Con la nueva administración del Cereso número 3, a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, comienzan a salir a la luz pública las primeras irregularidades denunciadas por los mismos internos y sus parientes, en las redes sociales, donde se quejan de que, mediante el pago de sus respectivas cuotas, están permitiendo las visitas conyugales, pero no de las esposas, sino de internas del Cereso Femenil 2.

En los comentarios vertidos por mujeres en grupos de conversación digital, revelan que cuando el control de los penales quedó en manos de la Policía Estatal, pensaron que las cosas iban a ser derechas, y las esposas podrían visitar a sus maridos internos los sábados, como regularmente ocurría antes de la masacre del primero de enero, protagonizada por Los Mexicles.

Sin embargo, dicen que, nel, lo que pasó fue que a las esposas les dan chance de ver a sus maridos cada 15 días, mientras que quien tiene dinero para pagar los servicios de las internas del reclusorio femenil anexo, lo pueden hacer hasta dos veces por semana.

O sea, están denunciando con pelos y señales la prostitución de las internas que, por necesidad aceptan vender sus caricias al mejor postor, con los internos que tienen recursos para pagar.

Para los que nos preguntábamos de donde obtendrían el dinero los reclusos para comprar esos servicios, pues resulta y resalta, que entre los privilegios que ya le permiten a la población carcelaria, es que cada interno tiene derecho a recibir semanalmente de sus parientes hasta mil 700 pesos, que, multiplicados por 4 mil individuos, dan la suma de 6 millones 800 mil pesos, para que puedan comprar sus chuchulucos y pagar los “servicios” de las reclusas.

Fuentes mironianas aseguran que esta facilidad no es gratis, sino que cada interno que la ejerce tiene que ponerse la del Puebla y pagar una cuota de 200 pesos para los jefes, que si la pagaran los 4 mil internos, haría una jugosa polla de 800 mil pesos semanales.

Nada mal para un penal, donde supuestamente se terminó el autogobierno y ahora está bajo control, sin corruptelas ni privilegios…

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Auspiciada por las organizaciones civiles Poder Ciudadano MX y Misión Rescate México, ayer se presentó en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UACH, el polémico libro La Rebelión de la Clase Media, y este viernes se hará lo propio en dos eventos de la capital del Estado; en la Facultad de Derecho y en un centro pastoral de la iglesia católica.

La presentación del libro está a cargo de los autores jaliscienses Guillermo Velasco Barrera y Rodrigo Solá Villalobos, quienes sostienen en su obra que, el populismo autoritario que enfrenta México con el Gobierno de López Obrador, es un riesgo para la democracia por el constante ataque a las instituciones.

Aunque los autores describen su obra como un manual para salvar a México, afirman que no es un manual contra Morena, o contra el jefe de la nación, sino que llama a la participación ciudadana en momentos coyunturales, cuando el país no va por el rumbo adecuado.

Está enfocado en la clase media, porque esta ha jugado un papel determinante en la alternancia del poder y en los cambios democráticos del país, sostienen los autores.

La gira de los autores la han promovido organizaciones civiles como Ciudadanía Activa, Poder Ciudadano Mx, Diálogos por la Democracia, Coparmex, Misión Rescate México, el Frente Cívico Nacional, UNE, Ciudadanía por Coahuila, y Va Por Todos México.

En la capital del estado se presentará este día, primero en la facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua, promovido por Diálogos por la Democracia y México Unido, y posteriormente se hará el centro pastoral de la parroquia Santa María Reina, auspiciado por la Comisión Diocesana de Laicos.

Vale destacar que todas estas organizaciones son activas opositoras de la Cuarta Transformación de Morena, y han participado en la organización de las multitudinarias marchas que se han realizado en todo el país, pero principalmente en la capital federal, en defensa del INE.

Contra lo que pudiera pensarse por el sugerente título, el libro La Rebelión de la Clase Media no es una convocatoria a la sedición y mucho menos a la revolución, sino como afirman sus autores, pretende ser una simple herramienta práctica, que brinde a los ciudadanos herramientas para que participe en política y no se quede como simple espectador. ¿Será?

Por lo pronto su difusión y presencia en Chihuahua ha despertado mucha expectación, y cuando menos les augura un éxito en las ventas.

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Si don Quijote de la Mancha tuviera una personificación femenina esa sería sin duda, la diputada federal Daniela Álvarez, quien se caracteriza últimamente por andar de Alma de mi Barrio, echándole pleito a todo aquel abusón que se le atraviese.

Para la güerita, no hay causa ni villano pequeño, por eso mismo un día lucha contra personajes de alto nivel, como contra el ratero de la vecindad.

Personajes como el mismísimo secretario de Gobernación Adán Augusto López, han sentido en carne propia las zarandeadas de Álvarez, quien le reclamó que no se cuelgue de, –lo que dice la diputada de Acción Nacional–, han sido sus batallas, como lo es el pedir a la Comisión Federal de Electricidad que baje las tarifas para el estado de Chihuahua.

Ahora, como buena heroína de las masas, Daniela se ha movilizado hasta a Profeco dizque para interponer senda denuncia para exigir presencia de inspectores esa dependencia federal por los altos cobros en la Feria, y deje usted los jueguitos para las criaturas, ¡por los precios de las chelas!

Así como lo lee, mi estimado lector, Dani puso el grito en el cielo a nombre de la sociedad de bebedores sociales en eventos masivos, al reclamar desde su ronco pecho que es injusto que un seis de birria, chela o cerveza, como le quiera usted llamar, cuesta en la Feria 560 pesos, y por que una sola cuesta más de cien pesos, ¡pos qué se creen, ni que fuera uno diputado para andar gastando esas cantidades por unas cerveza!

El pasado miércoles que acudió a Profeco, además de los altos cobros por la bebida y alimentos, también denunció que el caro servicio de estacionamiento por el que se cobra 40 pesos y hasta 50 pesos.

Que se agarren los parqueros, la güera ya anunció que va a hacer un operativo individual para agarrarlos en la movida por andar cobrando en espacios que son públicos y donde a la mera hora nadie se hace responsable de los daños y/o robos.

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Al diputado morenista Gustavo “El Pichú” de la Rosa, le salió su verdadero espíritu trotskista con una iniciativa que pretende la expropiación de viviendas y terrenos abandonados, o sin uso, para entregarlos a familias que no tienen una casa para vivir.

La peligrosa ocurrencia del abogado laboralista, que disfrazó como propuesta legislativa para la creación de la “Ley Especial de Legalización de Viviendas y Terrenos de Asentamientos Urbanos y Periurbanos para el Estado de Chihuahua”, pretende dar techo ajeno a quien carece de recursos para rentar o comprar.

Aunque el burdo pretexto del Pichú es abatir el alto número de casas abandonadas, en las grandes ciudades del estado, como Juárez, su iniciativa constituye un atentado a la propiedad privada y contra el patrimonio de las personas, que contempla y protege la Constitución Mexicana en su artículo 27.

Afirma el legislador que las actuales disposiciones en la materia que contempla el Código Civil, son obsoletas, pues datan del año 1974, pero olvida que el principio de supremacía constitucional establece, que ninguna ley o acto de autoridad está por encima de los derechos y garantías fundamentales, consagrados en la Constitución.

Ahora que, si sigue la regla de los morenistas radicales, que interpretan la Constitución a su muy particular conveniencia, entonces ese principio le valdrá un soberano cacahuate, aunque aún falta que su puntada sea aprobada y enviada a comisiones, donde seguramente les darán palo a las primeras de cambio.

Para que no quedara duda del fondo de su comunista iniciativa, el Pichú expresó en su documento, dos características de esa ley especial en vivienda, en el sentido de que, si se realizan mejoras a los inmuebles por parte de los inquilinos incómodos, estos tendrán la opción de comprar al valor catastral y no podrán ser desalojados sin mandamiento judicial, y hasta que exista una sentencia ejecutoria en contra.  

¿Cómo la ven, con las importadas políticas bolivarianas que pretenden implantarnos como leyes modernas?