A un año de la trágica muerte de 40 migrantes en el incendio de la estancia provisional migratoria del puente Lerdo-Stanton, el 27 de marzo de 2023, persiste el fracaso de los mecanismos gubernamentales para garantizar una migración ordenada y segura en esta frontera.
Ni se gestionan a nivel nacional los flujos migratorios, ni a nivel local se atienden las circunstancias de vulnerabilidad y riesgo que enfrentan las personas en condición de movilidad.
En lugar de que la tragedia haya motivado la búsqueda de soluciones de fondo, simplemente desnudó la indolencia y la tolerada corrupción que campea en el Instituto Nacional de Migración (INM).

El caso evidenció la incapacidad de sus funcionarios para enfrentar situaciones extremas, como aquella que enlutó a 40 hogares y causó lesiones a otras 27 personas provenientes de Guatemala, Honduras, El Salvador, Venezuela y Colombia.
La indignación ciudadana no cesa. Menos cuando un manto de impunidad cubre la cabeza del máximo responsable en el INM, el comisionado Francisco Javier Garduño Yáñez.
Garduño fue considerado responsable de las violaciones a los derechos humanos de las 67 víctimas directas del incendio, en su calidad de superior jerárquico, de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
También fue vinculado a proceso por el delito de ejercicio ilícito del servicio público y debe de presentarse periódicamente a firmar en los juzgados federales de esta frontera, ya que se le concedió esa medida cautelar en lugar de la prisión preventiva.
Pese a todo, Garduño continúa a cargo de las políticas y acciones migratorias en todo el país, con el apoyo irrestricto, así ha quedado demostrado, del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
Sin importar los señalamientos que existen en su contra, el comisionado sigue al frente de una de las dependencias más devaluadas de la administración federal, con un salario mensual bruto de 166 mil 681 pesos, como indica su más reciente declaración patrimonial,
Estar vinculado a proceso penal y señalado por la CNDH por los funestos acontecimientos del año pasado, no ha sido suficiente para que se le separe de esta sensible área de Gobierno.
Su inamovilidad no refleja únicamente una descarada impunidad, también constituye una afrenta a las víctimas, directas e indirectas de la tragedia.
Otros funcionarios del INM que sí enfrentan su proceso en prisión preventiva son Daniel Goray Yosioka, Rodolfo Collazo de la Torre y Gloria Liliana Ramos García, además de Juan Carlos Meza Cumplido y Eduardo Apodaca Magallanes.
La recomendación 111VG/2023 de la CNDH le atribuye al coordinador del INM la omisión para supervisar el ingreso y permanencia de las personas migrantes que se encontraban en estado de presentación o alojadas en la estancia migratoria y la garantía para que las personas en contexto de migración tuvieran acceso a condiciones adecuadas de alojamiento.
La Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), estableció la CNDH, también son responsables por su papel omiso en la formulación y conducción de la política migratoria, además de la coordinación de las políticas, programas y acciones en la materia.
Sin embargo, tampoco ha habido sanción alguna para esas instancias.
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Hay toda una cadena de pendientes que arrastra la autoridad migratoria. A pesar de que son cientos las personas que llegan a la región en busca de cruzar a Estados Unidos, omite contar con instalaciones para resguardarlas en caso de cualquier contingencia.
El INM operaba con 54 instalaciones en 29 estados del país, pero a raíz de la tragedia en Ciudad Juárez la autoridad tuvo que cerrar 33, incluida obviamente la de esta frontera que sufrió daños por 1 millón 893 mil 915.38 pesos, según un peritaje oficial, así que su infraestructura está seriamente comprometida y sin una solución a corto o mediano plazo.
Ante la evidente violación que el personal de la dependencia cometía para retener a los migrantes por tiempo indefinido, que fue otro de los factores que provocó la tragedia del 27 de marzo, se ordenó formalmente a su personal acatar la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para resolver, en un término no mayor a 36 horas, la situación migratoria de los extranjeros.
Para tratar de limpiar su imagen, el INM retiró las rejas metálicas de las camionetas tipo van que se utilizan en las acciones de movilidad de los migrantes para, ahora sí, cumplir con los lineamientos de protección civil que violentaban.
Tardíamente, como ocurre de forma regular en el país, el INM creó un protocolo –apenas en junio de 2023– para instalar puertas de emergencia y detectores de humo, retirar rejas o eliminar candados y cerraduras en todas las áreas de tránsito y flujo interno de sus instalaciones que estaban habilitadas con características carcelarias.
Otro reflejo de la errática forma de operar del INM, es el plan que ideó para abrir una estación de permanencia provisional en el edificio abandonado de la Aduana que se ubica en el kilómetro 72 de la carretera de Ciudad Juárez a Chihuahua.
Un sitio así, mantendría confinadas, en medio de la nada a las personas en condición de movilidad; alejadas además de los activistas que trabajan para protegerlas.
No es difícil imaginar que alguna situación de riesgo que se llegara a presentar sería difícil de atender.
Y no se trata de hacer un mal augurio, sino de tomar en cuenta lo que pasó hace un año en un edificio totalmente céntrico, con una estación de bomberos muy cercana.
En ese lugar tan alejado del centro de población, los migrantes estarían prácticamente aislados y sin la observación de terceros que pudieran dar fe del trato que les den en esas instalaciones.
Tan improvisado resultó el anuncio de esa medida, que incluso trascendió que el Instituto Nacional de Migración ni siquiera ha solicitado hacerse cargo del edificio ante el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin).

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Representantes de la CNDH expusieron, hace poco más de un mes ante integrantes del Grupo de Trabajo Plural de Seguimiento a los hechos, que tanto el INM como la Segob y la SRE cumplieron solo parcialmente su recomendación, en cuanto a los mecanismos de apoyo para proteger y garantizar los derechos humanos de los migrantes.
Entre las fallas que persisten está la implementación de un plan para la reparación del daño y solo 20 de las familias afectadas recibieron el monto acordado como compensación.
Desde mayo pasado, el INM solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) una partida presupuestal especial para la reparación del daño, mientras que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) determinó que por cada una de las víctimas fallecidas sus parientes recibirían 3.5 millones de pesos, un total de 140 millones de pesos, pero solo se ha entregado el 50 por ciento, lo que resulta inexplicable ante la magnitud del evento.
Esta omisión representa otra clara violación a los derechos humanos para los deudos de las víctimas directas del incendio.
Es demasiado el tiempo de incumplimiento de las recomendaciones emitidas a su favor, circunstancia que a estas alturas resulta inaceptable, ya que parece que se está normalizando una situación altamente irregular.
El fenómeno de la migración en esta región no ha pasado desapercibido para quienes estudian el fenómeno; por ejemplo, el Migration Policy Institute (MPI) elaboró un informe desde 2019 para advertir del hecho, no solo a México, sino a otras naciones que tienen tránsito de personas rumbo al norte.
El documento vislumbró la necesidad de construir un sistema migratorio regional para privilegiar la movilidad humana segura, ordenada y legal, lo que México debió tomar en cuenta porque de ser un país expulsor de migrantes se convirtió en uno de tránsito, escenario que marcó un cambio mayor en el flujo de personas que quieren llegar a Estados Unidos.
Datos proporcionados por el mismo INM indican que entre 2019 y 2024 se contabilizaron a 13 millones y medio de personas migrantes que transitaron por la República Mexicana para llegar a la frontera con Estados Unidos, convirtiendo al territorio nacional en uno de los que tienen el mayor flujo de seres humanos en condiciones de movilidad en el mundo.
El MPI sugirió que el Gobierno mexicano debía invertir para fortalecer sus procesos de asilo, profesionalizar a las agencias gubernamentales encargadas de la aplicación de la ley y el control migratorio, desarrollar vías legales adicionales y crear instituciones para gestionar esos esfuerzos.
Nada de eso ocurrió y ahora la autoridad enfrenta la crisis migrante con reacciones que, muchas veces, son tardías.
Ejemplos hay muchos, pero el más reciente es la impopular, y tal vez ineficiente, medida establecida por el Gobierno de México para becar con 110 dólares mensuales, durante seis meses, a los migrantes venezolanos repatriados, un programa que se acaba de extender a los ciudadanos de Colombia y Ecuador.
El objetivo, explicó el presidente Andrés Manuel López Obrador, es ayudar a reducir el flujo migratorio ya que, según su lógica, las personas devueltas a sus países de origen tendrán ese respaldo económico para que permanezcan en sus territorios originales.
Parece, a todas luces, una medida desesperada que no arreglará la vida a los beneficiarios porque no cambia sus circunstancias y, en cambio, representará una carga para las arcas nacionales.
Hasta hoy, las omisiones, yerros e improvisaciones en la actuación oficial con relación al fenómeno de la migración provocan que las personas en tránsito sigan en el desamparo, al igual que estaban las víctimas de aquel 27 de marzo de 2023.
La fecha quedó grabada con fuego en la conciencia colectiva de la frontera, del país y de muchas otras naciones.
Ese día fueron expuestas todas las carencias y vicios que prevalecen en el actuar de funcionarios del Gobierno mexicano, circunstancias que condenaron a muerte a 40 migrantes y a otros 27 a sufrir lesiones que, para algunos, prevalecerán de por vida.