En los juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación no hay buen ánimo. Tras la reforma judicial, los ajustes al aparato, las reasignaciones presupuestales y la aplicación de criterios de austeridad, los jueces de primera instancia perdieron hasta 40 mil pesos de sus ingresos mensuales.

De llevarse 130 mil pesos con todas las prestaciones, fondos, bonos y demás arrimadijos, pasaron a un ingreso de 90 mil. Nada mal, pero claro que a nadie le gusta que le peguen al bolsillo o a un derecho ganado, menos cuando las cargas de trabajo se incrementan en mayores proporciones.

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De acuerdo con el reporte que le llegó a Mirone, prácticamente traen el doble de trabajo, pero con un recorte de ingresos del 30 por ciento.

También hay que decir que los atorones presupuestales al Poder Judicial le han pegado fuerte a su operatividad, ya que de repente no hay recursos ni para sacar copias.

Ah, pero claro que si se trata de priorizar inversiones desde el Presupuesto de Egresos de la Federación, los miles de millones de pesos siguen destinándose a grandes obras en el sureste o a programas sociales que generan clientelas electorales.

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Por el lado de la procuración de justicia, llegan otros informes de la Fiscalía General de la República, donde los operadores tienen que hacer coperacha para comprar suministros de oficina, ya que los tienen muy castigados con la crisis presupuestal.

Con los recortes que han reducido privilegios a la estructura judicial, las personas juzgadoras en el ámbito federal ya no andan tan arriba en ingresos respecto a quienes se mueven en el Poder Judicial estatal.

Un juez de primera instancia está recibiendo unos 80 mil pesos libres al mes, más o menos con 30 mil pesos como salario de nómina y otros 50 mil de compensación. La misma cifra la reciben los secretarios de sala, mientras que las magistraturas le andan pegando a los 126 mil pesos.

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Ahora que Mirone se ha estado echando el clavado al Poder Judicial, particularmente para ver cómo resultó la reforma que permitió la elección de personas juzgadoras por voto popular, invariablemente se encuentra con comentarios que apuntan hacia un deficiente trabajo de la Fiscalía General del Estado.

Sin dejar de lado las tremendas broncas que se cargan en el Tribunal Superior por falta de recursos humanos y materiales, y sin dejar de reconocer el problema de la improvisación en personas juzgadoras que abrió la reforma, consideran los operadores del sistema que el cáncer de la impunidad emana del aparato de procuración.

Lo mismo en primera que en segunda instancia, tienen que andar las personas juzgadoras enmendando la plana —cuando en verdad quieren ponerle freno a la impunidad y castigar el delito—, principalmente porque las pruebas que les presentan son insuficientes, deficientes o viciadas de origen.

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Siempre tienen que andar enderezando las pruebas chuecas o los procedimientos, si quieren que no se caigan las sentencias, ante el cúmulo de irregularidades o deficiencias en que incurren los agentes del Ministerio Público y los elementos de la Agencia Estatal de Investigación asignados a cada unidad de la Fiscalía.

Lo que le comentan a Mirone quienes ya llevan varios años en el Poder Judicial es que claramente se ha visto una caída en el nivel de las competencias y las capacidades de ese personal esencial de la representación social que debe perseguir el delito.

Tiempos mejores se vivieron en varias unidades, como las de combate al secuestro y la extorsión, cuando jefes y agentes cumplían múltiples capacitaciones, incluso en el extranjero o a domicilio, bajo esquemas de colaboración con instancias estadounidenses.

Recientemente se han estado dando de topes en las salas y los juzgados porque batallan con el uso de figuras o recursos legales que antes ya tenían plenamente dominados desde la Fiscalía, como lo es el caso de la prueba anticipada, sobre todo en cuestión de secuestros.

El MP tenía perfectamente claro que la videograbación, cumpliendo ciertos protocolos, podía perfectamente ser utilizada como prueba en la etapa de juicio, previendo que si la víctima era extranjera, seguramente se regresaría a su lugar de origen, sin importar el castigo al perpetrador y abriendo la puerta a la impunidad.

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El caso es que los agentes más capacitados y competentes terminan yéndose de la Fiscalía por el otro problema estructural: mala paga y exceso de carga laboral.

La rotación es continua y ya ni siquiera se les quiere capacitar, porque saben los jefes que en cuanto se invierte en ellos y adquieren más competencias y habilidades, simplemente se van en busca de mejores oportunidades.

Está ahí un gran boquete abierto por la falta de priorización en la inversión y el presupuesto público. Bien que podrían desde la administración estatal central capacitar, pero también subir sueldos e incrementar el número de plazas de agentes del MP e investigadores.

Sigue siendo esa una asignatura pendiente.

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Después de casi dos años de ver largas, muy largas rondas de discusión en la tribuna del Congreso del Estado —la mayoría de las veces en torno a temas que no competen a las autoridades locales—, ha surgido la propuesta de ampliar los días de trabajo parlamentario para dedicar una jornada específica al debate.

La idea se puso sobre la mesa desde principios del actual Período Ordinario de Sesiones, cuando todavía estaba fresco el encontronazo por la aprobación del Paquete Económico 2026, aquel que incluyó deuda, refinanciamiento y aumentos en impuestos estatales.

Aquello ocurrió el 16 de diciembre de 2025, en la sesión donde el bloque oficialista sacó adelante el proyecto gracias a la ausencia de dos diputadas de Morena que, según la leyenda urbano-legislativa, se salieron al baño en el momento clave.

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¿En qué consiste la propuesta? Según le contaron a Mirone, está más que fácil: actualmente hay dos sesiones por semana, martes y jueves, mientras que el resto de los días se destina a comisiones y a “recorrer distritos”.

La intención es aprovechar el hueco entre esos días y agregar una sesión los miércoles, dedicada exclusivamente al debate y a los puntos de acuerdo, esos que suelen derivar en discusiones kilométricas.

Como la del miércoles pasado, que se aventó más de siete horas de grilla continua.

La lógica suena simple: un día para que se agarren del chongo, se acusen de todo… y luego sí, a chambear.

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Si se aprueba, los martes y jueves quedarían libres de debate y se usarían solo para votar dictámenes ya “planchados”, con la idea de separar la grilla de la chamba legislativa.

Pero aquí viene lo bueno: la propuesta sí ha generado unidad… pero en contra.

Algunos la ven con buenos ojos, como para tener un día exclusivo de tribuna, pero otros ya extrañan su “miércoles de dos por uno”, donde se combina la grilla… con más grilla.

El proyecto sigue en el aire, esperando quién lo empuje. Aunque, según le contaron a Mirone, el numerote del miércoles pasado lo volvió a poner sobre la mesa.

A ver si ahora sí pasa… o si se queda, como siempre, en puro discurso.

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Lo que veremos en el parque El Palomar de la ciudad de Chihuahua el próximo 10 de mayo será mucho más que un festejo para las madres en su día, o uno de tantos eventos artísticos con los que los gobernantes tratan de congraciarse con sus gobernados.

No. Lo del próximo domingo representa la confirmación de la alianza de facto entre el Partido Acción Nacional y el Revolucionario Institucional para impulsar la candidatura de Marco Bonilla Mendoza a la gubernatura del estado.

Si fuera un número musical más, de esos donde el gobernante busca contagiarse de la popularidad del artista, no habría nada de nuevo. Pero en esta ocasión es diferente, porque el cantante que amenizará el festejo es también la carta fuerte del PRI rumbo a 2027.

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El artista contratado por la Presidencia Municipal de Chihuahua, que encabeza Marco Bonilla, es nada menos que el diputado federal, cantante y aspirante a candidato por el PRI, Antonio “Tony” Meléndez, líder de la popular banda de música norteña Conjunto Primavera.

Desde marzo pasado, este Mirone entrometido les adelantó que el festejo del 10 de mayo estaría a cargo del popular Tony, con lo cual se confirmaría la tendencia que prevalece tanto en el PRI como en el PAN de Chihuahua: ir en alianza —como sea— a disputarle la gubernatura a Morena y compañía.

Si bien, la dirigencia nacional del blanquiazul ya había anunciado que irían solos en el 2027, especialmente en las 17 elecciones de gobernador, ambos partidos habían planteado que, por lo menos en Chihuahua, podrían hacer una alianza “de facto”, como las que se han visto muchas veces.

El acuerdo iniciaría con la aparición en público de Tony Meléndez al lado de Marco Bonilla, y de ahí para adelante, lo que se ponga enfrente.

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El acto en sí mismo ha tenido más de una lectura para acercanos a las dirigencias de ambos partidos, y casi todas van a dar al hecho de que van a ir para adelante con el acuerdo electoral, aunque sus comités nacionales les indiquen lo contrario.

En el caso de Chihuahua, el pacto no firmado entre Bonilla y Meléndez implicaría, además, pasar por encima de Alejandro Domínguez, dirigente estatal del PRI, quien en meses anteriores se había puesto en calidad de “aventurero”, por aquello de que quería “vender caro su amor”, o el de su partido.

De modo que, feliz Día de las Madres para todas las que acudan a El Palomar, porque no solo verán un número musical que pretende agradar a la gente, sino que darán fe del arranque político rumbo a la elección del 2027.