Si Jonatan Rivero Martínez regresa a Venezuela las consecuencias serían funestas. Sería encarcelado en el mejor de los casos, porque fue considerado opositor al Gobierno de Nicolás Maduro.
Fue candidato a diputado de la Asamblea Nacional por parte del estado de Yaracuy, donde sufrió las consecuencias de aventurarse a participar en un proceso electoral durante 2020.
Fue amenazado de muerte por las brutales células del Gobierno denominadas “colectivos”, por lo cual se vio obligado a renunciar incluso a la candidatura antes de las elecciones y ahora es un perseguido político, según explica a Norte Digital.
El venezolano de 36 años menciona que como forma de amedrentarlo, también lo despojaron de un vehículo durante la campaña, mientras a uno de sus compañeros políticos le dispararon con un arma de fuego.
Mientras se encuentra en Ciudad Juárez, comenta que es un ingeniero mecánico, sin embargo, no puede desarrollarse con amplitud en su profesión, por su situación migratoria.
No obstante, labora en una empresa maquiladora, donde obtiene un sueldo de dos mil pesos semanales que le permiten sobrevivir medianamente, aunque para ahorrarse algo de dinero duerme en un albergue al poniente de la ciudad.
Señala que en la empresa donde laboraba en Venezuela los empleados ganaban un promedio mensual de 500 dólares hace unos cinco años, pero con los cambios implementados por el Gobierno, empezaron a ganar el equivalente a unos siete dólares mensuales, que son 139 mil devaluados bolívares.
Dice que tomó la decisión de salir de su país porque era un representante sindical y empezó a ser perseguido a raíz de su participación en el señalado proceso electoral.
Afirma que también recibió amenazas de otros personajes del Gobierno. Rivero Martínez indica que el pasado 8 de octubre ingresó a Estados Unidos para entregarse a la Patrulla Fronteriza, sin embargo, no le dieron el anhelado asilo, de tal manera que lo deportaron el 13 del mismo mes y aún tiene la esperanza de que en una segunda oportunidad consiga quedarse a trabajar en ese país.
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Señala que lo ocurrido en la estación migratoria de Ciudad Juárez es uno de los capítulos más oscuros y dolorosos en la gestión migratoria del país
