Por terrenos de la grilla empresarial sigue la guerra por ver quién puede tener mayor influencia o mayor peso en la definición de la agenda pública y frente al poder político en Ciudad Juárez.

Después de que el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) quedó bastante disminuido con la salida de varias Cámaras y organismos, como la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Ciudad Juárez (Canaco), la Asociación de Hoteles y Moteles de Ciudad Juárez y Desarrollo Económico del Norte (Denac), vino una verdadera reconfiguración con nuevos integrantes.

O sea que el CCE no se quedó de brazos cruzados ante el intento de los divisionistas por crear otro Consejo “patito” y armó su estrategia para crecer, abrirse en sus procesos internos y seguir manteniendo la mayor representación del sector empresarial.

A final de cuentas se sacudieron a quienes siempre estuvieron demasiado entregados a las instancias gubernamentales y muy controlados por las familias de siempre, como los De la Vega.

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En esta visión aparece hoy un CCE más fortalecido, luego de integrar a cuatro nuevos socios: la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), que dirige Alejandro González; los Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia (EVM), encabezados por Juan Carlos Domínguez Arzaga; la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (Ammje), liderada por Fabiola Arámbula, y la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), presidida por María de los Ángeles Zavala.

Ya son ocho los organismos integrantes, considerando que ya estaban la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), la Asociación de Transportistas de Ciudad Juárez, la Central de Abastos e Index Juárez.

Además, se anunció el probable regreso de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) y la incorporación de organismos de profesionistas como asesores del Consejo, empezando por la Asociación Mexicana de Contadores Públicos y la Barra y Colegio de Abogados Licenciado Benito Juárez, representados por Claudia Yu Muñoz y Georgina Sánchez Suárez, respectivamente.

Por lo pronto ya volvió de puertas el CCE, luego de que una de las críticas que recibió de los organismos escindidos es que prevalecía una política de cerrazón y exclusión.

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Cuando salió Canacintra, antes de la escisión de los últimos tres organismos, se quejó su entonces presidenta, Isela Molina, de que el Consejo funcionaba como un Club de Toby, donde unos cuantos hombres decidían qué se hacía y qué no.

Entonces el presidente en turno era el representante de Denac, Héctor Núñez Polanco, ciertamente parte del club de los Rogelios, los hoteleros que quieren ser ajonjolí de todos los moles y llevar siempre el agua a sus molinos particulares.

De alguna manera, es por eso que Canacintra analiza su regreso. No únicamente porque ya no preside la Cámara Isela, sino que los culpables del ninguneo que sufrió la expresidenta de los industriales se fueron con su música a otra parte.

A ver por el lado del Consejo “patito” qué ocurre. Se ve que se andan peleando a las organizaciones de profesionistas, varias de las cuales participaron en la encerrona convocada por Rogelio González, el presidente de los hoteleros, en el hotel de su compa Rogelio Ramos, el pasado 16 de julio.

En el tradicional CCE ya se abrió la cancha, por lo que luego podían regresar al juego los demás organismos, cuando ya no estén al frente quienes traen la mente en puros proyectos políticos o negocios estrictamente privados.

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Quien tendrá hoy agenda en Ciudad Juárez es la gobernadora Maru Campos. Viene a encabezar la Mesa de Seguridad con parte de su Gabinete y los mandos militares.

A ver cómo se resuelve el tema de la coordinación interinstitucional, ya que Municipio y Estado, lo mismo que Estado y Federación, no andan en muy buenos términos por los conflictos políticos de todos conocidos. Las grillas, pues.

En general, la coordinación en materia de seguridad ha mantenido cierto blindaje, pero desde una reunión anterior en Juárez hubo representaciones municipales y federales que no quisieron irse a subir a la Torre Centinela.

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Ni la delegada de Programas para el Bienestar, Mayra Chávez, ni el secretario de Seguridad Pública Municipal, César Muñoz, hicieron acto de presencia hace un mes. Quién sabe si ahora vayan o quién sabe si sean invitados.

Ya veremos también qué decide hacer el alcalde Héctor Ortiz Orpinel. Supone Mirone que, si hablamos de Seguridad Pública, todas las instancias de Gobierno tendrían que estar en una misma sintonía.

La Mesa de Seguridad, como primer evento mañanero, es de tipo privado, pero en la agenda de la gobernadora está considerado un único evento público: la entrega de una obra de infraestructura hidráulica en la colonia Quintas del Lago.

La entrega se programó al mediodía junto al parque del mismo nombre, una zona que se inundaba y cuyo paquete de obras, con colector, alcantarillas y pozos de absorción incluidos, resolverá un problema de muchos años en ese polígono ubicado al sur de la avenida De la Raza, entre Lago Manitoba y Lago de Pátzcuaro.

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Había expectativa en temas grillos y partidistas, pero supo Mirone que se seguirá posponiendo la encerrona con las dirigencias nacionales, estatales y municipales para ver los temas de las candidaturas y los avances del mentado Toca-Toca, porque la presidenta estatal del PAN, Daniela Álvarez, trae agenda en la Ciudad de México.

Ya se ve medio desinflada la estrategia blanquiazul en territorio. Los ‘Terromotos’ que prometieron replicar cada mes no han llegado ni a sacudidas, mientras que prevalecen también las incertidumbres en relación con los procesos internos, las mesas de aspirantes y la política de alianzas. Parece que andan más ocupados en los pleitos externos que en la organización interna.

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Increíble, pero cuando ha pasado el primer cuarto del siglo XXI, el sistema judicial de Chihuahua todavía recurre al correo postal para realizar sus procedimientos e “impartir justicia pronta y expedita” a denunciados y denunciantes… en no más de dos años, si bien nos va.

Abogados que litigan asuntos en el sur del estado le platican a este Mirone —cuyo pecho no es bodega— que todos los trámites en los juzgados de primera instancia de aquella región se mueven “a la antigüita”; léase: en sobre, con franquicia postal y entrega en manos de un cartero.

Y si el recurso está destinado a otro municipio —o, peor aún, a una comunidad rural— la documentación puede tardar entre diez y quince días en llegar a su destino.

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Como diría el Piporro, se van “a pata y en ride”. Bueno fuera, porque si una persona se fuera caminando desde Hidalgo del Parral hasta la capital tardaría entre cinco y siete días, según diversas fuentes consultadas por este Mirone.

Ahora que, si el operador del sistema judicial se subiera a su auto, o al del juzgado donde trabaja, y se desplazara hasta donde se encuentra el destinatario, no invertiría más de tres horas, o seis, contando ida y vuelta.

Incluso, si el promotor decidiera irse en camión foráneo hasta la capital o a otro punto del estado, serían apenas unas horas las que le llevaría el recorrido.

El sistema judicial del siglo XXI, el que ha pasado por múltiples reformas y ha tenido ocho presidentes del Tribunal Superior de Justicia en los últimos 20 años, no ha logrado agilizar sus procedimientos y sigue enviando documentos como si fueran cartas para Ufemia.

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Según le platicaron a Mirone, ya existe un proyecto para reformar la ley y permitir la comunicación mediante correos electrónicos o mensajes de texto en algunos procedimientos que hoy tardan hasta quince días en llegar a la contraparte.

Bien por esa propuesta. El problema es que deberá pasar por un Congreso del Estado que anda metido de cuerpo entero en la grilla electoral y mantiene cientos de asuntos atorados en comisiones.

Y, lo más importante, hará falta dinero, inversión, capital fresco, ‘lana’, pues, para modernizar instalaciones, sobre todo en los juzgados de las regiones menos urbanizadas o en aquellos donde pareciera que el tiempo se detuvo.

Ahí la llevamos. Pero, mientras tanto, los procedimientos judiciales seguirán viajando en el costal del cartero.

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Donde se sigue poniendo buena la discusión es en el Congreso del Estado, en torno a la polémica intención del grupo parlamentario del PAN de sacar en fast track la iniciativa para darle autonomía a la Fiscalía General del Estado, con el agregado, nada menor, de que se nombre ahora al titular para un periodo transexenal de ocho años.

Por lo pronto, ya van aclarándose las diferencias entre la nueva propuesta azul y naranja y la iniciativa que los guindas presentaron desde junio de 2022, cuando se mandó a la congeladora.

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Para empezar, en la propuesta del PAN y MC, el proceso parte de una terna enviada por el Ejecutivo, es decir, la gobernadora Maru Campos, al Congreso del Estado, donde se definiría la designación del cargo por mayoría calificada y luego de un proceso de entrevistas realizadas por la Junta de Coordinación Política.

En la iniciativa morenista, la terna sería propuesta por una comisión de 11 notables (representantes de colegios de profesionistas y de la academia, además del Poder Judicial), previa convocatoria pública. Esa comisión se encargaría completamente del examen de oposición y remitiría al Congreso la terna de los perfiles mejor evaluados.

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Morena también hace una precisión sobre cómo debería considerarse la mayoría calificada para la designación final, poniendo el candado de que se requieran 22 de las 33 diputaciones, no únicamente las dos terceras partes de los presentes, como ha validado el bloque mayoritario en otras votaciones.

Ese candado legal no permitiría las ausencias para una votación tan trascendente. La mayoría calificada tendría que contarse no con base en los presentes, sino en los integrantes de la Legislatura.

El grupo guinda también propone que, ya que se va a realizar la reforma a la Fiscalía General, de una vez se vea el pendiente de crear la Fiscalía Especializada para Pueblos y Comunidades Indígenas y la Fiscalía Especializada para Personas con Discapacidad.