Al “Graduado” Gilberto Loya Chávez ya le sobran títulos académicos recién obtenidos, casi por la vía fast track, pero no le sirven para convertirlos en los votos que lo colocarían como el primer fiscal general del estado “carnal”, dotado de autonomía y con ocho años de chamba asegurados.

Apenas el 3 de julio pasado, el Capi Centinela, secretario de Seguridad Pública del Estado, obtuvo el registro de su título de Licenciado en Derecho por el Instituto Universitario “Amerivent México”, con el número de registro de cédula 1574496.

Luego, el mismísimo día, recibió el título de maestría en Derecho Penal y Amparo por el ya mencionado Amerivent México, con número de registro 15744980.

Con eso, quiere suponer este Mirone insidioso, el funcionario que hasta ahora pasaba únicamente por ingeniero electromecánico, egresado del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez en el año 2016, ya podía cubrir el requisito fundamental para ocupar la FGE.

Sí, solo que le falta uno más: el de la aprobación del Congreso.

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La carrera académica del encargado de la prevención del delito durante los últimos cinco años bien puede ser puesta como ejemplo para quienes dejaron a medias sus estudios: dos títulos académicos en un solo día son un auténtico récord.

Ahora viene el “pero” que dejaría sin efecto toda esa trayectoria de graduado para Loya, porque de poco le van a servir la toga y el birrete recién estrenados, las ceremonias de titulación y las fanfarrias a la nueva generación de titulados si no completa los 22 votos que necesita.

Dicho de otra manera: dos licenciaturas y una maestría no equivalen a tres votos en el pleno del Legislativo, que son justo los que necesita para ganar la nominación como fiscal general del estado.

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Según le contaron a Mirone, las cosas siguen tal cual se quedaron hace semanas, cuando el bloque oficialista empujaba para reformar la Constitución, nombrar a un fiscal autónomo por ocho años y, en una de esas, dejar a Wendy Chávez al frente.

En aquel entonces, no tenían los votos del PT y del PVEM, con los que solían completar las dos terceras partes, y se veía difícil que los obtuvieran.

Todavía la semana pasada, diputados y dirigentes de Morena buscaron a los operadores de Andrea Chávez y de Cruz Pérez Cuéllar para pedirles que intercedieran ante las dirigencias de esos partidos y evitar que sus diputados le volvieran a jugar chueco a la 4T.

Buen intento lo de la titulación, pero ahora falta que los dos votos del PVEM y el del PT se queden en el bloque oficialista.

Si no, al menos algo rescatará el Capi: ya tendrá título de abogado para dedicarse a la litigada, si es que la ingeniería no da para el “chivo”.

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No perdieron mucho tiempo en el PAN, luego del amarre y la unción de Marco Bonilla bajo la figura de coordinador político estatal, y empezaron en Juárez con la instalación de las mesas estratégicas únicas a nivel municipal.

De eso se trató la encerrona de la tarde-noche del martes en Cibeles, donde coincidieron con Bonilla la presidenta estatal del PAN, Daniela Álvarez, y el secretario de Elecciones del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), Luis Olmedo, aprovechando además que tenía agenda en Juárez la gobernadora Maru Campos, invitada especial a la inauguración de Frigostar, de Grupo Gazpro.

En pocas palabras, se unirán los equipos que antes andaban por cuerdas separadas. Además, la encerrona enmarcó el respaldo absoluto de Maru a Bonilla, por si alguien traía la idea de que no estaba en sus afectos. Cierre de filas en un solo equipo, con la mesa estratégica puesta para Marco.

Desde hace rato que el CEN marcó a Juárez como prioridad en la estrategia de retener la gubernatura en el 2027 y por eso prácticamente se la vive aquí el secretario de Elecciones, junto con el estratega venezolano Pedro Silva, cerrando la pinza con el Sistema PAN que localmente trabajan el representante de la gobernadora, Carlos Ortiz, y el presidente del Comité Municipal, Ulises Pacheco, bajo la batuta de Daniela Álvarez, la dirigente estatal.

Como no tenía ni avales, ni bendición, ni designación alguna más que su puro proyecto personal, que no se quería quedar rezagado frente a los acelerados procesos morenistas, Bonilla había armado su propia estructura, pero muy ajena a lo que formalmente realizaba el Sistema PAN.

Pues ahora ya se ensambló el engranaje para que camine la máquina en una sola dirección y bajo un volante único. En la reunión se enteró Marco de todo el avance que en materia territorial se ha hecho en Juárez.

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Supo Mirone que el ungido coordinador estatal se asombró de lo que se ha logrado desde el año pasado, particularmente en las tareas de representación de casillas y en la configuración del mapa electoral de preferencia partidista que ha arrojado la estrategia del Toca-Toca, esa que sacó “voluntariamente a fuerzas” a la estructura burocrática a las calles para apoyar con la talacha partidista.

Bonilla ya traía algo de camino recorrido con su equipo, pero nada del tamaño de lo que ya se tiene estructurado, así que más bien se integra el aspirante a la gubernatura a la mesa estratégica municipal que ya tiene un año en operación.

Aparte, se armará una especie de war room más amplio, con los dos equipos, perfilando que sea la próxima mesa de campaña. La mesa estratégica seguirá siendo más selecta y bajo lista.

Olmedo no deberá fallar aquí cada quince días. Cuando puedan estarán la gobernadora y la presidenta Daniela, aunque ya hubo un primer acuerdo para que sea el responsable Ulises Pacheco, ya que la presidenta estatal debe cubrir todos los municipios. Se le facultó a Ulises para ello.

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En el caso de Bonilla, cuando él no pueda estar, lo hará su estratega y operador principal, Gabo Díaz, el expresidente del Comité Directivo Estatal del PAN. El equipo de Juárez es compacto: Carlos Ortiz, Raúl García Ruiz, Amparo Beltrán, Austria Galindo, Oscar Lozoya, Richy Vega y Florencio Peña, además del dirigente local del PAN.

Ulises Pacheco deberá retomar la mesa de aspirantes a la alcaldía como parte de los trabajos que le encomendó la coordinadora estratégica. Daniela Álvarez sigue sin estar formalmente en esa ecuación porque primero se irá a arrancar las mesas estratégicas en los demás municipios prioritarios.

El ejercicio de Juárez se replicó ayer en Cuauhtémoc y así se irá desahogando la agenda en las ciudades o regiones más importantes.

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Increíble, pero cierto. Un exgobernador de Chihuahua podría cambiar para siempre la forma como las autoridades mexicanas y, por qué no, las de los Estados Unidos, manejan los casos de extradición de personas acusadas de cometer ilícitos en el otro lado de la frontera, según fuera el caso.

Nos referimos al caso del exmandatario chihuahuense César Duarte Jáquez, quien gobernó el estado entre 2010 y 2016 y que enfrenta ahora mismo la posibilidad de que su caso siente todo un precedente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Contrario a lo que difunden en redes sociales los partidarios del ballezano, el proceso iniciado el pasado 12 de agosto no es para que los ministros decidan si fue buen o mal gobernador. Tampoco para que determinen, de una vez por todas, si se robó o no los millones que le atribuyen.

Según fuentes bien enteradas del caso, que tuvieron a bien explicarle con rayitas y bolitas a Mirone, la historia es bastante más complicada y, por qué no decirlo, bastante más interesante.

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Como ya lo dijo este Mirone, la Suprema Corte decidió atraer dos amparos en revisión relacionados con el exgobernador de Chihuahua. Dos expedientes —1241/2024 y 1783/2024— que llevan al máximo tribunal del país una pregunta jurídica que parece hecha a la medida del largo expediente Duarte.

¿Hasta dónde pueden llegar las acusaciones del Gobierno de México contra una persona que fue extraditada desde Estados Unidos? Más aún, ¿bajo qué condiciones puede procesarla por delitos distintos de aquellos que motivaron su entrega?

Dicho en buen cristiano: si Estados Unidos te entrega para que seas juzgado por determinados delitos, México no puede aprovechar que ya te tiene aquí para sacarte de la manga otros casos y acusarte hasta de que no pagaste tu deuda a la tienda de abarrotes de la esquina. No es tan sencillo.

Eso es justamente lo que la Corte va a determinar: si una persona extraditada tiene derecho de audiencia y defensa antes de que México solicite al país que la entregó autorización para procesarla por nuevos delitos.

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En agosto de 2023, la Fiscalía de Chihuahua consiguió que Duarte enfrentara otra causa penal por un presunto desvío de unos 120 millones de pesos.

La defensa dijo: “No tan rápido”, porque la causa no estaba incluida en la extradición.

La discusión dejó de ser entonces si Duarte era culpable o inocente y se convirtió en una cuestión mucho más fina: ¿podía el Gobierno mexicano solicitar a EU autorización para procesarlo por ese nuevo delito sin darle previamente oportunidad de ser escuchado y defenderse?

Entonces apareció el amparo salvador.Una jueza federal terminó concediéndoselo mientras las autoridades impugnaron. El asunto ahora está en la Suprema Corte.

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Aquí es donde el expediente de César Duarte deja de ser solamente el expediente de César Duarte, porque la decisión que tome la Corte puede establecer una regla para todos los futuros casos de extradición entre México y Estados Unidos.

Y es ahí en donde está lo verdaderamente interesante.

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No se quedó conforme el expresidente de Canaco, Eleno “El Bueno” Villalba, con lo que pasó en la jornada electoral del lunes e insistió en que hubo “votos embarazados” en una operación orquestada por el presidente Iván Pérez.

Lo dice a todo el que lo quiera escuchar y ya hizo declaraciones en medios, denunciando fraude en la asamblea donde se aprobó un cambio de estatutos con mil 119 votos a favor y 419 en contra. Una votación histórica, pero cuyos números no le cuadran a Eleno y, de acuerdo con lo que ha señalado, tampoco a otros expresidentes y socios inconformes.

En ese paquete andarían Martín Alonso, Gilberto Cueva, José Jaime Hernández y Gabriel Cantú, entre otras figuras, aparte de las De la Vega, las grandes perdedoras con la reforma; sin embargo, hasta ahorita nomás ha alzado la voz el propio Eleno.

Aunque no le entró el expresidente al tema que ha generado más ruido: la eliminación del voto corporativo múltiple —eso que le permitió por décadas el control a la familia De la Vega y a los gerentes de otras cadenas—, cuestionó la imposibilidad de que se haya logrado esa votación en la jornada electoral y descalificó todo el proceso de la reforma, ya que —asegura— “fue una marranada”.

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Según Villalba, además de “votos embarazados”, se aprobó la reforma de estatutos como un cheque en blanco, ya que no se especificaron todos los artículos que se modificarían, especialmente en cuanto a dotar de mayores facultades al Consejo Directivo.

Insiste el también excandidato a la alcaldía por el PRI, quien lleva 45 años en la Cámara que ya presidió, que Iván no podría sustentar cómo es que se acreditaron siete personas con 100 votos mediante poderes y otras 55 con 5 votos cada una.

Se fue recio Eleno, ya que aseguró que el actual presidente de Canaco “sería capaz hasta de vender el edificio”. Nunca clarificó —dijo Villalba— cómo se daría el proceso de representación el día de la jornada, precisamente en torno al voto corporativo y el manejo de poderes “para hacer el chanchullo, como lo hizo en su reelección”.

Agarró vuelito el expresidente y aseguró que tan mal anda Iván Pérez en sus manejos administrativos, que recientemente le renunció el tesorero de la Cámara.

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El empresario que resultó fallido en la política partidista se fue en contra hasta del morenista alcalde con licencia, ya que señaló que Iván fue “imposición de Cruz Pérez Cuéllar”.

Villalba también afirmó que Cruz, aspirante por la Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación, “atemorizó” y “amenazó” a la familia De la Vega para que en su momento apoyaran al hoy presidente de Canaco

Anunció que el tema no quedará nada más en sus declaraciones y que los inconformes procederán contra la reforma vía el amparo de la justicia federal.

Así que la grilla en Canaco se pondrá todavía más intensa.