Desde 2024 comenzó un fenómeno que se ha convertido en una tragedia en la Sierra Tarahumara: los comisariados ejidales, que se nombran cada tres años, fueron impuestos por la fuerza de las armas, denunció la defensora de los pueblos originarios María Teresa «Petty» Guerrero Olivares.
La derechohumanista y ambientalista, mejor conocida como Petty Guerrero, señaló que esto ocurrió en comunidades como Norogachi, Rochoachi, Papajichi (Paparichi) y Aboreachi, en los ejidos de mayor explotación forestal de la meseta de Guachochi.
“Ahorita, la mayoría de los presidentes municipales de los 13 municipios en los que yo me moví, te aseguro, todos ya es el narco el que gobierna, pero tienen una cara civil municipal, que puede ser candidato de Morena o del PRI o del PAN”, dijo Guerrero al responder a un cuestionamiento sobre el impacto del narcotráfico en la Sierra.
La socióloga, con tres décadas de trabajo en defensa del territorio, del medioambiente y de las comunidades indígenas, presentó su más reciente libro en el Centro Cívico Smart.
“Finalmente —señaló— todos llegan acordados. Y de ahí se baja todavía más. El crimen organizado es parte de la estructura civil, desde el seccional del municipio”.
Agregó que actualmente el crimen organizado opera con grupos de corte paramilitar, distintos a los que observó en los años noventa, cuando comenzó su labor en la región.
“Ahorita ya andan vestidos de militar, con armas de alto calibre. Observen lo que está pasando en Uruachi y en Moris: se usan drones para bombardear”, afirmó.
Control total de la estructura forestal
Guerrero explicó que estos grupos no solo controlan territorios, sino también negocios estratégicos, entre ellos la tala ilegal, actividad que genera miles de millones de pesos.
“Pero si estas gentes controlan la presidencia seccional, el municipio y ahora la estructura ejidal, fíjense que la madera que sale de la Sierra toda es legal, toda, porque ya tienen las vías forestales. Ya todo está legalizado, está legalizado el crimen”, sostuvo.
Recordó que en los años noventa le tocó acompañar a comunidades indígenas en una etapa en la que la región era frontera entre la tala y la siembra de enervantes.
“Nosotros fuimos aprendiendo que el narco, tanto los que sembraban como los que llevaban la droga, era algo que estaba ahí y que no se iba a acabar. Lo entendimos como algo que contemporaneizaba con el Ejército”, relató.
Con el paso del tiempo, explicó, la percepción cambió: primero se hablaba de narcotraficantes, luego de sicarios, después de malandros, hasta consolidarse la noción de crimen organizado.
Penetración electoral y control civil
“Ya cuando llegamos a la noción de crimen organizado, ya no nada más era la siembra y el trasiego de la droga; ya empezaban a cobrar piso, a manejar la venta del alcohol, ya empiezan a penetrar y a participar en los procesos electorales de presidencias municipales”, expresó.
Sostuvo que entre 2008 y 2015 Chihuahua registró más asesinatos de candidatos a presidencias municipales que cualquier otro estado del país.
“Ahorita ya no hay asesinatos de presidentes municipales como lo hubo en esa época, porque también el crimen organizado ha penetrado la estructura civil”, señaló.
Desplazamiento en Atascaderos
La defensora consideró que la situación en la Sierra es “muy asfixiante y muy difícil”.
“Ahorita tenemos un desplazamiento en Atascaderos, familias que no quieren estar ahí. Las declaraciones de la Fiscalía General del Estado son terribles: que la gente se sale por voluntad propia. ¿Quién deja su casa por voluntad propia?”, cuestionó.
Informó que organizaciones civiles están brindando apoyo a las personas desplazadas y que han tenido que acudir a instancias federales ante la falta de respuesta estatal.
Lamentó que no exista una ley que reglamente o defina el desplazamiento forzado.
“La gente sale de sus comunidades y, si para que te den ayuda humanitaria necesitas hacer una declaración, la gente no quiere declarar y prefiere entrar en una vida anónima, sin nada”, concluyó.
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