De acuerdo al “Análisis y evaluación del programa de reinserción social de la prisión en Ciudad Juárez, México”, es prácticamente inevitable que se reproduzca una conducta delictiva por parte de los reos una vez que dejan el Cereso Estatal número 3, porque no hay programas efectivos de atención y seguimiento.
Tras una serie de justificaciones, el estudio concluye que la reinserción social no existe, porque no se dan las condiciones para favorecer la corrección del “buen camino”, por parte de quienes son acusados y sentenciados por uno o varios delitos.
El documento fue elaborado por Esteban Buch Sánchez y Esteban Sánchez Moreno. Fue publicado en este 2024 en la Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
En dicho texto se precisa que en el 2010 la reincidencia delictiva, entendida exclusivamente como el reingreso a la institución penal era de 16.82 por ciento.
Aunque no hay publicadas cifras oficiales de la reincidencia delictiva en el caso de los adultos del Cereso 3, autoridades penitenciarias han revelado que los menores infractores –siendo menores o adultos que fueron capturados siendo menores–, hay hasta un 27 por ciento que cae en reincidencia.
Sin embargo, el estudio referido indica que no es la reincidencia delictiva la única forma de saber si fracasó la reinserción en la sociedad, porque además pueden no ser atrapados y existe una cifra negra de dimensiones desconocidas.
En el trabajo de investigación, se tomó en cuenta a 25 reincidentes, de los cuales se terminó entrevistando a 10 de ellos, los cuales dieron un panorama del fenómeno de la reincidencia.
También entrevistó a personal del propio Cereso Estatal 3, que laboraba en el año 2017, cuando se les permitió la entrada.
Afianzan idea de que prisiones son “escuelas del crimen”
Respecto a los resultados obtenidos, se difundió que hay una serie de elementos contaminantes y detonantes de un empeoramiento en la conducta delictiva de los internos, los cuales serían la corrupción, el hacinamiento, la segregación de internos, la negligencia de los gobiernos y la mala política y/o legislación en materia de reinserción social.
Afirman que no se pretende afirmar que todas las entidades públicas son corruptas per se, pero sí existe un alto riesgo de corruptibilidad.
Coinciden con otros teóricos e investigadores, en que la prisión termina siendo una “incubadora del crimen”.
Los propios internos reconocen un empeoramiento de conducta, lo cual se traduce en una nula trascendencia vital del periodo carcelario.
“Dicho de otra forma, el periodo de privación de libertad no resulta trascendente para la modificación de la conducta al exterior del penal. Si el proceso carcelario no supone una experiencia transcendental –ya que el programa de reinserción social es el organismo encargado de que eso suceda, mitigando así el riesgo de reincidencia a través de las diferentes acciones que el marco legal contempla– es prácticamente inevitable que se reproduzca una conducta delictiva”, concluye.
Sobrecarga los obliga a homogeneizar ‘tratamientos’
Respecto a los profesionales del equipo técnico del penal de Ciudad Juárez, explican en las entrevistas que, “el hacinamiento provoca una sobrecarga de trabajo que impide realizar un tratamiento de transformación y obliga a homogenizar el tratamiento de los privados de libertad”.
Así que anotan que “este tratamiento que se presupone individualizado, no puede lograrse, ya que se aplican medidas genéricas que no se ajustan a las necesidades de transformación de cada interno”.
Ese hacinamiento y abandono es aprovechado por el crimen.
Los investigadores explican que la prisión en Ciudad Juárez no cuenta con los recursos institucionales suficientes para garantizar un proceso transformador, donde hay falta de infraestructura, potenciador de hacinamiento y de incremento de violencia al interior del penal.
Agregan que la falta de espacios habitables y de trabajo impiden el desarrollo del proceso transformador del interno.
“Los grupos delictivos del crimen organizado toman el abandono gubernamental y las condiciones infrahumanas que se viven en algunos penales para sacar provecho. Al igual que refiere el equipo técnico del penal de Ciudad Juárez, el crimen organizado y pandillas toman la falta de personal administrativo y ejecutivo a su favor”, subrayan.
Error, separar por pandilla y no por delito
Enfatizan que el proceso de internamiento es un proceso contaminante y de empeoramiento conductual de los internos, donde la segregación de la población penitenciaria por grupo delictivo o pandilla –y no por delito– es el mayor obstáculo para el interno, en el tratamiento y posterior proceso de reinserción social, generando el crecimiento del sistema criminal al interior.
“Todo lo anterior conduce a un empeoramiento en la conducta del interno, debido a la convivencia con personas de su mismo grupo, pero recluida por diferente delito y que puede desencadenar en la adhesión del interno a un grupo delictivo”, subrayan.
Precisan que “no existe ningún mecanismo de seguimiento institucional, ni de la prisión ni de otra institución pública, que procure su reinserción social” y una vez que se egresa del penal, la única opción es que el interno de forma voluntaria se interese por su proceso de readaptación a la sociedad.
Enfatizan que no hay indicadores de evaluación de la reinserción del egresado fuera del dato que arroja el reingreso en prisión, de tal forma que datos como el empleo, el traslado de domicilio y la reanudación de estudios, son elementos por evaluar en un proceso de reinserción que, en este caso, no se tienen en cuenta.
No dudan en calificar como un fracaso el programa de reinserción social del penal de Ciudad Juárez, a considerar que no mitiga el riesgo de reincidencia delictiva y no cumple con su objetivo transformador ni garantiza la reinserción social del interno; una vez que el interno compurga su pena, estando la función de la reinserción delegada exclusivamente en la prisión, la institución no procura un seguimiento del liberado, al exterior.
