El diputado panista, Mario Mata Carrasco, no aparece en el registro de sujetos infractores por violencia política en razón de género del INE; a pesar de su sanción oficial.
En marzo, el Tribunal Electoral del Estado determinó que el diputado federal fuera incluido durante cuatro meses en el registro.
Un mes después, su nombre no aparece en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.
La determinación, dictada por unanimidad, se dio luego de una denuncia interpuesta por la senadora, Bertha Caraveo Camarena.
Además, se le encomendó pedir una disculpa pública desde de la Cámara de Diputados y tomar un curso intensivo en perspectiva de género.
A Mata Carrasco, diputado federal panista por el distrito 5, se le sancionó debido a comentarios misóginos que publicó en sus redes sociales contra la senadora.
Diputado Mata difundió comentario a través de Facebook
En noviembre pasado el panista debatió con Caraveo Camarena por los pozos ilegales de agua para uso agrícola en la región de Delicias; además, la acusó de plagio en la redacción de un artículo de opinión.
En un comentario difundido en su cuenta de Facebook, el legislador aseguró que Caraveo Camarena no pudo escribirlo por su condición de mujer.
“La iletrada y casi analfabeta señora, según esto senadora, no conoce la o por lo redondo y sólo sabe repetir como cacatuidae (cacatúa) lo que su amo le dice cuando le jala la correa”, publicó.
En el registro de sujetos infractores por violencia política en razón de género del INE incluye solamente ocho casos correspondientes a Chihuahua.
Todos fueron por cometarios violentos o discriminatorios contra la imagen pública que afectan los derechos políticos de la mujer.
En cuatro casos se tomó como medida de sanción una disculpa pública.
Chihuahua ocupa el séptimo sitio a nivel nacional con el mayor número de sanciones de este tipo.
El registro cuenta con 192 personas inscritas, de las cuales 84.57 por ciento son hombres.
El mayor número de registros se tienen en el ámbito municipal, con 168, mientras a escala estatal suman 28 y nacionales son 16.
Las víctimas son principalmente integrantes de ayuntamientos, seguidas de candidatas a algún cargo de elección popular.
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Además de la impugnación, en caso de validarse la propuesta relativa a las acciones afirmativas, se impulsará un juicio político, la remoción de los consejeros electorales y el impulso de una controversia constitucional
