Culiacán, Sinaloa. – El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que del 1 de octubre de 2024 al 15 de febrero de 2026 han sido detenidas 2,225 personas por delitos de alto impacto en Sinaloa, como parte del reforzamiento federal implementado tras el incremento de violencia registrado en septiembre pasado por la disputa entre grupos criminales.
Durante el Informe de Seguridad presentado en la conferencia “Las mañaneras del pueblo”, el funcionario explicó que en octubre de 2024 la presidenta Claudia Sheinbaum instruyó al Gabinete de Seguridad ampliar de manera progresiva el despliegue de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la propia Secretaría de Seguridad, con apoyo de la Fiscalía General de la República, en coordinación con autoridades estatales.
El operativo se estructuró bajo tres objetivos prioritarios: disminuir la incidencia delictiva, particularmente el homicidio doloso y delitos de alto impacto; detener a generadores de violencia y desarticular redes criminales; y fortalecer las capacidades de investigación, inteligencia y prevención, además del respaldo a la policía estatal.
Como parte del fortalecimiento institucional, la Federación entregó 100 patrullas a la policía estatal y dispuso capacitación y comisiones de personal militar para reforzar las tareas locales.
Despliegue federal y resultados acumulados
En cifras, García Harfuch detalló que en el periodo señalado se han asegurado 33 toneladas de droga y se han desmantelado 1,942 laboratorios y áreas de concentración para la producción de metanfetaminas.
Asimismo, se decomisaron 4,850 armas de fuego, lo que equivale aproximadamente al 20 por ciento del total asegurado en el país, es decir, una de cada cinco armas incautadas a nivel nacional fue localizada en Sinaloa.
Entre el armamento asegurado destacan más de un millón de cartuchos útiles, ametralladoras, fusiles Barret, lanzagranadas, granadas y más de 5,500 artefactos explosivos improvisados.
Casos de alto impacto y capturas prioritarias
El secretario también se refirió a tres casos recientes de alto impacto. En el caso de la privación de la libertad de 10 trabajadores mineros en Concordia, informó que el 3 de febrero fueron detenidas cuatro personas, entre ellas Jesús Abel “N”, señalado como generador de violencia vinculado a una célula delictiva. Las investigaciones continúan y se solicitó la intervención de peritos federales ante indicios de posibles fosas clandestinas.
Respecto al ataque ocurrido el 28 de enero en Culiacán contra los diputados Elizabeth Montoya y Sergio Torres, indicó que ya fue detenido un presunto responsable y se gestionan nuevas órdenes de aprehensión.
En cuanto a la privación de la libertad de seis personas originarias del Estado de México en Mazatlán, señaló que dos fueron liberadas y cuatro continúan en búsqueda. Por estos hechos han sido detenidas dos personas y se identificó a otros presuntos involucrados.
El funcionario enumeró además acciones recientes en distintos municipios. En Badiraguato fueron detenidas siete personas, entre ellas Iván “N”, identificado como líder de una célula delictiva, y se aseguraron armas de alto poder, vehículos robados y 14 mil pastillas de fentanilo.
En Mazatlán se ejecutó una orden de detención con fines de extradición contra Daniel Alfredo “N”, alias “El 23”, señalado como operador del Cártel de Sinaloa y objetivo prioritario en Estados Unidos.
En Culiacán fueron detenidos presuntos operadores vinculados con la producción y distribución de drogas sintéticas, algunos con órdenes de captura emitidas por autoridades estadounidenses.
En Cosalá se aseguraron 78 kilos de fentanilo y 54 kilos de cocaína.
En Mocorito y Badiraguato, fuerzas federales repelieron una agresión armada y detuvieron a seis personas, además de decomisar armas largas, lanzagranadas y miles de cartuchos. García Harfuch aseguró que el Gabinete de Seguridad mantiene presencia permanente en la entidad para supervisar las operaciones y evitar la impunidad en homicidios, extorsiones y delitos relacionados con el tráfico de drogas, en coordinación con el gobierno estatal.
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