Crematorio del horror
El 26 de junio de 2025 autoridades de Ciudad Juárez localizaron 386 cuerpos humanos almacenados en condiciones indignas dentro del crematorio Plenitud, propiedad de José Luis Arellano Cuarón.
De acuerdo con la Carpeta de Investigación 37-2025-17538, entre los cadáveres había algunos con cremaciones programadas desde marzo de 2022.
El hallazgo provocó conmoción nacional. Las imágenes de cientos de cuerpos apilados dentro de un establecimiento funerario recorrieron el país y colocaron nuevamente a Ciudad Juárez bajo los reflectores internacionales. Sin embargo, conforme avanzaron las investigaciones, surgió un cuestionamiento que iba más allá de la responsabilidad de los propietarios del negocio.
¿Cómo fue posible que durante más de tres años se acumularan cientos de cuerpos en un establecimiento regulado por distintas autoridades sin que nadie detectara lo que estaba ocurriendo?
La respuesta conduce a una red institucional integrada por dependencias municipales, estatales y federales que tienen atribuciones relacionadas con la operación de funerarias y crematorios. También conduce a una legislación que establece obligaciones generales de supervisión, pero deja amplios márgenes de discrecionalidad sobre cuándo y cómo ejercerlas.
El expediente paralelo
Pocos días después de que el caso se hiciera público, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos abrió una investigación de oficio.
Su entonces presidente, Alejandro Carrasco Talavera, explicaba que la intervención de la comisión no está dirigida contra los propietarios del crematorio, sino contra las autoridades que pudieron haber omitido alguna responsabilidad de vigilancia.
“Los ojos del país y del mundo voltearon a Chihuahua por unos hechos tan poco comunes, tan dantescos y tan desagradables para las familias que confiaban en que sus seres queridos descansaban realmente en las urnas que les habían entregado”, señalaba.
A partir de esa investigación comenzaron a solicitarse informes a Coespris, Protección Civil, Desarrollo Urbano, Registro Civil, Ecología, Profeco, Secretaría de Economía y otras dependencias relacionadas con el caso.
Las respuestas permitieron reconstruir una realidad compleja. No existía una sola autoridad responsable de supervisar integralmente un crematorio. Las facultades estaban distribuidas entre distintas instituciones que intervenían en aspectos específicos de la operación. Mientras unas otorgaban permisos o verificaban requisitos administrativos, otras revisaban condiciones sanitarias, cuestiones ambientales o aspectos relacionados con protección civil.
Protección Civil informó a la comisión que el establecimiento contaba con permiso desde 2023, aunque no se había realizado la visita correspondiente para renovar esa autorización.
Desarrollo Urbano reportó que el permiso de funcionamiento permanecía vigente hasta diciembre de 2025, mientras que el Registro Civil explicó que su función se limitaba a la expedición de actas de defunción y que no tenía facultades de supervisión sobre este tipo de establecimientos.
La Dirección de Ecología, por su parte, informó que el crematorio no contaba con dictamen de impacto ambiental.
Cada dependencia parecía conocer una parte del expediente, aunque ninguna parecía tener una visión completa de lo que ocurría.
Las inspecciones que nunca llegaron
Los documentos obtenidos por Norte Digital mediante solicitudes de transparencia muestran que la vigilancia sanitaria sobre funerarias y crematorios era limitada incluso antes de que estallara el caso Plenitud.
Entre 2021 y 2024, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios realizó entre 60 y 70 inspecciones en todo el estado, pese a que durante ese mismo periodo operaban aproximadamente 186 funerarias y 15 crematorios distribuidos en 43 municipios.
Además de reducida, la actividad inspectora siguió una tendencia descendente. Mientras en 2021 se efectuaron 41 verificaciones, para 2022 la cifra cayó a 15. En 2023 apenas se realizaron 4 inspecciones en todo Chihuahua y en 2024 solamente 10.
La situación resulta particularmente relevante en Ciudad Juárez, donde años después se descubriría el caso Plenitud. Entre 2021 y 2024 la frontera acumuló apenas 17 inspecciones sanitarias. El dato más significativo corresponde a 2023, cuando no se practicó una sola revisión a funerarias o crematorios de la ciudad.
La ausencia de vigilancia adquiere una dimensión distinta cuando se observa la cronología de los hechos. De acuerdo con la carpeta de investigación, para entonces los cuerpos ya llevaban meses acumulándose en las instalaciones del crematorio sin que ninguna autoridad detectara la magnitud de lo que ocurría en el lugar.
Todo cambió después del escándalo
La aparición de los cientos de cuerpos modificó radicalmente el comportamiento de las autoridades sanitarias.
Durante 2025 la Coespris intensificó las revisiones en todo el estado. Tan solo entre enero y julio se realizaron 99 inspecciones, de las cuales 63 correspondieron a Ciudad Juárez. Posteriormente la cifra estatal alcanzó las 169 verificaciones.
Los números muestran una realidad difícil de ignorar: en unos cuantos meses se realizaron más revisiones que las efectuadas durante varios años previos.
Mientras los cuerpos permanecían ocultos dentro de Plenitud, la vigilancia sanitaria era escasa. Cuando el caso se convirtió en un escándalo nacional, las inspecciones se multiplicaron en todo el estado.
Las cifras inevitablemente condujeron a cuestionar el papel de las autoridades sanitarias.
La explicación oficial llegó por voz del secretario de Salud estatal, Gilberto Baeza Mendoza, quien sostuvo que la legislación vigente no obliga a la Coespris a realizar inspecciones periódicas a funerarias y crematorios.
La dependencia tiene facultades para supervisar esos establecimientos, pero la ley no establece cuántas revisiones deben practicarse ni cada cuánto tiempo deben efectuarse.
Las inspecciones pueden originarse por denuncias sanitarias, trámites administrativos, programas especiales, seguimientos o visitas aleatorias.
Tras el caso Plenitud, dijo el funcionario, se ordenó intensificar la vigilancia para evitar que hechos similares no se repitan.
La explicación, sin embargo, abrió nuevas interrogantes: si la ley no obligaba a inspeccionar regularmente, ¿quién verificaba que los crematorios estuvieran cumpliendo con los servicios para los cuales habían sido autorizados?
A las limitaciones normativas se suma un problema operativo.
La propia Coespris informó que dispone de apenas 35 verificadores para todo el estado. Ese personal debe supervisar hospitales, consultorios, farmacias, laboratorios, restaurantes, establecimientos alimentarios y una amplia variedad de negocios sujetos a regulación sanitaria.
Las funerarias y crematorios representan apenas una parte de ese universo.
La dependencia reconoce además que no existe una periodicidad definida para revisar este tipo de establecimientos. En la práctica, un crematorio puede pasar largos periodos sin recibir una inspección específica si no existe una denuncia o algún procedimiento administrativo que active la intervención oficial.
Lo que encontraron cuando finalmente revisaron
Después del escándalo, Coespris emprendió una revisión extraordinaria de funerarias y crematorios en Ciudad Juárez.
Las inspecciones detectaron fauna nociva, problemas de ventilación, techos deteriorados, paredes en mal estado y diversas deficiencias relacionadas con mantenimiento e infraestructura.
A los ocho meses del hallazgo, los reportes oficiales señalaban que la dependencia había revisado 56 establecimientos funerarios y los cinco crematorios que operan en la ciudad.
Sin embargo, solamente uno permanecía suspendido: Plenitud.
El mismo crematorio donde se localizaron los 386 cuerpos.
La autoridad sanitaria informó que el establecimiento contaba con licencia vigente hasta 2025 y que existía un procedimiento administrativo derivado de observaciones en inspecciones anteriores. Aun así, ninguna de esas actuaciones permitió anticipar la magnitud de lo que ocurría dentro del inmueble.
Una ley insuficiente
El caso también puso bajo lupa el marco legal que regula la actividad funeraria en Chihuahua.
La Ley Estatal de Salud establece que los cadáveres deben ser tratados con respeto, dignidad y consideración. Sin embargo, no contempla sanciones específicas para quienes incumplen esa obligación.
Tampoco establece una cadena de custodia clara para los restos humanos ni inspecciones periódicas obligatorias para funerarias y crematorios.
La diputada Rosana Díaz Fuentes impulsó una iniciativa para reformar la legislación estatal y establecer controles más estrictos, así como sanciones específicas para quienes incurran en negligencia o trato indigno hacia los restos humanos.
La propuesta surgió tras el caso Plenitud, después de que cientos de familias descubrieran que el proceso de despedida que creían concluido podía estar construido sobre una mentira.
A la fecha la iniciativa se encuentra congelada.
El segundo daño
Para la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, una de las consecuencias más profundas del caso no se encuentra únicamente en los cuerpos localizados; también está en las familias.
Carrasco Talavera sostiene que la tragedia reabrió procesos de duelo que parecían concluidos y generó una afectación emocional difícil de dimensionar.
Muchas personas conservaron durante años las urnas entregadas por las funerarias. Otras esperaban el momento adecuado para esparcir las cenizas de sus seres queridos. Algunas incluso habían encontrado cierta paz pensando que sus familiares descansaban donde debían hacerlo.
Ahora enfrentan o enfrentaron la posibilidad de que esos restos no correspondan a quienes creían.
“Este caso reabre heridas y genera un nuevo duelo”, resume.
La Comisión también ha documentado otro fenómeno igualmente doloroso: la incertidumbre sobre el contenido de las urnas entregadas durante años por el crematorio.
Las investigaciones aún no permiten determinar cuántas urnas contenían restos humanos, cuántas pudieron haber sido rellenadas con otros materiales o cuántas mezclaban restos de distintas personas. La imposibilidad científica de identificar plenamente cenizas ya cremadas convierte esa duda en una herida difícil de cerrar para cientos de familias.
La pregunta pendiente
Un año después del hallazgo, la investigación continúa abierta.
De los 386 cuerpos localizados en el crematorio Plenitud, la Fiscalía General del Estado ha logrado identificar 251, de los cuales 248 ya fueron liberados por el Ministerio Público y 245 han sido entregados por el Servicio Médico Forense a sus familias. Tres casos permanecen en proceso de notificación. Paralelamente, se han presentado y judicializado 156 querellas contra funerarias relacionadas con el caso.
Aun con esos avances, 135 cuerpos —el 35 por ciento del total— permanecen sin identificar, una cifra que refleja la dimensión del desafío forense que todavía enfrentan las autoridades.
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos abrió la revisión sobre posibles responsabilidades institucionales, pero el expediente terminó en manos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En paralelo, los tribunales deberán resolver las responsabilidades penales que correspondan.
El caso Plenitud no ocurrió en una actividad clandestina desconocida para las autoridades. Ocurrió dentro de una industria regulada, supervisada por múltiples dependencias y sometida, al menos en teoría, a distintos mecanismos de control.
Sin embargo, durante más de tres años nadie detectó que cientos de cuerpos permanecían almacenados en un crematorio que continuó operando con aparente normalidad.
La investigación penal deberá establecer quiénes fueron responsables de acumular los cuerpos.
La investigación administrativa tendrá que determinar si existieron omisiones institucionales.
Y la historia probablemente seguirá persiguiendo durante años a las familias que confiaron en el sistema funerario para despedir a sus seres queridos.
Porque, aunque 251 personas ya recuperaron su identidad y 245 familias han podido recibir finalmente los restos de sus seres queridos, el caso Plenitud sigue dejando sin respuesta una interrogante:
¿Cómo pudo fallar, al mismo tiempo, toda la cadena de supervisión?
