La participación de la gobernadora María Eugenia Campos Galván y del exfiscal general del estado, César Jáuregui Moreno, en una sesión de trabajo en el Senado de la República continúa en suspenso, debido a que ni la administración estatal ni la propia mandataria han confirmado su presencia en la Cámara Alta.
Mientras el senador Óscar Cantón Zetina, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, aseguraba que la gobernadora y el fiscal sí asistirían, el Gobierno del Estado aún no emite una postura oficial sobre esa participación.
En cambio, tanto la gobernadora como el senador Mario Vázquez Robles advirtieron que no existen las condiciones para asistir a una sesión de trabajo convocada por las comisiones de Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública, en las que participa el exgobernador Javier Corral Jurado, hoy senador por Morena.
En una breve entrevista con medios de comunicación de Chihuahua, la mandataria expresó que está “bajo investigación”, por lo cual no aseguró su presencia en la Cámara Alta, mientras que Vázquez Robles sugirió una posible utilización de la reunión por parte de Corral Jurado para embestir contra su sucesora.
Según lo expresado por Cantón Zetina, la gobernadora se comunicó telefónicamente con el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ignacio Mier Velazco, para confirmar su asistencia.
“Sí vienen la gobernadora y el fiscal. Ya confirmaron por vía telefónica, no por escrito, como que hicimos la invitación… estamos ya en espera de mañana tener esa reunión de trabajo”, declaró el senador morenista a El Universal.
Tras calificar de “histórica” la reunión con autoridades de Chihuahua, el legislador consideró que la ocasión servirá para conocer con precisión los aspectos relativos a la presencia de agentes estadounidenses en una operación de desmantelamiento de un laboratorio de drogas sintéticas.
Al respecto, reiteró la postura expresada por diversos representantes de la 4T, en el sentido de que la participación de agentes extranjeros en operativos en México puede constituir una violación grave a la Constitución, a la Ley de Seguridad Pública y al Código Penal Federal.
“A partir de la información y de su versión, entonces, se tendrá que ver cuáles serían las consecuencias”, dijo.
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