Hoy es el gigante corporativo que controla los centros de mando policial y monitoreo en al menos 22 entidades del país, aunque comenzó como modesta proveedora de botones de pánico y guardias de seguridad del Estado de México, cuando lo gobernó Enrique Peña Nieto.
Ahora es el Big Brother del sector privado que acapara los servicios de videovigilancia en México, para presumiblemente, abatir y perseguir la comisión de delitos con el uso tecnologías. Esa es también la justificación del Gobierno de Chihuahua encabezado por Maru Campos, para su contratación y para la edificación de la prometida Torre centinela.
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