A partir del próximo 6 de agosto, los habitantes de San Rafael, en el municipio de Urique, ya no tendrán que trasladarse hasta Creel o a otras ciudades para presentar una queja por presuntas violaciones a sus derechos humanos.
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) instalará una oficina itinerante en esa comunidad serrana, con el propósito de acercar los servicios del organismo a una de las regiones más apartadas del estado, según lo informó la dependencia, mediante un comunicado oficial.
El proyecto se formalizó mediante un convenio de colaboración que firmaron la presidenta de la CEDH, Ada Miriam Aguilera Mercado, y el presidente seccional de San Rafael, Daniel Ulises González Pillado.
Dos días, cada dos semanas
La oficina funcionará cada dos semanas, los días jueves, en un espacio habilitado dentro de la Presidencia Seccional, ubicada junto a la plaza principal de la comunidad. El horario de atención será de 10:00 a 15:00 horas.
Personal de la oficina regional de la CEDH en Creel acudirá de manera periódica para brindar orientación jurídica, recibir quejas y ofrecer acompañamiento a personas que consideren vulnerados sus derechos.
La apertura de esta sede itinerante busca reducir una de las principales barreras que enfrentan los habitantes de la Sierra Tarahumara: la distancia para acceder a instituciones públicas encargadas de atender denuncias por abusos de autoridad o violaciones a derechos fundamentales.
Además de la recepción de quejas, el convenio contempla la realización de actividades de capacitación y promoción de los derechos humanos, así como cursos y talleres dirigidos tanto a servidores públicos como a la población en general, con énfasis en la perspectiva de género y la prevención de violaciones a derechos humanos.
La nueva oficina comenzará operaciones el 6 de agosto y atenderá de manera periódica a habitantes de San Rafael y de comunidades cercanas del municipio de Urique.
Antecedentes de violencia marcaron la urgencia
La apertura de esa oficina cobra relevancia porque el seccional de San Rafael pertenece al municipio de Urique, una de las regiones con mayores problemas de seguridad y aislamiento institucional de Chihuahua.
Fue precisamente en esa zona, en el poblado de Cerocahui, donde, el 20 de junio de 2022, fueron asesinados los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar, junto con el guía de turistas Pedro Eliodoro Palma Gutiérrez, hechos que colocaron a la Sierra Tarahumara en el centro de la atención nacional e internacional por la violencia que enfrentan sus comunidades.
Desde entonces, diversas organizaciones civiles, la Iglesia católica y organismos defensores de derechos humanos han insistido en la necesidad de fortalecer la presencia del Estado en la Sierra Tarahumara, no solo mediante operativos de seguridad, sino también con instituciones capaces de atender denuncias, acompañar a las víctimas y garantizar el acceso efectivo a la justicia y a la protección de los derechos humanos.
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