La Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2024, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), posiciona a Chihuahua como una de las entidades con mayor afectación por delitos patrimoniales hacia negocios en los años recientes.
Según el estudio, el estado registró una tasa de 2 mil 839 delitos por cada 10 mil negocios durante 2023, lo que representa un aumento del 32.1 por ciento en comparación con la medición anterior de 2021, cuando se contabilizaban 2 mil 149 casos.
Este incremento coloca a Chihuahua como uno de los estados con el mayor crecimiento en la incidencia de delitos contra establecimientos comerciales y empresariales, lo que refuerza su lugar entre las entidades más vulneradas en este ámbito.
Además de la frecuencia de los delitos, Chihuahua es el quinto estado a nivel nacional en costo promedio por delito hacia negocios.
Según la ENVE 2024, las pérdidas económicas ascienden en promedio a 70 mil 372 pesos por cada acto delictivo.
Estas cifras reflejan el grave impacto financiero que la inseguridad genera en el sector empresarial.
En lo que va de 2024 se han registrado 1 mil 714 robos a negocios en el estado, de los cuales 141 fueron cometidos con violencia.
Estas cifras resaltan el desafío continuo para los empresarios de operar en un entorno donde la criminalidad persiste como un riesgo latente.
A lo anterior habría que sumar los 141 casos de robo de ganado y los 149 de robo de maquinaria y 66 casos de robo de herramienta registrados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp) de enero a noviembre del año en curso.
Los delitos contra negocios generan múltiples repercusiones negativas. No solo afectan directamente las finanzas empresariales mediante pérdidas materiales y gastos en seguridad, sino que también erosionan la confianza de los comerciantes, limitan el crecimiento económico y disuaden inversiones.
Cámaras empresariales y expertos en seguridad han señalado la urgencia de implementar estrategias más efectivas para prevenir este tipo de delitos.
Esto incluye el fortalecimiento de la presencia policiaca, el diseño de políticas públicas específicas, y una mejora en la coordinación entre el sector privado y las autoridades gubernamentales.
El incremento en la tasa de incidencia y los altos costos económicos dejan en evidencia que el desafío de combatir los delitos hacia negocios es complejo y requiere acciones inmediatas y coordinadas para generar un entorno más seguro y propicio para el desarrollo económico del estado.
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