El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, junto con la presidenta estatal del partido, Daniela Álvarez Hernández, presentaron una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de la senadora morenista Andrea Chávez Treviño, por la presunta comisión de 15 delitos relacionados con el financiamiento irregular de unidades médicas móviles y propaganda en espectaculares.
Álvarez Hernández afirmó que la legisladora chihuahuense “no midió las consecuencias de sus actos”, al vincularse con el empresario Fernando Padilla Farfán, quien habría financiado las unidades médicas mediante un supuesto “donativo” no reportado ante las autoridades electorales.
“La ilegalidad fue confesada desde que la senadora admitió su amistad con Padilla Farfán y reconoció que las unidades móviles se pagaron con un donativo. La ley exige que estos recursos se declaren para comprobar su origen lícito”, señaló la dirigente panista.

Denuncian intromisión en Chihuahua del Cártel de Tabasco
Durante la conferencia, Álvarez Hernández se refirió al caso como parte de lo que en Chihuahua se ha denominado el Cártel de Tabasco, en alusión a la presunta injerencia de Adán Augusto López, actual integrante de la bancada de Morena en el Senado de la República y exgobernador de esa entidad.
“Venimos a alzar la voz por los chihuahuenses. No permitiremos que se cometan ilegalidades bajo el argumento de ayudar a la gente, cuando en realidad se trata de comprar influencias con dinero de dudosa procedencia”, expresó.

Morena, en la mira por presuntas irregularidades
Esta denuncia se suma a otras controversias que han rodeado a Morena en Chihuahua, donde la oposición ha acusado al partido de utilizar programas sociales y apoyos médicos con fines proselitistas.
Al respecto, el l coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, ha expresado que la acusación es una represalia por el crecimiento del partido en Chihuahua, donde busca arrebatarle al PAN su bastión tradicional.
Por su parte, Chávez aseguró en redes sociales que las unidades médicas “son legales y transparentes”, y acusó al PAN de “querer criminalizar la solidaridad”.
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