Las órdenes de protección de emergencia y preventivas deberán expedirse de forma inmediata o más tarde dentro de las 4 horas de los hechos, se solicitó dentro de la Diputación Permanente, a través de una iniciativa de reforma a la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia.
Georgina Zapata Lucero fue la iniciadora de esta propuesta de decreto, al que se sumaron y felicitaron la presidenta del Congreso, Adriana Terrazas Porras del grupo parlamentario de Morena y la diputada Rosa Isela Martínez Díaz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
El proyecto de cambio establece que las órdenes de protección de naturaleza civil también tendrán una duración de hasta 60 días naturales, prorrogables por 30 días naturales más o el tiempo que dure la investigación.
Entre las novedades de la propuesta de modificación, Zapata Lucero destacó que, a ninguna mujer en situación de violencia que solicite orden de protección, se le pedirá acreditar su situación migratoria, ni cualquier otro elemento que impida su derecho al acceso a la justicia y protección.
Para la emisión de las órdenes, expone tomar en consideración los hechos relatados por la niña, adolescente o mujer; las peticiones explícitas, atender el principio del interés superior de la niñez, la persistencia del riesgo y la manifestación de actos previos al hecho denunciado.
La reforma incluye que durante los primeros seis días de la implementación de las órdenes, es obligación de la autoridad mantener contacto con las víctimas cada 24 horas. Y será a partir del séptimo día que deberá establecer un plan de seguimiento personalizado que valore el riesgo y avance de la investigación.
“No se necesita un orden para cada medida, una sola orden de protección podrá concentrar el número de medidas necesarias”, comunicó Zapata Lucero.
En caso de que la persona agresora pertenezca a cuerpos policiacos, militares o de seguridad en corporaciones públicas o privadas, se solicitará a su superior jerárquico, el retiro del arma de cargo o de cualquier otra que tenga registrada.
La propuesta fue turnada a Comisiones para su análisis, revisión y en su caso, aprobación por quienes integran el Congreso del Estado.
«Es un tema que tenemos que robustecer, buscar cómo tener los mecanismos para que la autoridad y víctima se sientan respaldados. Y que vengan a completar la realidad que vivimos», comentó la diputada.
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