La presidenta Claudia Sheinbaum propuso aplazar hasta 2028 la segunda elección popular de jueces, magistrados y ministros, originalmente prevista para 2027, con el argumento de evitar complicaciones operativas y corregir problemas detectados en el primer ejercicio realizado en 2025.
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum explicó que en 2027 coincidirían elecciones federales, estatales y municipales, lo que obligaría a instalar casillas separadas para la elección judicial.
“Si fuera en este momento en el 27 la elección, tendría que ser casillas distintas”, reconoció Sheinbaum.
La presidenta admitió además que la primera elección judicial dejó más de una lección sobre la mesa: boletas complicadas, exceso de candidaturas y un modelo que todavía necesita ajustes para no terminar reventando a los votantes y a las autoridades electorales.
“Algunas cosas que aprendimos en 2025 del Poder Judicial”, dijo al justificar la posibilidad de mover el proceso.
La propuesta también busca reducir el número de candidatos que aparecen en las boletas, rediseñar filtros de selección y reorganizar los distritos judiciales para hacer más entendible el mecanismo.
El fondo del problema es el tamaño de la elección que se avecina en 2027: gubernaturas, alcaldías, congresos locales, diputaciones federales y, encima, una elección judicial nacional inédita.
Incluso el propio Instituto Nacional Electoral (INE) ya había advertido que empalmar ambos procesos podría generar saturación logística, mayores costos y confusión entre ciudadanos.
Aunque la reforma judicial fue una de las principales banderas políticas del oficialismo, ahora el propio gobierno federal reconoce que el modelo todavía necesita ajustes antes de volver a llevarse a las urnas.
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