En Ciudad Juárez, los centros de rehabilitación de adicciones operan en dos realidades: la legal y la clandestina. Mientras 39 establecimientos cuentan con registro ante la Comisión Estatal de Atención a las Adicciones (Ceadic), se estima que el doble o incluso el triple funcionan fuera de toda supervisión, en la sombra y sin garantías para quienes ingresan.
“Hay muchos que lamentablemente lucran con la población y se disfrazan muchas veces de algún tipo de iglesia, por ejemplo de corrientes religiosas o de albergue”, advirtió Lizeth Gutiérrez Perea, titular de la jefatura zona norte de la Ceadic.
La funcionaria explicó que es difícil ubicar estos espacios ilegales porque muchos ni siquiera tienen anuncios visibles, y en no pocas ocasiones las autoridades se enteran de su existencia solo después de que ocurre algún caso de violencia.
Por ello, recomendó a las familias acudir directamente a Ceadic antes de internar a un familiar, para verificar que el centro cuente con registro oficial. La dependencia realiza inspecciones físicas y entrevistas a usuarios para detectar irregularidades.
Subrayó que ingresar a un centro clandestino expone a las personas a cualquier tipo de situación, por lo que el tema se atiende de forma coordinada con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris) y la Fiscalía General del Estado cuando hay posibles delitos.
Clausuras, ilegalidad y riesgo
Durante el año 2025 se realizó el cierre de cinco establecimientos que operaban sin registro.
Sobre el internamiento, aclaró que nadie puede ser llevado a un centro en contra de su voluntad, ya que esto constituye el delito de privación de la libertad.
“La única excepción es cuando tenemos un ejercicio del Poder Judicial, es decir, de un juez que dictamine una sentencia y te puede obligar a entrar a un tratamiento para deshabituación de sustancias adictivas”, explicó.
“Son malas prácticas que no deben realizarse y, al encontrar nosotros alguna manifestación de que están en contra de su voluntad, se procede a la liberación del usuario o salida inmediata del centro”, apuntó.
No descartó que este tipo de prácticas sea más recurrente en centros que lucran con la necesidad de las familias.
Entre modelos válidos y prácticas ilegales
Personal de Ceadic hizo un llamado a familiares de personas con problemas de adicciones a revisar que los centros donde pretendan ingresar a sus parientes sí tengan registro oficial, ya que en muchos casos los espacios “piratas” representan un riesgo mayor en lugar de una solución.
Gutiérrez Perea reconoció que en algunos lugares se siguen practicando el maltrato e incluso la tortura como método de control, prácticas ilegales y violatorias de derechos humanos.
Explicó que cualquier organización que brinde tratamiento o prevención de adicciones está obligada a notificar a Ceadic, conforme a la Norma Oficial Mexicana y la Ley Estatal de Atención a las Adicciones.
Los establecimientos residenciales son asociaciones civiles que deben cumplir con esta normatividad; de lo contrario, operan en la ilegalidad.
Además, la Comisión tiene la responsabilidad de verificar de manera permanente estos centros.
De acuerdo con la norma, existen tres modelos de atención: ayuda mutua, mixto y profesional.
El de ayuda mutua es atendido por personas que han superado una adicción y cuentan con formación en consejería. El mixto incorpora terapeutas del área médica, mientras que el profesional cuenta con psicólogos, médicos, trabajadores sociales y psiquiatras.
Sin embargo, no todos los centros son adecuados para cualquier paciente. Se debe considerar el perfil de la persona, su condición y hasta su edad, ya que no pueden convivir menores y adultos.
“Debe haber una separación física, no es nada más que pongan una cortina o una puerta y ya con eso”, señaló.
También aclaró que la llamada ‘cristoterapia’ no es una corriente terapéutica validada. Aunque algunos centros integran elementos espirituales como complemento, las adicciones son un problema de salud, no religioso ni moral.
Internamientos forzados y abusos
Uno de los riesgos más graves es el internamiento forzado. La funcionaria advirtió que nadie puede ser ingresado contra su voluntad, salvo por orden judicial.
Incluso, existen esquemas como la llamada “Patrulla Espiritual”, en los que se cobra por recoger a personas con adicciones para internarlas, lo cual es totalmente ilegal.
“Muchas familias, en la desesperación, caen en esas malas prácticas y pueden meterse en un problema legal”, explicó.
Se han documentado casos en los que parejas o familiares ingresan por la fuerza a personas, lo que ha derivado incluso en denuncias por privación de la libertad.
Además, aunque un paciente presente síndrome de abstinencia, no se permite el uso de violencia física para controlarlo.
Debe existir una valoración médica al ingreso para determinar cómo actuar ante crisis, sin recurrir a agresiones.
Bajo ninguna circunstancia se puede atar, encadenar o encerrar a una persona bajo llave dentro de un centro, ya que es ilegal.
Falta información, no centros
Sobre si hacen falta más espacios de rehabilitación, la funcionaria consideró que el problema principal es la falta de información de la población sobre dónde acudir.
No todos los consumidores requieren internamiento. Es necesario acudir primero a una valoración profesional, que puede realizarse en los Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones (Cecosama), donde se determina el tipo de atención necesaria.
Además, el tratamiento depende de la sustancia consumida, ya que no todos los centros están preparados para atender todos los casos.
