Carlos Omar Barranco | Norte Digital

Al cumplirse nueve años del asesinato de la periodista Miroslava Breach Velducea dos de los presuntos responsables continúan prófugos, a pesar de que existen órdenes de aprehensión desde 2017 y una investigación robusta del Ministerio Público federal que identifica plenamente a los implicados y su participación en el crimen.

La captura de los sujetos —señaló en entrevista con Norte Digital la representante legal de la familia, Sara Mendiola Landeros— requeriría una operación militar de gran magnitud en la Sierra de Chihuahua, donde presuntamente se mantienen ocultos.

Lo más grave, sostuvo la abogada y directora de la asociación Propuesta Cívica, es que la impunidad no se explica por falta de pruebas, sino por la ausencia de voluntad política para ejecutar las acciones necesarias que permitan detenerlos y llevarlos ante la justicia.

Un operativo militar para entrar a la Sierra

Las órdenes de aprehensión giradas en contra de José Crispín Salazar Zamorano y Wilbert Jaziel Vega Villa se emitieron desde el mismo año del feminicidio, 2017. Sin embargo, hasta ahora no se han cumplimentado.

Para lograr su captura, explicó Mendiola, sería necesario desplegar una operación de gran escala en la región serrana de Chínipas, un pequeño municipio ubicado en los límites entre Chihuahua y Sonora.

Entrar a esa zona —dijo— implica una estrategia compleja que requiere inteligencia, recursos humanos, equipo táctico y armamento, además de un despliegue militar suficiente para enfrentar las condiciones del terreno y la presencia de grupos criminales.

“Falta voluntad política para tener una magnitud de inteligencia para ejecutar las órdenes de aprehensión”, afirmó Mendiola en entrevista con Norte Digital el 22 de enero de 2026.

El riesgo de un enfrentamiento en la Sierra

De acuerdo con la abogada, la decisión de no realizar ese operativo también se explica por los riesgos que implicaría.

En la Sierra existe una amplia red de halcones, personas encargadas de vigilar los accesos y alertar a los grupos criminales sobre la presencia de autoridades.

Ese pitazo podría provocar que los sospechosos escapen antes de ser detenidos o incluso derivar en un enfrentamiento entre fuerzas militares y delincuentes, lo que pondría en alto riesgo a la población civil de la zona.

Por esa razón, explicó Mendiola, cualquier intento de captura requeriría una planeación detallada y un despliegue significativo de fuerzas federales.

Los tenían ubicados… y se perdió la pista

Información de fuentes directas de la investigación, compartida con Norte Digital, señala que al menos entre 2017 y 2022 las autoridades mantenían geolocalizados a José Crispín

Salazar Zamorano y Wilbert Jaziel Vega Villa.

Durante ese periodo existían datos sobre su ubicación en la región serrana.

Esa circunstancia cambió a partir de 2022, cuando las autoridades dejaron de contar con información precisa sobre el paradero de ambos sujetos.

Desde entonces, se les perdió la pista.