Es una vergüenza para los juarenses tener ese aeropuerto internacional tan rabón.

Simplemente no está a la altura de la infraestructura que esta ciudad tan dinámica económicamente merece y que, además, requiere con urgencia.

Si bien es cierto que el aeropuerto Abraham González es objeto de una renovación y ampliación, es claro que las obras se quedaron cortas; el rezago, la incapacidad para ejecutarlas y las molestias interminables para los usuarios, también son motivo de agravio.

Norte Digital publicó recientemente un reportaje en el que evidenció cómo están inconclusas las obras, aunque iniciaron desde hace cuatro años.

El servicio a los usuarios es considerado como uno de los más deficientes que en todo el país ofrece la concesionaria Grupo Aeroportuario Centro Norte, mejor conocida como OMA.

Desde el 29 de junio de 1998, la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal le otorgó la concesión para administrar, operar y explotar el Aeropuerto Internacional de Ciudad Juárez, y llevar a cabo construcciones en el mismo, a fin de prestar servicios aeroportuarios, complementarios y comerciales en el Aeropuerto, y para usar, explotar y aprovechar los Bienes Concesionados en términos de la Ley General de Bienes Nacionales.

En 2001, las condiciones de la concesión original fueron modificadas, y se le concedió el derecho de usar, explotar y aprovechar los bienes de dominio público, incluidas sus construcciones; desde entonces, se estableció que la empresa se apegaría a un Programa Maestro de Desarrollo, Modernización y Mantenimiento que nunca ha cumplido.

Es claro que la concesionaria le ha quedado a deber a Juárez en la calidad del servicio y en el compromiso de invertir lo suficiente para ampliar y mejorar sus instalaciones y equipamientos.

En los hechos, OMA ha exprimido a la ciudad, a sus residentes y visitantes, sin que autoridad alguna intervenga.

La empresa actúa como si fuera la dueña absoluta de espacios, infraestructuras y territorios, olvidándose que es un concesionario de bienes del dominio público.

A nadie rinde cuentas sobre sus planes y obras, mientras crecen las quejas de usuarios por múltiples fallas, deficiencias y abusos: una escalera eléctrica que termina en un pasillo reducido, sin rampa para personas con discapacidad; en pleno invierno careció de calefacción y se utilizaron calefactores para jardín; da acceso a los aviones a pie de pista, violando la normatividad y mantiene puentes desconectados; usuarios deben de caminar en las pistas y utilizar escaleras mecánicas; aplica tarifas exorbitantes en el estacionamiento, donde constantemente fallas sus plumas para ingreso y salida, y su Tarifa de Uso de Aeropuerto está entre las más caras del país, lo mismo que los altos cobros de los concesionarios de los servicios de traslado de pasajeros o taxis.

En general, los espacios son reducidos y tienen poco equipamiento. En materia de aviación está rezado en aplicación de tecnología.

En pocas palabras, el aeropuerto de Ciudad Juárez está muy por debajo del nivel de otras ciudades del país que no tienen ni la población, ni la ubicación estratégica, ni el dinamismo económico y social que caracterizan esta frontera.

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Contar con un aeropuerto internacional adecuado es clave para darle mayor competitividad a la ciudad, atender los requerimientos de la industria y atraer nuevas inversiones.

También es crucial cuando se plantea la necesidad de diversificar la economía y explorar nuevas posibilidades en el turismo médico y de negocios, o si se trata de impulsar las cadenas de proveeduría, o los clústeres tecnológicos que se requieren para avanzar en la innovación y desarrollo de nuevos productos y servicios.

Frente a las volubles dinámicas comerciales y financieras que impactan en la relocalización global de las empresas, sería irreal pensar en una ciudad verdaderamente competitiva, cuando carece de un aeropuerto de primer nivel.

Apenas si llega a categoría de tercer mundo y lo más preocupante es que toda la infraestructura para transportar personas y mercancías es deficiente y limitada.

Movilizarse por carretera es costoso y tardado, además de incómodo y hasta peligroso por las condiciones estructurales y los entornos. No hay condiciones favorables hacia el interior del país y la conectividad por carretera ofrece pocas opciones.

Hacia el norte ocurre lo mismo, cuando se tiene que atravesar una infraestructura urbana deteriorada, con vialidades saturadas, situación que se replica en los cruces internacionales.

Podría ser el aeropuerto opción para el transporte de las mercancías y los productos que requiere y genera la industria de exportación, pero el Abraham González simplemente no ofrece ese servicio.

Únicamente en algunas crisis generadas por los conflictos migratorios y las confrontaciones políticas binacionales o internas en Estados Unidos, el aeropuerto se ha utilizado de emergencia para mover mercancías cuando la frontera ha sido temporal o parcialmente bloqueada.

Un aeropuerto que ni siquiera pinta para el transporte aéreo de mercancías y se queda chico para movilizar dignamente a las personas, se suma a las raquíticas opciones de movilidad por carretera y vías férreas, dejando a nuestra frontera coja cuando se requiere mayor conectividad y movilidad para ser considerada como una ciudad plenamente atractiva.

Sencillamente, el ecosistema fronterizo luce desconectado, aunque se encuentre en una posición geográfica envidiable, justo al centro del límite entre México y Estados Unidos.

Ese escenario nada deseable se presenta ahora que el Gobierno de México articula el Plan México, planteado para fortalecer las economías regionales y el mercado interno, ante las posibles implicaciones que para el país puedan traer las restricciones arancelarias impulsadas por Donald Trump.

Y lo más preocupante es que Ciudad Juárez no está situado como una prioridad para el Gobierno Federal en ese plan que busca, entre otras cosas, lograr que el 50 por ciento de la proveeduría y el consumo nacional, sean hechos en México, en sectores como el textil, calzado, mobiliario y juguetes, generar 1.5 millones más de empleos; ser uno de los cinco países más visitados a nivel mundial y pasar de la economía 12, a la número 10.

Nada de la inversión millonaria en infraestructura estratégica para el país, está etiquetada para esta frontera, que bien podría considerarse como un polo de desarrollo regional.

Nada que mejore la competitividad de esta frontera que por décadas ha recibido flujos migratorios, tanto del sur como del norte, cuando se cierran las fronteras y los programas de asilo, o se aplican deportaciones masivas y repatriaciones.

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Lo menos que tendría que hacer el Gobierno Federal en el caso del aeropuerto de Ciudad Juárez es vigilar que OMA cumpla con todas las condiciones establecidas en el título de concesión.

Le corresponde a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) esa tarea. Si no está ofreciendo el servicio al que está obligada y no está dispuesta a cumplir, tiene la SICT facultades para cancelar la concesión y entregarla a otra empresa que sí pueda hacerlo.

Aunque el tema de las concesiones aeroportuarias es de carácter federal, no pueden los Gobiernos locales sustraerse de lo que aquí está pasando.

Los juarenses eligen gobernantes para que atiendan su mandato y defiendan a la ciudad y a sus habitantes, no para que les saquen la vuelta a las problemáticas o se laven las manos por asuntos de competencia o jurisdicción.

Desde los Gobiernos municipal y estatal, hay tareas de gestión y vinculación con el sector privado que deben de retomarse, pero también de ordenamiento y aplicación de autoridad y de las normas locales cuyo cumplimiento debe ponerse sobre la mesa.

No pueden las empresas concesionarias, como OMA, ningunear a la ciudad impunemente o pensar que se mandan solas.

El mínimo acto de autoridad sería pedir cuentas. Tanto a la empresa privada como a la instancia federal que le corresponde intervenir en la materia.

Aunque parezca increíble, ni siquiera se sabe por qué se han rezagado tanto las obras o qué fecha de terminación tienen. Nada de transparencia, ni de rendición de cuentas.

El sector empresarial local en distintos momentos se organizó para manifestar sus inquietudes sobre la obra inconclusa y su limitado alcance, pero tampoco le dio seguimiento y la gestión se perdió, frente a la indiferencia de OMA y la abulia gubernamental y del propio gremio.

El sector académico local ha hecho su parte en el análisis de los grandes pendientes para generarle competitividad a la ciudad, pero, como suele ocurrir, no está en las mesas donde se toman las decisiones que impactan a la comunidad.

Urge abrir nuevamente los mecanismos de gestión y de vinculación que puedan poner a los distintos actores sobre la misma mesa, particularmente para resolver este gran pendiente de la ciudad.

Vigilar la ejecución de las obras y el cumplimiento de la concesión, exigir cuentas, exhibir los incumplimientos y facilitar los proyectos o las inversiones que falten; dialogar, consensuar, presionar o sancionar. Hay que hacer lo que se deba de hacer para lograr el aeropuerto que se merece Juárez.