Tras la revocación del amparo que le había permitido recuperar su libertad, la justicia local determinó la reapertura del proceso penal en contra de José Luis A.C., propietario del Crematorio Plenitud, inmueble donde en junio de 2025 se localizaron 386 cuerpos humanos ocultos y apilados de forma insalubre.
Héctor Josué De Luna León, juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial Bravos, informó a la representación legal de la víctima indirecta de dicho caso, que este próximo viernes 15 de mayo se realizará una audiencia clave.
En dicha audiencia se informará sobre la revocación del amparo de José Luis A.C. y acerca de la reactivación del caso.
El documento emitido por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua (causa penal 3448/2025) confirma que el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito resolvió desechar y revocar la sentencia de amparo que previamente había disuelto su vinculación a proceso.
Con el fallo judicial referido se nulifica el auto de no vinculación a proceso dictado en febrero de este año.
Además, se reactivan formalmente los cargos por el delito de inhumación, exhumación y respeto a los cadáveres o restos humanos, estipulado en el artículo 202 del Código Penal del Estado.
Se persigue de igual forma la probable comisión del delito innominado contemplado en el artículo 462 de la Ley General de Salud.
La cita judicial del viernes 15 de mayo definirá de manera inmediata si se restablece la prisión preventiva en contra del acusado o si se dictan nuevas medidas cautelares, de tal manera que podría emitirse posiblemente una nueva orden de aprehensión.
Debido a los reportes de que José Luis A.C. habría cruzado la frontera hacia El Paso, Texas, tras su liberación temporal, asesores jurídicos y ministeriales advirtieron que de no presentarse a la audiencia, el Juez de Control emitirá de manera automática una orden de aprehensión en su contra para declararlo sustraído de la acción de la justicia.
El hallazgo original en las instalaciones de la carretera Panamericana número 10631, en la colonia Granjas, conmocionó a la comunidad juarense al destaparse que decenas de familias recibieron urnas con materiales falsificados en lugar de las cenizas reales de sus seres queridos.
El proceso entra ahora en su etapa más crítica para definir la responsabilidad penal del empresario.
Esta apelación combate de manera directa la resolución del pasado 8 de enero emitida por el juez federal Juan Antonio Riestra Ramos, quien en su momento declaró el cierre de la investigación complementaria y negó una prórroga para recabar más pruebas contra el dueño del crematorio.
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