Diputados locales del PAN y del PRI fijaron postura ante el citatorio que la Fiscalía General de la República (FGR) dirigió a la gobernadora Maru Campos, y señalaron que el procedimiento responde a intereses políticos.
El diputado panista Jorge Soto calificó como “increíble” que la autoridad federal cite a una mandataria en funciones y sostuvo que existe un trato diferenciado frente a otros actores señalados en investigaciones. Afirmó que el caso confirma un uso político de las instituciones y una persecución contra la gobernadora.
En el mismo sentido, el diputado Carlos Olson aseguró que el citatorio forma parte de un intento de presión contra un Gobierno estatal que, dijo, ha enfrentado al crimen y ha presentado resultados en materia de seguridad. Señaló que el Gobierno federal omite actuar contra perfiles cercanos a Morena que enfrentan señalamientos públicos.
Por su parte, el coordinador de los diputados del PRI, Arturo Medina, acusó que el Gobierno federal utiliza a las instituciones de procuración de justicia para intimidar a la oposición. Indicó que existe una aplicación selectiva de la ley y cuestionó que no se cite a otros actores políticos mencionados en denuncias públicas.
Medina también advirtió que estas acciones buscan influir en el escenario político rumbo a procesos electorales y reiteró el respaldo de su bancada a la gobernadora.
En tanto, el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Alfredo Chávez Madrid, señaló que el problema no radica en las revisiones institucionales, sino en el uso de estas para generar presión política. Indicó que el debate debe centrarse en resultados y no en mensajes políticos.
Diputadas y diputados panistas coincidieron en que la justicia debe aplicarse con el mismo criterio para todos y reiteraron su respaldo a la titular del Ejecutivo estatal.
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Además, impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y fijó un plazo de un mes para la investigación complementaria
