En los últimos cinco meses más de diez mil personas fueron registradas en la Casa del Migrante buscando asilo en Estados Unidos, informó el sacerdote católico Francisco Javier Calvillo, coordinador del recinto.
De acuerdo con estadísticas del albergue, del 28 de octubre de 2018 a la fecha se han registrado diez mil 221 personas migrantes buscando cruzar la frontera.
De ese número, seis mil 830 ya pasaron al otro lado y tres mil 391 aún están en espera, estacionados en distintos refugios y hoteles de Ciudad Juárez.
De acuerdo a información difundida por la Comisión de Aduanas y Seguridad Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus siglas en inglés), en el lado estadounidense se calcula que hay otros 3 mil 500 personas más a la espera de que se les resuelva su petición de ingreso.
Lo anterior significa que en ambas ciudades el total de migrantes a la espera de ser atendidas por la autoridad migratoria americana, ronda los siete mil personas.
QUITA EL ESTADO CONTROL A CASA MIGRANTE
En medio de la crisis que ya desborda a las autoridades de ambos lados de la frontera, el Consejo Estatal de Población (COESPO) del Gobierno del Estado anunció que a partir de esta semana se hará cargo de la lista de registro de migrantes que llegan a Juárez.
Esa función la había realizado los último 36 años la Casa del Migrante, pero la instancia de gobierno decidió hacerse cargo ahora “para lograr un mayor orden y seguridad”, se informó en un comunicado oficial.
Luego de conocerse la medida, el propio padre Francisco Javier Calvillo criticó la decisión quejándose incluso de que el gobierno había retardado el apoyo económico que le daba.
“Se les avisa a taxistas y policías municipales que para la lista y la pulsera ahora tienen que llevar a las personas a las instalaciones de COESPO”, advirtió.
Actualmente Casa del Migrante tiene una población de 395 personas, entre hombres, mujeres, niños y niñas y personas de la tercera edad, y sus gastos ascienden a 350 mil pesos mensuales por servicios de agua, luz, teléfono y alimentación.
Cifras oficiales indican que el apoyo de parte del gobierno estatal fue disminuido pasando de 4.2 millones de pesos en 2017 a solo 1.6 en 2018.
En 2019 el gobierno ofreció que entregaría 9 millones de pesos pero al cierre de esta nota el recurso no se había dado.
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Además, le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada y otorgó un plazo de dos meses para la investigación complementaria
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