No nada más es una. Son dos las autorizaciones de casas de cambio Dollar 2 Go, las que deben revisarse con lupa para ver si fue legal su operación en terrenos de El Chamizal, de acuerdo con Daniel Delgadillo Díaz, integrante del Frente en Defensa de El Chamizal.

Hace rato que el activista le echó el ojo a otra casa de cambio que funciona a unos pasos del Monumento al Rotario, casi donde entronca el Malecón (David Herrera Jordán) con la avenida Lincoln, muy cerca también del puente Carlos Villarreal.

La casa de cambio opera en el predio donde antes funcionó una gasolinera, en un terreno que fue escriturado y es colindante con otras edificaciones privadas, aunque es evidente que todo ese polígono fue parte de los terrenos de El Chamizal, cedidos en administraciones anteriores a particulares.

De hecho, justo El Malecón marcó en toda la zona el límite de “Los Hoyos”, donde en algún momento estuvo el cauce del río.

Hay ahí una historia larga por desentrañar, incluso porque hasta se dio una venta por parte de la administración municipal del finado Héctor “Teto” Murguía, que luego permitió una escrituración.

Pero lo que hoy interesa a Mirone, y es lo que señala el ambientalista Delgadillo, es que la casa de cambio empezó a operar con la nueva administración de Cruz Pérez Cuéllar.

Y conociendo lo que pasó en la otra casa de cambio que tuvo que ser clausurada y generó una denuncia penal en la Fiscalía Anticorrupción, es que exige que también este caso sea revisado.

Eso es en primer término, aunque el Frente en Defensa del Chamizal considera que todo ese polígono pegado al talud que da hacia “Los Hoyos”, bien podría ser reclamado para reintegrarlo completo a lo que fue El Chamizal.

Las distintas edificaciones se dieron ahí, una tras otra, hasta concluir con la Escuela de Futbol Astros, la que aparece como uno de los 19 comodatos formalmente registrados.

Por cierto, este Mirone se dio una vuelta por el lugar y le llamó bastante la atención que, en las paredes, junto a la casa de cambio, está bien pintadito el nombre de Alejandro Pérez Cuéllar, el hermano del alcalde Cruz Pérez Cuéllar que acaba de lograr en Morena, la candidatura a la diputación federal por el Distrito 04.

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El Secretariado Ejecutivo del Gobierno Federal, otra vez, con sus malas noticias, no solo para Chihuahua, sino para todo el país.

En el caso de la nación entera, ese órgano, encargado, ente otras funciones, de la cuenta de los hechos delictivos que ocurren cada mes y año, nos informa que ocurrieron 3 mil 425 homicidios durante el mes de enero de este año.

Muchísimos: 110 por día, casi cinco por hora.

Podrá decir la autoridad federal que logró “bajarle” a la cifra y tal vez tengan razón, porque enero del año 2023 cerró con 3 mil 605 pérdidas humanas a causa de la violencia o de incidentes imprudenciales, la mayoría de estos, accidentes vehiculares.

Eso no quita lo escalofriante a la cifra, pues el ritmo de muerte violenta sigue casi en la misma tónica.

Para Chihuahua, las “nuevas” no son mejores, ni mucho menos, pues enero del 2024 concluyó con un registro de 191 homicidios, incluidos los dolosos y los culposos.

El dato que llama la atención es que la tendencia ha ido al alza desde el inicio de la actual administración, pues enero del 2022 tuvo 142 casos de homicidio; al siguiente enero, el del 2023, la cifra subió a 171 y ahora, en el 2024, el primer mes terminó con los 191 que mencionábamos anteriormente. Son 20 casos más que en enero del año pasado, y 49 más que en el 2022.

El informe del Secretariado Ejecutivo llega en un momento en el que las autoridades municipales de Chihuahua y Juárez intercambian señalamientos y se acusan la una a la otra de ser las responsables de la violencia que impera en la entidad.

También ocurre en un contexto de urgente necesidad para que se establezca, por fin, una verdadera coordinación entre el estado y la federación en materia de seguridad.

Se suponía que en enero se iban a componer las cosas, gracias a una mayor coordinación, pero ahí están los datos y ni cómo ayudarles.

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Tal parece que las coplas de Marquito vs Crucito en torno a la penosa discusión de quién exporta homicidas a otros municipios se extendió al Congreso del Estado, donde brotó el reclamo contra el alcalde chihuahuita por su declaración de que esos crímenes los comete gente que llega de Juárez.

La diputada morenista –y juaritos hasta las suelas– Leticia Ortega le salió al brinco al alcalde chihuahuita por andar estigmanizando a la gente de Juárez, con aquello de que son de esa ciudad los autores de 9 de cada 10 homicidios ocurridos en la capital.

La legisladora subió a la tribuna del Congreso para recordarle a Marquito que fue el presidente Felipe Calderón, panista como él, quien empezó a colgarle el “San Benito” de violento a Ciudad Juárez, al emprender una fallida –y sangrienta– guerra contra los cárteles de la droga en la frontera chihuahuense.

El señalamiento del alcalde de chihuas molesta, ciertamente, pero también se le ha endilgado a otros estados, como Sinaloa, cuando otras autoridades, en distintos momentos, atribuyeron la violencia a las acciones de grupos “sinaloenses”.

En otra época, no tan lejana, también se hacía un llamado a “matar a un chilango” si es que realmente se amaba a Chihuahua, y se han propalado expresiones despectivas contra los “juarochos”, originarios de Veracruz y más recientemente a los migrantes originarios de Venezuela.

Lo que no habíamos visto es que la xenofobia se volviera interna, de chihuahuenses de la capital contra chihuahuenses de Juárez, y menos aún, que se convirtiera en un grito de batalla electoral.

Si el tema ya subió a la tribuna, quiere decir que también va a subir de tono, y ahí, ni cómo ayudarle, fue Marquito el que empezó. A ver cómo le hace para sacarse de esa controversia.

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La directora general de Desarrollo Urbano, Claudia Verónica Morales, compareció ante la Comisión de Desarrollo Urbano para tratar de justificar lo que no tiene justificación: el cambio de uso de suelo en el predio Pedro Aspa, en las faldas de la Sierra Juárez.

A pesar de que a todas luces incumple con la ley y pone en riesgo la vida de cientos de familias, la funcionaria trató de abogar que sea dictaminado a favor un proyecto inmobiliario, a pesar de lo que esto conlleva.

El lote se localiza en la calle Feldespato, a las orillas de la Sierra Juárez, colindante al fraccionamiento Los Ojitos.

La pretensión de la funcionaria es que se modifique el Plan Director de Desarrollo Urbano (PDDU), para la creación de comercios, servicios y viviendas, en una zona considerada peligrosa, ya que es altamente inundable.

El PDDU contempla esa zona como área verde y vaso de captación, pero no, la idea es que se renombre para sacarle el mayor provecho posible, ¿para quién? Pues para los inversionistas y no para los ciudadanos.

Quienes viven en ese rumbo de nuestra frontera saben que pocas veces llueve, pero cuando cae el agua desde el cielo, es a cántaros y aquello se pone como un río embravecido.

Es por esa razón que el Instituto Municipal de Investigación y Planeación ha considerado en el PDDU que esa zona no es favorable para el desarrollo.

Aun así, Desarrollo Urbano insiste que se dictamine a favor, sin importar que el Atlas de Riesgo considera la zona como un sector de deslizamientos.

Para variar, Cecilia Reyes Castro, la única regidora que se mantiene al pendiente de posibles transas y de los peligros que se tienen por los malos manejos de la administración local, señaló en la reunión que deben contarse con obras de contención, si es que se quiere llevar a cabo algún cambio.

En respuesta, la titular de Desarrollo Urbano argumentó que en la Sierra de Juárez se están construyendo cinco presas, por parte de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, lo que no mencionó es que dichas obras ya llevan años y no tienen ni para cuándo acabar.

Habrá que estar muy pendiente del giro que tome esta petición, que no solo pone en riesgo a miles de juarenses, sino que además, la madre naturaleza no lo quiera, una tromba como la ocurrida en el 2006, pudiera ser de dimensiones catastróficas que no queremos imaginar. Y todo por llevarse unos pesos extras a las arcas municipales.