Tanto el representante de la Fiscalía de Distrito Zona Norte como la jefa de la Misión de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), hicieron énfasis en el riesgo que sufren los migrantes que van a Estados Unidos y que cruzan por el estado de Chihuahua, donde es común que sean víctimas del delito de secuestro.
Según lo expuesto por Carlos Manuel Salas, titular de la primera dependencia referida, de los casos de secuestros registrados en la entidad, el 95 por ciento corresponde a personas que están en movilidad y el restante corresponde a casos tradicionales de personas que habitan en Chihuahua.
Aclaró que en los últimos 20 meses en el estado han ocurrido solamente dos secuestros de los habituales y todos los demás han sido de migrantes, aunque comentó que han sido muchos secuestros de estas últimas personas, pero se contabilizan uno a uno, aunque haya 20, 30, 40 o más víctimas en cada caso.
Dijo que por eso en sólo 5 secuestros pudieran ser hasta 200 personas, dependiendo del número de personas que se tengan privadas de la libertad.
Señaló que la Dirección General Antisecuestros de la FGE se coordina con otros niveles de gobierno para tratar de abatir este problema.
“Han sido secuestros muy pesados, muy violentos, donde los compañeros migrantes han sido abusados, han sido torturados, este, terrible, terribles circunstancias”, anotó.
Afirmó que afortunadamente se ha detenido a varios de los responsables de dicho delito.
Dana Graber Ladek, jefa de Misión de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) por parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), expuso ayer que se sabe que las personas en movilidad han sido víctimas de delitos tales como secuestro, robos y violaciones, por lo cual es importante trazar una ruta muy clara para que puedan ser atendidas por las autoridades.
Lamentó que en muchas ocasiones los mismos choferes de transporte sean quienes entreguen a los migrantes a los criminales para que los secuestren.
En ese contexto de declaraciones fue que se firmó y se presentó el “Protocolo para la atención de personas migrantes en situación de vulnerabilidad víctimas de delito y en conflicto con la legislación penal”, el pasado 13 de noviembre.
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