El diputado priista Rubén Moreira presentó a la Comisión Permanente una iniciativa que propone crear la figura del Comisionado Electoral y el Observatorio Electoral, que quedarían adscritos al Instituto Nacional Electoral (INE) para reducir la incidencia del crimen organizado en las elecciones.
El proyecto propuesto por Moreira plantea que el Comisionado Electoral podrá emitir la figura de la Suspensión del Proceso Electoral cuando se acredite la injerencia del crimen organizado o asociaciones delictivas.
También se tendrá acceso a documentos, registros físicos y electrónicos en poder de los partidos políticos, agrupaciones políticas, instituciones públicas y privadas, solo en lo relativo a los procesos electorales; y participará en la emisión de estudios para la prevención en la integración e instalación de mesas directivas de casilla en lugares donde existan condiciones que supongan la injerencia del crimen organizado o asociaciones delictivas.
También solicitará a las autoridades aéreas, la información relativa a los vuelos que realicen las y los candidatos durante los procesos electorales e investigará la procedencia respecto a la adquisición y uso de vehículos privados durante los procesos electorales.
Plantea que se podrá ordenar medidas de vigilancia preventiva y de protección, para candidatas y candidatos a elección popular, así como a sus familias.
La iniciativa señala que este comisionado elaborará protocolos de actuación en coordinación con la federación, las entidades federativas y los municipios, en materia de investigación y persecución de la posible filtración del crimen organizado en procesos electorales.
En cuanto al Observatorio Electoral, tendrá el objetivo de desarrollar, implementar y administrar un sistema de investigación que informe de manera objetiva, técnica y oportuna los riesgos y amenazas que potencialmente puedan afectar los procesos electorales, actuando de oficio o a petición de parte.
El diputado Moreira señaló en su proyecto que en las pasadas elecciones de 2021, se contabilizó una incidencia de mil 66 ataques a políticos, lo cual representa un incremento de 38% en comparación al proceso electoral inmediato anterior. Mencionó que se registraron 102 víctimas de homicidio doloso, 36 de ellas aspirantes y candidatos.
Por su lado, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) registró al menos 280 casos de
candidatos a diversos cargos de elección, principalmente aspirantes a presidentes municipales, que tuvieron que solicitar autorización a la delincuencia para poder participar en el proceso.
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