El ataque armado contra la Notaría Pública Número 9, ocurrido la noche del jueves, abrió una nueva línea de investigación sobre la operación de grupos criminales dedicados al despojo de inmuebles mediante documentos falsificados, informó el fiscal de Distrito Zona Norte, Carlos Manuel Salas.
El funcionario explicó que estas organizaciones han logrado apoderarse de numerosas viviendas y terrenos en Ciudad Juárez utilizando identificaciones oficiales apócrifas y otra documentación falsa para hacerse pasar por los legítimos propietarios.
Con esos documentos acuden a notarías públicas, donde obtienen poderes notariales que posteriormente utilizan para vender, transferir o escriturar los inmuebles sin conocimiento de sus verdaderos dueños.
“Las víctimas muchas veces descubren el fraude hasta que encuentran ocupadas sus propiedades o cuando intentan recuperarlas y se dan cuenta de que, legalmente, ya fueron transferidas a otras personas”, explicó el fiscal.
Salas advirtió que estas redes no solo recurren a la falsificación documental, sino que también utilizan la intimidación para consolidar los despojos.
Indicó que los responsables suelen acudir acompañados por personas armadas para amenazar tanto a los propietarios como a cualquier persona que intente impedir la ocupación o recuperación de los inmuebles.
“Ese nivel de violencia es el que ha permitido a estos grupos apropiarse ilegalmente de numerosas propiedades”, señaló.
Atentado envía un mensaje al gremio
Sobre el ataque registrado contra la Notaría Pública Número 9, ubicada en el cruce de Carlos Villarreal y Gregorio M. Solís, el fiscal consideró que se trata de un hecho “muy perturbador” y que podría representar un mensaje dirigido al gremio notarial.
Agregó que, tras el atentado, las autoridades mantienen medidas de protección para los fedatarios públicos mientras continúan las investigaciones para identificar a los responsables.
El fiscal indicó que este esquema delictivo no es exclusivo de Ciudad Juárez.
Precisó que investigaciones similares se han documentado en estados como Coahuila y Durango, donde organizaciones criminales han utilizado la suplantación de identidad y la falsificación de documentos para apropiarse ilegalmente de bienes inmuebles. (Con información de Juárez Digital).
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