Recientemente se había hecho el ejercicio en la ciudad de Chihuahua, pero ayer se replicó en esta frontera con juezas, jueces y magistraturas de Distrito que despachan en el edificio del Poder Judicial de la Federación, en el conocido inmueble de la avenida Tecnológico.

Es inédito el encuentro entre personas juzgadoras del orden estatal y federal, realizado a iniciativa de la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Marcela Herrera, y operado como enlace por la magistrada Nancy Suárez, quien precisamente viene de una carrera judicial de 24 años en el ámbito federal. Allá también era magistrada.

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Ojalá se traduzca en beneficio de los justiciables y de los usuarios de los sistemas de justicia. De eso se trata, principalmente. Un punto clave es que fluyan los términos en los amparos —que es lo que finalmente une a los dos sistemas— y todo se resuelva en el menor tiempo posible.

Que se facilite el cumplimiento de los términos y las resoluciones, lo que se traduce en una justicia más expedita, es lo que le interesa a la gente. Mayor y mejor comunicación interinstitucional para darle celeridad al manejo de los expedientes.

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Supo Mirone que también se pusieron sobre la mesa otros temas importantes, como la necesaria coordinación y apoyos para la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, así como la colaboración en materia de capacitación.

En el Tribunal Superior de Justicia traen la idea de intercambiar capacitadores o docentes para fortalecer la chamba del Instituto de Formación y Actualización Judicial (Inforaj). Hubo bastantes opiniones y reflexiones sobre lo que se requiere al respecto.

Se trataron además otros temas sustantivos pendientes para la impartición de justicia, como el de la justicia indígena y la aplicación de criterios de interculturalidad.

Por lo visto, fue exitosa la convocatoria y productivo el ejercicio, al que también acudió el presidente del Tribunal de Disciplina Judicial, Francisco Acosta Molina, y representantes del Órgano de Administración Judicial.

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La operación “Retorno seguro” que permitió a decenas de familias reacomodarse en sus hogares se parece un tanto, al menos en el título, a la película “Los 300”, inspirada en la épica batalla de las Guerras Médicas que dio un pequeño grupo de soldados espartanos contra el enorme ejército persa.

Toda proporción guardada—tanto con la mitología de la película como con el hecho histórico—el operativo desplegado en Atascaderos bien podría llamarse “Los 200”, porque fue ese el tamaño del contingente de fuerzas federales y estatales para resguardar una población de mil 100 habitantes, según el Inegi.

Solo así, con esa cantidad de efectivos en tierra, más el apoyo de helicópteros y drones, pudieron regresar a sus casas esas familias que se fueron despavoridas hacia Parral—y algunas hacia Chihuahua—después de oír disparos de armas largas durante horas, si no es que días.

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Lo que gente del lugar y personas que conocen ese sector le contaron a Mirone es que las familias desplazadas—por su voluntad o a la fuerza, para el caso es la misma—no querían volver a sus casas en Atascaderos hasta que no vieran una presencia fuerte de agentes de seguridad pública, sean estatales o federales, porque a los municipales pues, con todo respeto, ni cómo ayudarles.

En gran medida, esa fue la razón por la que se fueron así, casi con lo que traían puesto: horas y horas de tronidos de balas a sabe Dios qué distancia de sus casas y nomás no veían una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, de la Guardia Nacional o del Ejército.

Estaban dejados a su suerte. Una comunidad de mil y tantos habitantes no pintaba en los mapas de operación de las “Células BOI”, compuestas por agentes estatales, de la Guardia Nacional y de la Sedena, porque andaban ocupados en otras zonas, a cuál más de conflictivas.

Tuvo que convertirse aquello en una emergencia humanitaria para que voltearan a ver y se pusieran la pila para recuperar la calma en el lugar.

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Ahora mismo, “Los 200” siguen en Atascaderos y en lugares circunvecinos, haciendo sus patrullajes y apoyando a la gente que aún se está reacomodando en sus casas.

Todo en orden, hasta ahí. Sin novedad en el frente, podrían decir, porque desde su llegada se calmaron los tiroteos y no se han registrado muertes violentas en el lugar, ni en el municipio.

El problema vendrá cuando esos “200” tengan que ir a otra batalla a detener una oleada más de violencia en otro punto del estado. El problema es que esta entidad tiene más focos rojos que una serie de luces navideñas. Que nadie se asombre si, en un dos por tres, se retiran del lugar para regresar hasta nuevo aviso.

Para los residentes de Atascaderos, ese “nuevo aviso” no lo dan los ciudadanos en peligro, sino los tronidos de las balas que disparan los malandros. A ver si, para entonces, regresan “Los 200” para proteger a “las 200” personas que dejaron sus casas para ponerse a salvo.

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El Gobierno de Nuevo Casas Grandes ya levantó la mano, cual defensa que reclama un fuera de lugar, para pedirle al “Capitán Centinela” que deje de meterle goles político-electorales y le devuelva la Policía Municipal.

Como es bien sabido, desde 2023 la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), que encabeza el aspirante a candidato Gilberto Loya Chávez, disolvió la Policía Municipal y asumió el control de la seguridad pública de Nuevo Casas Grandes, uno de los municipios que se disputarán el PRIAN y la 4T en las próximas elecciones.

Si bien no le faltaban motivos al “supersecretario” —metido de cuando en cuando a operador electoral— para darle una buena sacudida a la Policía neocasagrandina, también es cierto que ya se pasó de tueste: lleva más de dos años en el lugar y no tiene para cuándo irse.

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Todo empezó allá por mayo de 2023, cuando la SSPE, junto con el Ejército y la Guardia Nacional, emprendieron un operativo sorpresa para desarmar a todos los agentes de la Policía Municipal de Nuevo Casas Grandes, ante fundadas sospechas de que andaban en malos pasos y haciendo mal uso del uniforme, la placa, el cargo y, por supuesto, del arma que se les dotó como agentes del orden.

El tufo a colusión con organizaciones delictivas era tal que los mandaron a todos a practicarse exámenes de control de confianza… y todos los reprobaron. Así, ni cómo alegar. Por eso, muchos más ni siquiera se presentaron a las pruebas y mejor dejaron tirada la chamba.

Las cosas se pusieron peor cuando la presidenta municipal, Cynthia Marina Ceballos Delgado, fue separada del cargo, primero, y detenida después, acusada de peculado agravado por la presunta venta ilegal de terrenos municipales.

Luego vino lo peor: el asesinato del oficial mayor, Pedro Pablo Lara, quien tenía poco tiempo en el cargo.

Sí, nadie discutió en aquel entonces, ahora sí.

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A un año y meses de las cruciales elecciones de 2027, la dirigencia estatal del PT —partido que postuló a la actual alcaldesa, Edith Escárcega— salió a decir que “ya chole” y que les devuelvan su Policía.

Para las fuerzas políticas no alineadas con Gilberto Loya Chávez, la presencia de la SSPE haciendo las veces de Policía Municipal equivale a un “secuestro” y a un arrebato de la autonomía de un ayuntamiento que no forma parte del bloque de Gobiernos cercanos al PRIAN.

Este jueves, la dirigencia del PT se reunió en Nuevo Casas Grandes con representantes del estado y de la Federación para pedir que ya le paren y que les devuelvan su corporación policiaca.

¿Cómo no lo iban a pedir, si buscan repetir por tercer trienio en la Presidencia Municipal? Solo que ahora tienen a una SSPE metida hasta la cocina, con un secretario que aspira a ser candidato y un subsecretario de Vialidad que también opera como dirigente partidista.

Como quien dice, el Gobierno petista de Nuevo Casas Grandes está durmiendo con el enemigo.

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El consultor venezolano Pedro Silva está desquitando lo que le paga el Comité Ejecutivo Nacional del PAN para que este sábado siga la estrategia de operación política-electoral en territorio, con la segunda edición de “El Terremoto”.

La primera fue en Infonavit Frontera el sábado 21 de febrero. Este sábado 21 de marzo es la segunda edición de esta operación que nunca había desplegado el PAN, con todo el apoyo de sus estructuras gubernamentales.

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Funcionarios y empleados estatales, literalmente, poniéndose el chaleco azul panista, para tocar puertas, recitar el Padre Nuestro de los logros del Gobierno de Maru Campos, e identificar, junto a los activistas o representantes partidistas, los domicilios afines, contrarios e indecisos.

En esta ocasión no estarán las máximas figuras azules chihuahuenses porque andarán en el Consejo Nacional del PAN, pero no hay que olvidar que ya estuvieron en el “Toca-Toca”, tanto la gobernadora Maru Campos como el alcalde Marco Bonilla, haciendo lo mismo que la presidenta estatal Daniela Álvarez y el secretario de Elecciones del CEN, Luis Olmedo.

Sin embargo, aquí estarán el propio Silva, para seguir capturando y alimentando con su equipo todas las métricas, resultados y metas, lo mismo que el dirigente local del PAN, Ulises Pacheco, y el representante de la gobernadora, Carlos Ortiz.

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Ortiz, junto con su equipo de la Representación, tiene ya la encomienda de chicotear a la estructura estatal para cumplir objetivos, pero también de aprender el sistema para darle seguimiento o replicar después la estrategia que llegó para quedarse, como ya pasó en Aguascalientes, donde empezó a trabajar Silva hace algunos años con la gobernadora Tere Jiménez.

“El Terremoto” es un “Toca-Toca” masivo. La vez anterior comprometieron a un ejército de 600 personas y ahora se enlistaron 800, con la idea de que retumbe la actividad en toda la colonia y se haga el barrido en varias calles y manzanas al mismo tiempo.

No únicamente es hacerse notar. El barrido por colonias y secciones electorales tiene el objetivo de construir el mapa político de la ciudad, para que a la hora de las campañas sepan a dónde llegar y con qué estrategia, dependiendo del color de cada domicilio: azul si es afín, rojo si está con la 4T y amarillo si no hay claridad.

No es mera casualidad, pero en Satélite también se agendó para este sábado una Feria de Salud y Servicios, en el deportivo de la colonia. Una parte de la estructura estatal estará en la atención del evento oficial y otra en las calles aledañas con sus respectivas asignaciones de manzanas por recorrer.