibilidad de los documentos es apenas uno de los muchos puntos que los abogados colegiados o agrupados en barras y asociaciones quieren poner sobre la mesa con las autoridades estatales de todos los órdenes.

No es posible, dicen —y no les falta razón—, que hace apenas un año se hayan celebrado elecciones para conformar el nuevo Poder Judicial; que se cuente con una torre de diez pisos que engalana el centro de la ciudad capital; que se hagan reformas rimbombantes al sistema de justicia y que, al mismo tiempo, falte lo más elemental para que abogados y ciudadanos puedan acceder a un expediente.

Porque una cosa es hablar de modernización de la justicia y otra, bastante distinta, tener que hacer fila para sacar 20 copias.

Lo que falta ahora es definir cuándo se llevará a cabo esa reunión, porque lo que nos cuentan es que ni el Ejecutivo, ni el Legislativo ni el Judicial han dado fecha.

No le quieren entrar, dicen, porque no tendrían dinero para hacer las adecuaciones que les van a plantear.

Así que mejor los traen como al que pide un expediente en el archivo: a vuelta y vuelta.

Y mientras unos hablan de modernizar la justicia, otros siguen esperando que aparezca el expediente.

Con suerte, para cuando llegue, todavía estará vigente el asunto.

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Los partidos políticos hacen cuentas desde ahora, mucho antes de que inicie la campaña para renovar el Gobierno del Estado, y ya estimaron que van a necesitar una ventaja de al menos cinco puntos para que el triunfo no se “caiga” en los órganos electorales.

El detalle está en que los prianistas no confían en el actual Instituto Nacional Electoral (INE), como tampoco en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, desde que se fueron los “cuates” que les tomaban la llamada y hasta se invitaban a cenar a oscuritas.

Los de la 4T, a su vez, también toman distancia de los órganos locales, a los que observan como extensiones de los poderes estatales, dominados ampliamente por el PRIAN. Así que ven, desde ahora, que necesitan ganar —si es que lo hacen— por varios kilos de votos de diferencia.

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Según le contaron a Mirone, los cálculos que hacen actualmente los ingenieros electorales de ambos frentes consisten en determinar cómo van a administrar sus bancos de votos para que les aporten lo suficiente al conteo total.

Es decir, el PRIAN ve necesario meter una votación “zapato” en la capital, mientras los de la 4T ya contemplan echar toda la maquinaria para aventarse el “carro completo” en Juárez.

No se trata de ganar esos enclaves; eso está casi resuelto. Solo un terremoto electoral haría que Morena gane la capital o que el PAN se quede con Juárez.

Lo que ocupa en este momento es saber cuánta ventaja necesitan sacar de esos dos “bancos” para abonarle a la cuenta estatal.

El otro flanco es el de los “corredores” que suelen aportarle suficiente al ganador para sacar ventaja o, bien, para hacerse de distritos y alcaldías importantes que le permitan consolidar la gobernabilidad.

El detalle ahí es la reconfiguración de algunos de ellos, pues Morena ve factible ganar el municipio de Delicias y el PRIAN contempla recuperar Guadalupe y Calvo.

Cuauhtémoc, Parral y el corredor noroeste lucen, ahora mismo, como una moneda girando en el aire.

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Las elecciones de gobernador celebradas durante este siglo en el estado de Chihuahua han arrojado diferencias de diez o más puntos entre el ganador y el segundo lugar en la votación.

La más grande fue la que obtuvo César Duarte en las elecciones de 2010, con 16 puntos sobre Carlos Borruel, del PAN.

En 2004, José Reyes Baeza derrotó a Javier Corral con una ventaja de 15 puntos.

En 2016, Javier Corral obtuvo más de 13 puntos de ventaja sobre Enrique Serrano.

Y, en la elección más reciente, la actual gobernadora, María Eugenia Campos, le sacó 12 puntos de ventaja a Juan Carlos Loera, de Morena.

Así, ni para dónde hacerse: el vencido no tiene más que quedarse a ver cómo le entregan su constancia de mayoría al vencedor.

El problema de esta elección es que ninguna encuesta indica una diferencia tan amplia entre los dos frentes que se están armando todavía en estos momentos.

En una de esas, el ganador no logra la gubernatura por miles de votos, sino por dos, tres o cuatro puntos que terminen pesando en los tribunales.