Con relación a los procesos penales instruidos en el caso del crematorio Planitud, donde el 26 de junio de 2025 fueron encontrados 386 cadáveres que debieron ser incinerados, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que del total de las familias que ya tienen a su ser querido identificado, 165 interpusieron denuncias por el delito de fraude “en contra de quien resulte responsable”.
Sobre el proceso abierto contra el propietario del crematorio, José Luis A.C., se indicó que actualmente está “prófugo de la justicia”.
Tras ser detenido originalmente en junio de 2025, un juez federal le otorgó un amparo que le permitió salir en libertad a principios de 2026. Sin embargo, la determinación terminó por ser revocada se y ordenó reanudar el proceso penal por los delitos de inhumación, exhumación y respeto a los cadáveres.
Al omitir presentarse a las audiencias obligatorias para revisar sus medidas cautelares, un juez de Control lo declaró formalmente sustraído de la justicia y dictó una nueva orden de aprehensión en su contra.
Debido a que los recursos de amparo interpuestos por su defensa para frenar el arresto ya fueron revocados, y ante la fuerte sospecha de que cruzó la frontera hacia Estados Unidos por contar con doble nacionalidad, las autoridades estatales gestionan una ficha roja ante Interpol con el fin de lograr su captura y posterior extradición.
De igual manera, los propietarios de seis de las ocho funerarias señaladas de llevar cuerpos al crematorio Plenitud comparecieron ante las autoridades judiciales: María Manuela S.M. enfrenta dos causas penales en su contra donde 28 víctimas la acusan por el delito de fraude, luego de que les fueran entregadas urnas que no contenían las cenizas de sus familiares.
En una de las causas penales, la mujer se encuentra vinculada a proceso, mientras que en la segunda, pese a haber llegado a un acuerdo reparatorio con 14 víctimas, seis se han negado a llegar a una salida alterna y han solicitado la formulación de imputación por parte del Ministerio Público.
El próximo lunes 24 de agosto se definirá su situación jurídica en torno a la segunda causa penal en su contra.
Además, Dalila G.H. y Fernando Q.O., propietarios de la funeraria Protecto Deco, fueron vinculados a proceso penal el pasado 13 de julio tras ser acusados por el delito de fraude en contra de 13 víctimas.
En cuanto al proceso penal contra la funeraria Latino Americana, el juez de Control encargado de dicha causa penal decretó un aplazamiento de la audiencia inicial para el próximo 25 de septiembre, luego de que se advirtiera que los representantes de la empresa cambiaron de defensa, por lo que no estaban preparados para responder a la acusación en su contra.
Respecto a las funerarias Monte Los Olivos y Camino al Cielo, personal del Tribunal Superior de Justicia informó que al menos 10 víctimas de fraude de las funerarias lograron llegar a un acuerdo reparatorio con el que se desistieron de la acción penal.
Además, indicó que también se inició una causa penal en contra de Hernán A., propietario de la funeraria Milagros, y aunque omitió proporcionar más detalles sobre el total de las víctimas, estas fueron remitidas al Instituto de Justicia Alternativa para revisar la posibilidad de llegar a una salida alterna entre las partes.
Hasta ahora, permanecen en prisión preventiva los propietarios de la Funeraria Del Carmen, quienes también son señalados de llevar cuerpos al crematorio Plenitud, pero enfrentan procesos penales distintos a las acusaciones de fraude por cuerpos encontrados en el crematorio.
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