En Chihuahua, se invierten 328 millones pesos en la organización de la elección de las personas juzgadoras, cantidad que representa tres terceras partes de lo que se ha gastado en otras elecciones locales.
A nivel nacional, se dispondrá de 6 mil 329 millones de pesos. Al concluir le elección, se conocerá cuánto se ejerció por entidad federativa.
Sin embargo, no se observa que la Reforma al Poder Judicial sea un avance en materia de procuración de justicia y de combate a la impunidad.
Por el contrario, se advierten riesgos, como la posibilidad de que los ganadores de la elección estén alineados con algún partido político y también que los procesos judiciales se vuelvan más lentos, por la curva de aprendizaje de los nuevos operadores.
El Instituto para la Seguridad y la Democracia A.C., (Insyde) una organización autónoma, señala que, aunque la elección de las personas juzgadoras a través del voto directo podría parecer una buena práctica y sinónimo de una mayor democracia en el sistema de justicia, preocupa la injerencia de los partidos y actores políticos.
En términos de justicia, respecto a la impunidad que persiste en el país que es del 98 por ciento, se prevé que la Reforma Judicial no tendrá un impacto, porque no se incluyó a las fiscalías de las entidades ni a las Policías locales.
Un seguimiento a algunos procesos penales realizado por Insyde en Ciudad Juárez y en Chihuahua, ha permitido establecer que la impunidad se genera principalmente en el trabajo de la Policía y la Fiscalía estatal, por actuaciones deficientes y discrecionales, por lo que la Reforma Judicial sería efectiva si se hubiera incluido a estas corporaciones.
Aunado a que, en el “camino”, los procesos se van debilitando y lo que termina presentándose a los juzgadores es muy deficiente, esto impacta en la obtención de sentencias condenatorias.
Un estudio de México Evalúa, advierte que, “si los jueces dependen de campañas políticas para ser electos, el sistema judicial podría ser más vulnerable a presiones políticas, económicas o incluso criminales, perdiendo así su imparcialidad. En general, en el diseño de la reforma al Poder Judicial de la Federación, los riesgos de un impacto negativo sobre la independencia judicial son elevados si no se regulan adecuadamente las elecciones de jueces”.
Ese estudio denominado ‘Radar Judicial’, publicado en marzo pasado, analiza buenas y malas prácticas de las entidades federativas al ajustar sus legislaciones a la reforma judicial federal.
En ese análisis, se encontró que Chihuahua es la entidad donde el presupuesto del poder judicial estatal representó la mayor proporción del presupuesto estatal con relación a las otras entidades, pues en Chihuahua se asignó un 3.6 por ciento.
Además, halló solo dos buenas prácticas dentro de todos los cambios legislativos que aprobó el Congreso estatal: se agregó el servicio de carrera para el personal administrativo y la declaración 3 de 3 contra la violencia de género.
Tres años para que el sistema vuelva a funcionar
En Chihuahua, la implementación del sistema penal acusatorio inició en 2007 y, al igual que en el resto del país, tuvieron que pasar de seis a siete años para que funcionara de mejor manera, de acuerdo con un análisis de Insyde. Esta organización también estima que el sistema podría estar funcionando de forma óptima dentro de tres a cuatro años, luego de este proceso electoral.
Pero la reforma establece que, cada nueve años se estaría renovando a los juzgadores.
Las autoridades electorales estatales, estiman que en la elección de personas juzgadores pueda registrarse un abstencionismo del 85 por ciento, es decir, se espera que salga a votar entre el ocho y el 15 por ciento del electorado, una cantidad similar a la que acudió a la consulta popular de los exmandatarios.
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