La semana pasada, fue noticia nacional el hecho de que, en cinco estados de la República Mexicana, las autoridades escolares y la sociedad civil pusieron en marcha protocolos en las escuelas primarias, para que los niños puedan sobrevivir en casos de balaceras y fuego cruzado.

Por si eso fuera poco, muchos padres de familia contemplan también la posibilidad de adquirir las mochilas escolares blindadas, contra balas, que en los Estados Unidos se están utilizando para que les sirvan de escudo a los estudiantes.

Por muchos discursos que se digan a nivel central, de que estamos bien y vamos mejor, estas medidas que rompen con la normalidad, nos hablan de lo grave que está la inseguridad en el país, pero también de la incapacidad de los Gobiernos para imponer la ley a los generadores de violencia y garantizar la seguridad de vidas y bienes de la ciudadanía.

Entidades como Morelos, Sonora, Zacatecas, Baja California Sur, Puebla y Oaxaca, implementaron los protocolos de seguridad para enseñar a los niños en las aulas a mantenerse a salvo, frente al peligro en casos de balaceras, fuego cruzado, fuego directo y la portación de armas de intrusos en los planteles.

En las clases para sobrevivir a las balaceras, les enseñan a los niños a tirarse al piso boca abajo, con los brazos a los costados, lejos de puertas y ventanas, no levantar la cabeza y obedecer las instrucciones de sus maestros o maestras.

Los mentores por su parte, deben realizar actividades lúdicas mientras pasa el peligro, como cantar o jugar a las adivinanzas, mientras permanecen pecho tierra, con el propósito de desviar la atención de los menores del tiroteo.

De esta manera, cuando pensábamos que ya habíamos tocado fondo en el nivel de inseguridad y violencia en el país, el miedo se está generalizando al grado de buscar la protección de lo más querido e indefenso que tenemos: nuestros niños.

A esto hemos llegado por culpa de los Gobiernos, que no han podido contener y mucho menos someter, a los grupos criminales que no respetan condición social, sexo, religión ni edad, para seguir imponiendo el terror por la vía del asesinato.

Fueron las autoridades de Oaxaca las que comenzaron con esta iniciativa de protección a los niños, en alianza con asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales y World Vision México, despues de analizar la estadística nacional y encontrar que de 2012 a 2015, hubo 38 niños muertos por disparos de arma de fuego realizados en las escuelas.

Pero si esos números no fueran suficiente motivo para cuidar la integridad de nuestros pequeños, la estadística de 4 años del Inegi, sobre el número de niños, niñas y adolescentes asesinados con armas de fuego en el país, es aterradora.

Sumando únicamente los homicidios dolosos de los 5 estados con mayor incidencia, tenemos que en el 2018 hubo mil 252 víctimas, en el 2019, mil 358; en el 2020, mil 352 y en el 2021, mil 337, para un total de 5 mil 299 seres inocentes asesinados.

De todas las entidades federativas, las que destacan de manera invariable en este funesto rubro son Guanajuato, la Ciudad de México, Michoacán, Jalisco, Chihuahua, Zacatecas y Guerrero, aunque estas dos últimas, solo figuran en los primeros 5 lugares en un año, cada una.

No obstante, de las cinco, Zacatecas es la única que participa en el programa de seguridad escolar, mientras que el resto de los estados que registran los más altos indicadores de violencia fatal para menores, incluyendo Chihuahua, siguen dormidos en sus laureles, ignorando la emergencia.

Aunque la medida preventiva no es nueva, sí es la primera vez que se lleva a la práctica en las aulas de los seis estados antes mencionados, por la simple razón de que los padres de familia ven que el nivel de peligrosidad por ataques del crimen organizado a la población civil aumentó.

El parteaguas de esta activación ciudadana y gubernamental en esos estados, fue, sin duda, lo ocurrido primero el 20 de junio en Cerocahui, donde un asesino entró hasta el templo a dar muerte a sacerdotes y a un guía de turistas.

Después, los atentados terroristas en Guanajuato, Jalisco, Chihuahua, Baja California Norte y Colima, fueron la gota que derramó el vaso y prendió los focos rojos para preocuparse y ocuparse por los niños en las escuelas.

Esa es la razón por la que padres de familia y autoridades escolares reaccionaron en esas entidades, preparándose para lo que no quieren que llegue, pero temen que tarde o temprano pueda ocurrir, ante la ineficiencia policiaca y militar frente a la ferocidad del crimen organizado.

El antecedente más reciente de una medida preventiva de esta naturaleza, se dio en el 2012, cuando la Secretaría de Educación Pública, a través del programa Escuela Segura, editó y publicó el Manual de Seguridad Escolar, que se distribuyó en todos los planteles de educación básica del país, pero que nunca se puso en práctica como tal.

En aquellos años, la SEP fundamentó la elaboración del Manual diciendo que, “por la inseguridad que enfrenta nuestro país, las escuelas de educación básica siguen siendo uno de los espacios más seguros con que cuenta la sociedad, donde las niñas, los niños y los jóvenes crecen y se desarrollan física, emocional y socialmente. Para asegurar que así continúen, las autoridades de los tres órdenes de gobierno se han propuesto reforzar la seguridad y la cultura de la prevención en las escuelas, con la participación del personal directivo, docente, alumnos, madres y padres de familia”(sic).

Entre los lineamientos que establece el manual, ante situaciones críticas derivadas de la inseguridad, propone acciones para hacer frente a rumores de balaceras o de hechos de violencia en el entorno escolar, otro tipo de actos violentos, presencia de armas en el plantel, amenazas y extorsión, riesgo de explosivos y consumo de drogas intramuros.

El importante documento, de 80 páginas, incluye también ejercicios de mapa de riesgos y manejo de crisis, para atender el estado emocional de los alumnos, maestros y padres de familia. A pesar de que fue elaborado hace 10 años, no ha perdido vigencia, pues sus recomendaciones tienen ahora más aplicación que nunca.

Aunque se trata de procedimientos preventivos básicos, que deberían conocer tanto padres de familia como alumnos, aún existe resistencia de ciudadanos y entes del Gobierno, que piensan que se está exagerando la situación, llevando al extremo las medidas, porque en México no han ocurrido eventos trágicos como las masacres en las escuelas públicas de los Estados Unidos.

Ciertamente que en nuestro país no hemos vivido los tiroteos registrados en la escuela preparatoria de Columbine, Colorado en 1999, en la escuela Primaria Sandy Hook en Connecticut en el 2012, en la preparatoria de Santa Fe en 2018, en la de Douglas, Florida de 2018 y en la primaria Robb de Uvalde, Texas, este año.

Sin embargo, todos los días padecemos los asesinatos en las calles, a todas horas del día, en todos los sectores y en muchos casos, muy cerca de las escuelas, donde los sonidos de los disparos producen pánico en estudiantes y maestros, porque existe el riesgo de que una bala perdida penetre las paredes y pueda lesionarlos o matarlos.

Allá, los crímenes en las escuelas los cometen supremacistas, racistas, ultraderechistas y sujetos enajenados de las armas. Acá, los realizan sicarios del crimen organizado que no tienen una motivación ideológica ni religiosa, sino económica y de poder, para imponerse a sus enemigos, cueste lo que cueste y tope donde tope.

La única coincidencia de lo que pasa en la Unión Americana y lo ocurre en las calles de México, es que los criminales se llevan las vidas de muchos inocentes.

Eso es lo que buscan proteger en Morelos, Sonora, Zacatecas, Baja California Sur, Puebla y Oaxaca, y lo que pretendía hacer con el manual olvidado de la SEP.

Si la norma oficial mexicana obliga a escuelas, guarderías, hospitales, hospicios, asilos y toda clase de institución pública, a la práctica periódica de simulacros para salir a salvo en casos de terremotos, inundaciones, incendios y otra clase de desastres, ¿cuál es la razón por la que no se hace obligatoria la implementación del manual de seguridad en todos los estados?

Dirán que esos simulacros son para reaccionar en los siniestros impredecibles, que provoca la naturaleza, y es cierto, pero son más peligrosos los que provoca la naturaleza humana que está demostrando que no tiene límites, para causar daño, aunque sean previsibles.

Nuestras lentas y lerdas autoridades, ¿estarán esperando a que ocurra el primer atentado en una escuela para tomar medidas, como suele ocurrir en todas las tragedias y catástrofes donde la seguridad pública falla?

¿O seguirán el camino más fácil de las ocurrencias, para añadir a la recomendación de abrazos no balazos, la compra y distribución de mochilas blindadas, que las firmas Amazon y eBay ya ofertan, a 180 dólares la pieza, hasta con personajes de historietas?

Qué triste que se llegue a medidas extremas para mantener a salvo a nuestros hijos, pero qué vergüenza que los que cobran por hacer respetar la ley, se hayan rendido y entregado el territorio nacional a los bandidos.