La estela de homicidios en Ciudad Juárez ha provocado un efecto multiplicador en el número de personas afectadas como víctimas indirectas, que no siempre se registra.
Solo en los últimos tres meses la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) tiene registro de mil 656 personas atendidas como víctimas colaterales de homicidios perpetrados en ese lapso.
También en julio, agosto y septiembre de 2020 la CEAV debió atender a otras mil 551 personas con familiares desaparecidos.
Son ellos y ellas quienes enfrentan la consecuencia más funesta después de perder a sus seres queridos, o no saber de su paradero, por los daños psicológicos que sufren y por la impunidad que prevalece en las investigaciones.
Un dolor que no cesa
Con el paso del tiempo esos casos de desaparición se convierten en expedientes de homicidio porque la persona es localizada sin vida. Cuando no es así, el sufrimiento se alarga y pueden pasar años.
El pasado 2 de octubre en el colectivo Familias Unidas por la Verdad y por la Justicia se escuchó el caso de una madre que busca a su hijo desparecido desde el año 2009.
“Es un dolor inimaginable para una mamá, para un papá, a veces hay consecuencias físicas, ves el deterioro en la salud de las familias, la tristeza muy honda”.
“Y hay una desconfianza hacia las autoridades porque no hay sensibilidad y no toman en serio los reclamos”, advirtió en entrevista con Norte Digital el presbítero Oscar Enríquez, director del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte.
Una verdad que no llega
La de las víctimas -dijo Enríquez- es una situación terrible porque pasan los años y no avanzamos absolutamente nada en saber la verdad.
“¿Qué sucedió, cómo sucedió, quiénes fueron los responsables?, no sabemos nada, no hay una investigación a fondo y nos queda esa impresión de que hay tanta simulación en los que deben procurar la justicia a una sociedad y también hay cierta insensibilidad social”, cuestionó y reclamó.
Navegan en soledad
De acuerdo con el religioso algo que se ha acentuado en los últimos años es que las familias están solas en la exigencia de justicia; entonces siempre se requiere el acompañamiento de organizaciones.
En su experiencia como derecho humanista Oscar Enríquez hace un balance que deja malparada a la actual administración.
Es innegable: en los últimos cuatro años el índice de homicidios se ha incrementado tanto por ejecuciones extrajudiciales como por el narcotráfico, apunta.
El consuelo está en la entrega del cuerpo
“Lo que preocupa mucho es la procuración de justicia y el discurso oficial siempre es que se matan entre ellos o que es cuestión de crimen o delincuencia organizada; a mi me queda la interrogante de qué tanto investigan para hacer justicia o para que las víctimas conozcan la verdad y creo que las víctimas se quedan con esa preocupación o vacío de que simplemente les entregan los cuerpos”.
Discursos vacíos
Enríquez indica que si las familias son víctimas de un delito, tienen derecho a la reparación integral del daño y es por eso que el discurso de las autoridades de generalizar sobre que las víctimas andaban en malos pasos, es un discurso vacío.
“No hay una preocupación seria por investigar a fondo quien le quitó la vida a fulano de tal, porque el derecho a la vida es un derecho fundamental y ese es el objetivo fundamental de las fiscalías, ejercer justicia y presentar a nombre de la sociedad a los culpables”, apunta.
Pesados estigmas
Para el sacerdote, está claro que el dolor de las víctimas no se remedia con discursos y generalizaciones.
Por ejemplo cuando la persona asesinada es padre de familia la familia sufre impactos económicos muy fuertes, porque las mujeres quedan abandonadas y tienen que hacer frente a la educación y manutención de los hijos.
A veces para toda la vida -añade- las familias cargan con el estigma social de que los mataron por andar en cuestiones ilícitas y cuando los niños se dan cuenta que les mataron al papá o al hermano mayor, se ven muy afectados en su psicología personal.
El fantasma de la desaparición
Aunque en el actual gobierno las manifestaciones de organizaciones sociales se hicieron menos visibles que en otros años, en Juárez sigue habiendo casos de desaparición.
En el caso de los hombres se relaciona con funcionarios públicos que la ordenan o por particulares relacionados con crimen organizado; en el caso de las mujeres apunta más a la trata de personas.
Voluntad, empatía e investigación
Para el director del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, Oscar Enríquez, hace falta voluntad política y más investigación para dar con los perpetradores, y atajar las causas de la desaparición.
“Falta más análisis del contexto donde vivimos, se requieren ministerios públicos que tengan más empatía con las exigencias de las víctimas y que investiguen más por vocación, que haya un interés real en esclarecer los crímenes”, indica.
En el caso de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos y Desaparición Forzada, inaugurada hace dos años por el gobernador Javier Corral, Enríquez se queja de haber pedido audiencia con el titular Francisco González Arredondo sin haber recibido respuesta.
“Todavía no hemos podido tener un encuentro con el fiscal y se ha pedido por oficio desde septiembre de 2019”, reprocha.
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