Desde finales de 2020 México y Estados Unidos sostienen reuniones periódicas para renegociar las condiciones de operación del Tratado de Aguas Internacionales de 1944.
Esto para evitar nuevos conflictos como el generado en 2020 en la presa de La Boquilla entre agricultores y elementos de la Guardia Nacional.
El motivo deriva de las condiciones de sequía extraordinaria que viene registrando el norte del país, y las poco optimistas expectativas para el futuro inmediato.
Entre las opciones generadas a raíz de estas reuniones, está la de prorrogar los plazos de entrega de la cuota de agua a Texas.
Con base a los acuerdos de 1944, México debe entregar cada cinco años cerca de 2 mil 160 millones de metros cúbicos de agua a Estados Unidos.
A Chihuahua le corresponde el 54.1 por ciento de esa cantidad, proveniente de los afluentes del Río Conchos.
El plazo máximo de entrega es en ciclos de cinco años; esto permite que, sin en un año no se puede cumplir la cuota, existe margen para hacerlo al año siguiente o máximo en cinco años.
Pero por las condiciones de sequía extrema que, entre otros factores, retrasaron al límite el pago en 2020 obliga a la búsqueda de nuevas opciones.
Esto exige replantear las condiciones de entrega en circunstancias de excepción como es el caos de la sequía prolongada que presenta la entidad.
Pero además, se tiene la obligación de implementar medidas de ahorro, tratamiento y saneamiento del agua, aspectos que actualmente están siendo analizados a conciencia.
Así lo señala Agustín Bonne González, ingeniero principal en el área de operación de la Comisión de Límites y Aguas (CILA) en Ciudad Juárez.
“Si se dan condiciones de sequía extrema en plazos muy prolongados, existiría la posibilidad de prorrogar esta obligación hasta por diez años; si en los siguientes años las lluvias permiten pagar la cuota, se cierra el ciclo, reiniciándose el ciclo original por otros cinco años”, comentó.
De acuerdo al funcionario se analizan opciones de ahorro y eficientación, entre ellas el establecimiento de mecanismos de tratamiento y desalinización del agua.
Y por supuesto la implementación de mecanismos de control extraordinarios por parte de organismos como la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
La coordinación binacional se realiza cada año, para después llevar a efecto reuniones con autoridades locales a fin de observar las acciones que hay que adoptar.
El pasado 14 de julio la Conagua publicó un acuerdo para implementar medidas emergentes en caso de sequía severa, extrema o excepcional.
Este instrumento permite tener un marco jurídico y legal para implementar las medidas preventivas y de mitigación necesarias en caso de requerirse.
El acuerdo se emite por efecto de los resultados de análisis y dictámenes realizados por la Conagua, mediante el Monitor de Sequía de México.
Respecto a las negociaciones para revisar los términos del tratado del agua, en mayo de cada año se realiza un taller binacional.
Autoridades en materia de agua de ambos lados de la frontera participan en estos talleres; esto con la finalidad de analizar y discutir sobre la actualización del sistema hidráulico del río Bravo.
Se discute en qué porcentaje se encuentran las presas y se realizan ejercicios hipotéticos en caso de prolongación de la sequía o presencia de huracanes.
La situación sin embargo es mucho más complicada, pues lo primero que debe garantizarse en ambos lados es el agua para el consumo humano.
“Son opciones que antes no se consideraban pero que ahora son necesarias; las actuales condiciones de sequía mantienen los niveles de las presas en un promedio de apenas 20 por ciento de su capacidad”, aseveró Boone.
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